Este jueves, un día antes de que el exministro Jorge Fernández Díaz acuda a la Audiencia Nacional a declarar por la Operación Kitchen, Francisco Martínez ha desfilado por el mismo camino que el viernes recorrerá su antiguo jefe. Es su hora. La de un ex secretario de Estado de Seguridad que se siente abandonado por su partido y por su superior; que guardaba unos mensajes de móvil que señalan a miembros del antiguo Gobierno de Mariano Rajoy; y que ya ha amenazado con contar al juez todo lo que sabe sobre la presunta trama parapolicial urdida en la cúpula de Interior para espiar en 2013 al extesorero Luis Bárcenas con el objetivo de arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del PP. La cita era a las 9.30. Y sabe que todos lo miran.
Aunque esta no es la primera vez que Martínez comparece en la Audiencia Nacional como imputado para declarar por Kitchen. Ya acudió el pasado 24 de enero, pero entonces la causa estaba secreta y esgrimió esa circunstancia para acogerse a su derecho a no declarar. El silencio fue su escudo aquel día. Pero este jueves, sin embargo, es diferente. Todas las partes, acusaciones y defensas, incluida la suya, han tenido acceso al sumario y, sobre todo, se han incorporado a él los mensajes que intercambió con Jorge Fernández Díaz sobre aquel operativo ilegal.
Martínez, que fue el número dos de Interior entre enero de 2013 y noviembre de 2016, puede volver a callar. Sin embargo, en una conversación con periodistas de EL PAÍS se mostró dispuesto a colaborar con la justicia: “Voy a contarle al juez todo lo que sé”. El propio juez Manuel García Castellón se hizo eco de esta disposición en el auto dictado el pasado 18 de septiembre por el que le citaba para este jueves al referirse a “sus manifestaciones ante los medios de comunicación que recientemente se han publicado”. La pregunta es cómo lo hará y con qué consecuencias.
Martínez fue imputado a comienzos de 2020 después de que uno de los principales implicados en la causa, el comisario Enrique García Castaño, apodado El Gordo y responsable de la unidad policial encargada de hacer seguimientos en casos de terrorismo y delincuencia organizada, asegurara ante el juez que fue el entonces número dos de Interior quien, en 2013, justo después de estallar el escándalo de la caja b del PP recogida en los llamados papeles de Bárcenas, le encargó participar en el espionaje a Bárcenas con un objetivo muy concreto: arrebatarle aquella documentación comprometedora para el PP y sus dirigentes que el extesorero aún pudiera guardar.
García Castaño fue prolijo en detalles y aseguró que, cuando consiguió hacerse con unos teléfonos de Bárcenas y acceder a su contenido, toda esa documentación la volcó en un pendrive que llevó en persona a Martínez, a su despacho, para que la pudiera consultarla en un ordenador portátil comprado solo para ello con fondos reservados. Otro alto mando policial imputado, el comisario Eugenio Pino, entonces número dos de la Policía Nacional y señalado como el muñidor de la brigada patriótica —el grupo de policías surgido en la etapa de Fernández Díaz al frente del Interior para recabar información sobre los rivales políticos del PP—, también le señaló al afirmar que los gastos de los fondos reservados los autorizaba en persona el entonces secretario de Estado de Seguridad. Entre ellos, los que se destinaron para pagar al chófer de Bárcenas: 2.000 euros al mes por facilitarles información sobre el extesorero y su familia.
Todo ello desembocó en su primera comparecencia como imputado, la del pasado enero, cuando Martínez decidió callar. La investigación posterior ha revelado que, ya en aquel momento, Martínez se sentía abandonado por su partido tras haberle sacado de las listas electorales. Pero también creía haber sido traicionado por el que había su jefe, Fernández Díaz. Decidió entonces dejar constancia notarial de los mensajes que implicaban directamente a este, que tendrá que declarar como imputado este viernes. Aquellos mensajes terminaron llegando a manos de los investigadores gracias al comisario García Castaño, que ha decidido colaborar en las pesquisas.
Como recoge el sumario, el contenido del móvil también incluye mensajes con amigos y colaboradores que suenan a desahogo. “Tú sabes que me han utilizado vilmente. […] Yo lo único que hice fue trabajar. Con un enorme coste personal y familiar. Y ahora esto”, le dice a un juez amigo, el actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. A una colaboradora le describe gráficamente lo que fueron aquellos años el ministerio: “Estuvimos en una piscina de tiburones”.
También hay referencias al expresidente Rajoy. La víspera de su declaración de enero, el antiguo número dos de Interior contactó con Silverio Nieto, sacerdote e íntimo de Fernández Díaz, y le reconoce que las actas notariales que ha levantado con los mensajes que intercambió con el ministro “necesariamente conllevaran la citación de Jorge y probablemente de Rajoy”. “Desde luego nada más lejos de mi deseo”, aclaraba en lo que sonaba como un aviso a navegantes. En otra conversación, esta con el comisario García Castaño, le sugiere un posible acuerdo entre abogados y va un paso más allá: “Evidentemente yo me defenderé con todos los argumentos y la pieza seguirá creciendo porque llamarán a Jorge (cómo mínimo)”. De su declaración de este jueves depende en buena parte que la causa sigue “creciendo”.
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