TAMPA, Florida – El Gobierno de Florida anunció este jueves que ha interpuesto una demanda contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por obligar a todos los empleados y contratistas del Gobierno federal a que se vacunen contra COVID-19 antes del 8 de diciembre.
En rueda de prensa, el gobernador Ron DeSantis, señaló que la orden federal es “ilegal” y una “extralimitación” que en el caso de Florida interfiere con las políticas de empleo y en general con la economía estatal.
“Lo que hace Biden es inconstitucional”, dijo DeSantis sobre la obligación de la Administración federal, al considerarla “una opción personal” que ha puesto en riesgo el trabajo de miles de personas.
“El Gobierno federal está excediendo su poder y es importante para nosotros tomar una posición porque en Florida creemos que estas son opciones basadas en circunstancias individuales”, manifestó DeSantis, quien mediante decreto ejecutivo ha prohibido a las empresas en este estado exigir pruebas de vacunación.
La demanda anunciada también por la fiscal estatal, Ashley Moody, se produce después de que 21 fiscales estatales y republicanos enviaran una carta al presidente Biden en la que criticaron la obligación de vacunas a los empleados y contratistas federales, lo que podría incluso afectar la cadena de suministro.
La demanda es un nuevo capítulo en el pulso que mantienen la Administración federal y el gobernador DeSantis, que también ha prohibido que se impongan en las escuelas el uso de las mascarillas como medida de prevención y ha dejado la palabra final en este punto a los padres de familia.
Días atrás, DeSantis prometió firmar una medida que ofrezca un bono de 5,000 dólares a los oficiales de Policía de fuera del estado y en riesgo de perder su trabajo a causa de la obligatoriedad de vacunarse.
Para policías y funcionarios de ciudades como Nueva York o Chicago es obligatoria la vacuna contra COVID-19, que es la medida de prevención más eficaz contra la enfermedad, de acuerdo con los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU.
EL GOBIERNO INTERPONE UNA QUEJA LEGAL
El Departamento federal de Educación interpuso este jueves una queja ante un juez administrativo con el fin de impedir que las autoridades estatales bloqueen la entrega de fondos a los distritos escolares de Alachua y Broward, que, en contra de los dispuesto por el gobernador, obligaron al uso obligatorio de mascarillas.
El gobierno de Biden envió a los distritos escolares de Alachua y Broward 148,000 y 421,000 dólares, respectivamente, a modo de compensación por haber impuesto el uso de mascarillas para prevenir la propagación del COVID-19 en los centros educativos locales, medidas por las que les fueron bloqueados fondos estatales.
La queja se da un día después de que el Departamento de Educación de Florida empezará a congelar nuevos fondos estatales a ambos condados, por cantidades equivalentes a lo entregado por la Administración federal, que considera que dicha acción va en contra de leyes federales.
Días atrás, un alto funcionario federal advirtió a Richard Corcoran, el comisionado estatal de Educación, que intervendrán si Florida iba adelante con su plan de impedir la entrega de fondos a los dos distritos escolares, como finalmente empezó a ocurrir el miércoles.
Según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Florida contabiliza un total de 3,635,103 casos confirmados por coronavirus y 58,803 muertes asociadas a la pandemia desde su comienzo en marzo de 2020, el tercer estado del país con mayor número de infecciones y decesos.
No obstante, Florida registró 15,314 nuevos casos de COVID-19 en la semana del 15 al 21 de octubre, la cifra más baja semanal desde mediados de junio pasado, y suma ocho semanas consecutivas en descenso de infecciones.
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