Celebrar el juicio al expresidente Donald Trump por los papeles clasificados de Mar-A-Lago a partir del 14 de agosto no es un objetivo realista, según Jack Smith, el fiscal especial encargado del caso. Smith ha pedido este viernes a la jueza Aileen Cannon, encargada del caso, que retrase el juicio hasta diciembre. En su opinión, las diligencias necesarias antes de la apertura del juicio oral llevarán varios meses.
El fiscal ha realizado su petición ante la jueza junto a otras mociones. Solicita que se agende el juicio para el 11 de diciembre próximo, principalmente porque parte de las pruebas son documentos clasificados y hace falta un permiso especial para acceder a ellos. Ese proceso de acreditación lleva tiempo, que el fiscal calcula entre 45 y 60 días. Solo con eso ya prácticamente se consumiría el plazo que había fijado la jueza, sin dejar tiempo al planteamiento de otras cuestiones previas.
La fecha del 14 de agosto ya era solo meramente indicativa. La jueza Cannon, nombrada por el propio Trump, acostumbra a fijar de forma agresiva una fecha y luego la retrasa según sea necesario. Si el juicio se posterga, tendrá lugar más cerca de las elecciones primarias con que el Partido Republicano elegirá su candidato a las elecciones presidenciales de 2024. Trump parte como favorito en su partido y que se concentran en el primer trimestre del año próximo.
El fiscal acusa a Trump de 37 cargos, 31 de ellos por retención ilegal de documentos sensibles para la defensa nacional, otros de obstrucción a la justicia, conspiración y falsedad.
Junto a la petición de retrasar el juicio, el fiscal Smith pide a la jueza que establezca las reglas relativas a las pruebas que están clasificadas, es decir, cómo pueden admitirse y usarse en el juicio y qué acceso puede darse a los abogados de Trump. Algunos de los documentos tratan de capacidades militares, incluidas nucleares, de terceros países, otros de operaciones estadounidenses, alguno del propio arsenal nuclear de Estados Unidos, según la somera descripción incluida en el pliego de cargos. Su contenido exacto, sin embargo, se desconoce. El fiscal también solicita que se mantenga en secreto la lista de testigos con los que solicita que se prohíba hablar a Donald Trump, salvo a través de los abogados.
Por otro lado, si se retrasa el juicio por los papeles de Mar-A-Lago ya no habrá riesgo de que la fecha se superponga con una nueva posible imputación de Trump en Atlanta por la interferencia electoral en las presidenciales de 2020 en el Estado de Georgia. En lo que parecía un preanuncio de una posible imputación, Fani Willis, la fiscal del condado de Fulton, envió el mes pasado una carta al juez jefe del Tribunal Superior del condado indicando que planea que gran parte de su personal trabaje a distancia la mayoría de los días durante las tres primeras semanas de agosto y pidiendo que los jueces no programen juicios y vistas en persona durante parte de ese tiempo.
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En paralelo, el fiscal especial Smith continúa investigando los intentos de Trump de aferrarse al poder y evitar la certificación de la clara victoria que logró Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, en las que sacó al expresidente una diferencia de siete millones de votos populares y se impuso por 306 a 232 delegados o votos electorales.
Smith investiga los intentos de Trump de crear grupos de delegados que le apoyasen y que representasen a Estados en los que había perdido las elecciones por menos margen, como Georgia, Arizona, Michigan y Nevada, desplazando a los legítimamente elegidos. La prensa local ha desvelado que la oficina del fiscal está en contacto con Michael Roman, uno de los responsables de la campaña de Trump de 2020, para que declare voluntariamente en el caso, posiblemente a cambio de inmunidad cuando menos parcial.
El fiscal ya ha presentado pruebas y testimonios ante el gran jurado acerca del plan para crear esas listas de falsos electores que sustituyesen a los legítimos. El objetivo era subvertir el resultado electoral para evitar que el 6 de enero de 2021 el Congreso certificase el triunfo de Biden y bloquear de ese modo el traspaso de poder. La negativa de Trump a aceptar su clara derrota está en el origen del asalto al Capitolio de ese día.
La comisión de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio recomendó juzgar a Trump por cuatro delitos: incitación a una insurrección, conspiración para emitir un falso testimonio y para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, la votación para certificar el triunfo de Biden.
El FBI lleva más de un año investigando el plan de las falsas listas de electores. Como parte de la investigación judicial, han sido interrogados ante el gran jurado personas muy cercanas a Trump, incluido su vicepresidente, Mike Pence; su jefe de gabinete, Mark Meadows, y el que era responsable jurídico de la Casa Blanca, Pat Cipollone. Pence logró evitar declarar acerca de sus actuaciones del día del asalto al Capitolio. Al ser citado, alegó que el 6 de enero estaba ejerciendo su papel de presidente del Senado y que obligarle a declarar violaba la llamada “cláusula de expresión o de debate” que protege a los congresistas de dar cuenta de sus actuaciones parlamentarias.
El gran jurado sirve de órgano auxiliar y de control en las investigaciones de la Fiscalía. Aprueba citaciones, requerimientos e imputaciones. No tiene que decidir sobre culpabilidad o inocencia, solo concluir si hay indicios suficientes de delito. Las declaraciones y deliberaciones se realizan a puerta cerrada. A diferencia de los jurados de los juicios que escuchan a la acusación y la defensa, los grandes jurados solo atienden a las pruebas y testimonios propuestos por el fiscal, lo que le concede una clara ventaja.
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