Walter (nombre ficticio) procede de El Salvador, es peluquero y es gay. En su país sobrevivió a un intento de asesinato de las maras, que le golpearon y acuchillaron. “Lo perdí todo. Pero estoy vivo”. Huyó de su país y llegó a México, donde cruzó el desierto de Sonora. Pasó mucho miedo. Se entregó a la patrulla fronteriza en Estados Unidos y solicitó asilo. A pesar de contarles su caso y enseñarles las cicatrices, los agentes le expulsaron a México. Su sueño es llegar a EE UU y abrir un salón de belleza.
Luisa (no es su nombre real) y su hijo de 10 años vienen del Estado de Guanajato, México. Huyeron con lo puesto de un marido y padre que les maltrató durante 12 años. En los días siguientes a su huida, asesinaron a un familiar. Luisa cree que se trata de una venganza de su esposo, relacionado con el crimen organizado. Tiene mucho miedo y se siente insegura en México. Sueña con que le concedan asilo en Estados Unidos junto a su hijo y comenzar una nueva vida libre de violencia.
Rita (nombre ficticio) tiene 30 años y viene de Nicaragua, donde se significó en contra de las políticas de su Gobierno, con el consiguiente peligro de ser encarcelada. Huyó a México, cruzó la frontera de Estados Unidos, se entregó a la patrulla, pero la devolvieron a Nogales. En el trayecto a México sufrió intentos de abuso en dos ocasiones. Quiere solicitar asilo en EE UU.
Escribo estas líneas desde Nogales, México. En la misma frontera con Estados Unidos –uno de los puntos calientes migratorios del planeta– la iniciativa con la que colaboro, acompaña a migrantes de manera integral, les ofrece diversos servicios (albergue, comedor, ropería, consultorios laborales, psicológicos y médicos) y, en colaboración con otras organizaciones, les orienta desde el punto de vista legal. También trata de influir en las políticas públicas de México y de Estados Unidos para que sean más justas y humanas con las personas migrantes forzosas.
Según datos de Human Rights First, más de 10.000 personas han sufrido “secuestros, asesinatos, torturas, violaciones y otros ataques violentos” tras ser expulsadas a México
Desafortunadamente, la posibilidad de que Walter, Luisa, Rita o tantas otras personas migrantes forzosas que huyen de sus lugares de origen por la violencia del crimen organizado, la de género o la persecución política obtengan protección internacional en Estados Unidos es, hoy por hoy, extraordinariamente limitada.
En los últimos años, las políticas de la Administración Trump han impedido la protección internacional y vulnerado el derecho al asilo. En virtud del Programa para la Protección del Migrante, también llamado Quédate en México, los solicitantes de asilo debían esperar en dicho país a que se dilucidara su solicitud. El programa ha propiciado la expulsión de numerosas personas, en su mayoría, procedentes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, y las ha puesto en grave peligro, tal y como señala la organización Human Rights First, que documenta más de 1.500 ataques y secuestros en las ciudades fronterizas mexicanas. Afortunadamente, el 8 de agosto, la Administración Biden anunció la finalización del programa Quédate en México.
Pero la protección internacional y el derecho al asilo siguen siendo vulnerados en virtud del llamado Título 42, la legislación puesta en marcha en 2020 que cerró las fronteras para evitar la expansión del virus de la covid-19, pero que hoy impide a las personas migrantes forzosas solicitar protección internacional, salvo contadísimas excepciones. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anunció el pasado 1 de abril su intención de terminar con el Título 42 a partir del 23 de mayo de 2022, al considerar que los números de contagios de coronavirus ya no justificaban la necesidad de mantener esta política. Sin embargo, Arizona, Luisiana y Misuri demandaron al CDC ante la corte de distrito de Luisiana con la intención de mantener el Título 42 (posteriormente, otros Estados republicanos se unieron a la demanda). El juez de distrito falló en favor de los demandantes, por lo que el Título 42 continúa vigente.
Los puertos de entrada a Estados Unidos están cerrados y las personas migrantes que consiguen cruzar la frontera son expulsadas sin que se considere su solicitud de asilo. El Título 42 ha propiciado la expulsión de dos millones de personas a México, Haití, Guatemala, Honduras y El Salvador, entre otros países. Según datos recopilados por Human Rights First, tras negarles la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos, más de 10.000 personas han sufrido “secuestros, asesinatos, torturas, violaciones y otros ataques violentos” tras ser expulsadas a México.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos, entre las que se encuentra la Iniciativa Kino para la Frontera, exigen a los gobiernos de Estados Unidos y de México la apertura de vías legales y seguras, promover el acceso a la protección y a la seguridad de personas migrantes forzosas en México y restablecer el derecho al asilo, eliminando el Título 42. Asimismo, las organizaciones sociales insisten en un trato y políticas humanas para las personas migrantes, denunciando los numerosos abusos y violaciones de derechos por parte de las autoridades (tales como maltrato, confiscación de pertenencias sin devolución, deportaciones nocturnas, incluso de menores…). Además, dado que muchas personas migrantes forzosas están varadas en las ciudades fronterizas, se aboga por crear una cultura de la hospitalidad en dichas ciudades, para que las personas migrantes forzosas puedan acceder, sin discriminación, a servicios de salud, educación, trabajo u otros derechos y vivir con dignidad y seguridad.
Mientras tanto, William, Luisa y Rita, como tantas otras personas, siguen esperando que se resuelva su situación y poder cruzar a Estados Unidos para comenzar una nueva vida. Ojalá lo consigan.
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