Con retraso sobre lo previsto y con menos beneficiarios de lo calculado al principio, el Gobierno ha dado luz verde este martes a la ayuda extraordinaria para los parados que consumieron sus prestaciones o subsidios durante el estado de alarma. La medida que ha salido del Consejo de Ministros consiste en una ayuda de 430 euros mensuales durante tres meses para quienes hubieran agotado su seguro de desempleo entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio, según apuntan en el Ministerio de Trabajo. Bajo estas condiciones, la ayuda llegará a algo más de 250.000 personas.
“La ayuda llega tarde y mal”. Con esta dureza, los sindicatos mayoritarios han criticado la medida aprobada este martes. En su comunicado conjunto, UGT y CC OO hacen referencia al “acuerdo que debía dar cobertura, al menos a 550.000 personas que habían agotado o agotarían sus prestaciones, en principio, hasta el 30 de septiembre”, que adelantó EL PAÍS. Lo que les lleva a hablar de “incumplimiento”.
El enfado sindical llega porque esta fue una demanda suya casi desde el primer momento que estalló la crisis. Su razonamiento es que con el paraguas de ayudas (ERTE, prestaciones para empleadas de hogar…) que se desplegó en los primeros compases de la pandemia había un colectivo que quedaba fuera: los que ya estaban desempleados antes de la crisis y no podían buscar empleo por las restricciones de movilidad y la caída de la economía. Llevaron esa demanda a la negociación de la segunda prórroga de los ERTE y lograron el compromiso del Gobierno de estudiarlo, lo que se incluyó en una disposición adicional.
Este subsidio extraordinario comenzó a negociarse entre Trabajo y los agentes sociales en verano. Las conversaciones avanzaron y en agosto se estaba ultimando un acuerdo -solo faltaba el texto con los detalles, apuntaban entonces fuentes del diálogo social- por el que recibirían las ayudas quienes hubieran agotados sus prestaciones hasta el 30 de septiembre. Esto implicaba que los beneficiarios potenciales llegaban a algo menos de 550.000.
Finalmente la medida ha visto la luz este martes, pero el colectivo se ha reducido considerablemente. Llega a algo más de 250.000, apuntan en Trabajo. Esa reducción sería fruto de las discrepancias que habría entre varios departamentos del Ejecutivo y, de hecho, las mismas fuentes señalan que este martes habría salido adelante por el empeño de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, de que la medida entrara ya en vigor.
Ya hace unas semanas que los sindicatos presionaron con un comunicado conjunto para que el Ejecutivo sacara adelante la ayuda. En él detallaron cómo fueron las negociaciones, algo inusual y que era prueba de su enfado por la demora. De la lectura de esa nota, se deduce que lo finalmente aprobado es la propuesta inicial que hizo el Ejecutivo a los agentes sociales, en la que se daba esa ayuda de 430 euros mensuales durante un trimestre a quienes hubieran agotado las prestaciones hasta el 30 de junio, algo más de lo que duró el estado de alarma.
El coste total de la ayuda ascenderá a una cantidad que oscila entre los 250 y 300 millones, ya que, en principio, solo consta de la paga de 430 euros (el 80% del IPREM) mensuales y no conlleva la cotización a la Seguridad Social por una base del 125% del salario mínimo que sí tienen aparejados otros subsidios.
La ayuda se incluirá en el decreto de apoyos al sector cultural y dará cobertura a un colectivo que tendría muy difícil acceder a otros subsidios como el ingreso mínimo. Para percibir esta ayuda el único requisito que se exigirá será haber acabado la prestación contributiva o el subsidio desde que se aprobó el estado de alarma hasta el 30 de junio.
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