El Gobierno admite que el recibo de la luz que pagan los 10 millones de hogares sometidos a la tarifa regulada eléctrica (PVPC o precio voluntario para el pequeño consumidor) se incrementará en 2021 un 25,8%: llegará hasta los 644 euros anuales frente a los 512 euros que abonaron de promedio en el ejercicio anterior. Pese a esta escalada de precios que, según todas las previsiones, va a continuar, el Ejecutivo ha declarado que no intervendrá los precios finales de la electricidad que paga el consumidor a través de la fijación de topes máximos ni modificará el sistema de pool con el que se fijan los precios mayoristas de la electricidad.
Así lo ha desvelado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparecencia en la tarde del lunes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de esta espiral alcista en el precio de la electricidad, cuyo coste mayorista batió este lunes un récord (124,45 euros por megavatio hora), que mañana se volverá a pulverizar hasta alcanzar los 130,53 euros.
Pese a ese incremento, Ribera dejó claras una serie de líneas rojas que no está dispuesta a traspasar, como le pide su socio de Gobierno Unidas Podemos, otros grupos políticos de oposición y organizaciones de consumidores. No intervendrá los precios finales que paga el consumidor; no impondrá precios máximos ni mínimos; no modificará el sistema de subastas para fijar el precio mayorista ni su mecanismo de precios marginales; y no discriminará regulatoriamente ningún tipo de energía (nuclear e hidroeléctrica, en particular) porque eso supondría vulnerar las normas europeas.
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“Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Es lo peor que se puede hacer. No hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido productivo de un país que adoptar medidas frontalmente contrarias al marco comunitario; eso acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país y en multas y sanciones más intereses, a veces en ámbito comunitario, o como recientemente ha ocurrido con el canon hidráulico (modificado en la etapa de gobierno del PP por el ministro José Manuel Soria en 2012), con sentencias que nos obligan a devolver 1.400 millones a las hidroeléctricas”, ha advertido la vicepresidenta en alusión a la petición de Unidas Podemos de que se fijen precios máximos.
La vicepresidenta aseguró que trabaja para limitar la variabilidad de la tarifa regulada PVPC. Esta medida pasa “por integrar en parte una cesta de indicadores más estables”, aseguró. La ministra enfatizó que los precios mayoristas de la electricidad —que se han triplicado respecto a los de hace un año— solo son una parte del recibo (alrededor del 24%), por lo que su alza no se traslada directamente al recibo. Por todo ello, pidió no recurrir a alarmismos. Además, aseguró que, pese a los últimos incrementos, la tarifa regulada sigue siendo un 20% más barata que la libre (la que fijan libremente las compañías con los clientes que la contratan).
Acusación a las eléctricas y creación de una comisión
No obstante, acusó a las eléctricas de haber demostrado “escasa empatía social” en este periodo de incremento continuo de los precios, y advirtió, en expresa referencia a las hidroeléctricas, a las que se ha acusado del desembalse masivo de los pantanos buscando precios mayores de la electricidad, de que aplicará el artículo 55 de la Ley de Aguas, que permite a las cuencas hidrográficas regular el caudal de los ríos para evitar prácticas contrarias al medioambiente. Por el momento, solo ha abierto un expediente informativo a Iberdrola por el vaciado de la central zamorana de Ricobayo.
La ministra ha señalado que la energía hidroeléctrica, pese a ser una de las más baratas, ha fijado el precio de la luz en el 65% de las ocasiones durante junio, el 64% en julio y el 59% en agosto, con prácticas como el vaciado de los embalses para obtener más beneficios. “No han mostrado ninguna empatía social, y la empatía cotiza en bolsa”, ha advertido Ribera, quien ha admitido, sin embargo, forma parte de las condiciones de la concesión.
Ribera reiteró las dos medidas estructurales que tiene el Gobierno sobre la mesa para abaratar la factura en torno al 15% en los próximos años. La primera es una fórmula para reducir los llamados windfall profits ―beneficios caídos del cielo― que reciben las centrales no contaminantes, principalmente nuclear e hidráulica, por el encarecimiento del CO₂.
La segunda es la creación de un fondo (Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o FNSSE) para sacar del recibo en los próximos cinco años el coste de las primas a las renovables, y repartirlo entre todos los comercializadores energéticos, incluidos los de gas e hidrocarburos. La fórmula elegida para impulsar ambas medidas, el proyecto de ley, retrasará sin embargo su entrada en vigor, y ha hecho que salten chispas entre los socios del Gobierno: Unidas Podemos ha reclamado al PSOE que acelere su tramitación vía decreto.
Además, Ribera también apoya la propuesta de crear una comisión en el Congreso para estudiar las causas de las constantes subidas del precio de la luz, una idea que hace una semana plantearon Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias.
Reacciones de IU y PP
La reacción más esperada a la intervención de la ministra era la de Unidas Podemos, un grupo que lleva clamando semanas por la adopción de medidas más duras como la creación de una compañía eléctrica pública, la fijación de precios máximos o la imposición de un régimen distinto para las energía nuclear e hidroeléctrica. Sin embargo, su representante, el diputado Txema Guijarro no estuvo especialmente beligerante esta tarde con Ribera y prefirió culpar al “poderoso lobby eléctrico” que, según él, se levanta todas las mañanas para trabajar por aumentar el beneficio de las compañías, y al que no importa la “responsabilidad social” que les pide el Gobierno.
A la ministra, a quien dio varios veces la razón, solo le reprochó que, frente a su criterio, el marco regulatorio europeo sí permite limitar el precio de la energía nuclear o crear una empresa pública de energía, pero aclaró que su formación no quiere “piratear” el sistema europeo “sino transformarlo”, y usar la legislación comunitaria para adoptar iniciativas que frenen el alza de la tarifa eléctrica. “El marco europeo no impide regular el precio de la nuclear, y la República de Francia va por ese camino. También permite la fundación de una empresa pública de energía, que ya funciona en Francia o Italia”, señaló Guijarro.
Mucho más contundente ha sido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien, al margen de la comisión donde se ha producido la comparecencia, ha dicho que “lo que propone la vicepresidenta es lo mismo que hace unos días proponía el oligopolio eléctrico por lo que es difícil de creer que pueda servir para bajar la factura”. ”Nunca dicen bajar, dicen estabilizar. Por supuesto, se puede estabilizar en precios altos”, ha añadido.
Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró que la culpa de la subida de la luz “no la tienen ni el PP, ni Putin, ni los embalses”, porque “la única responsable” es la ministra de Transición Ecológica, a la que acusó de aceptar crear una comisión en el Congreso de los Diputados sobre este problema “porque no sabe qué hacer o porque no quiere hacer nada”.
El problema de la luz, según Egea, es que las soluciones hasta ahora del Gobierno son “que planchemos a las dos de la madrugada, un estatuto del consumidor electrointensivo que llega con retraso de dos años, la minirebaja del IVA o una subasta de renovables que ha tardado tres años en llegar”.
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