Francia ha abierto un compás de espera tras casi dos semanas de tensión política y social por la reforma de las pensiones. La asistencia a la última manifestación, el martes, fue menor que la semana anterior. Hubo incidentes, pero no se produjo el estallido general que algunos temían. A la espera de que el Tribunal Constitucional decida, el 14 de abril, sobre el futuro de la reforma, el Gobierno y los sindicatos se han citado para la semana próxima, un posible inicio de deshielo tras meses sin diálogo.
La resolución de la crisis, sin embargo, queda lejos. La calma tras varias noches de choques entre manifestantes y policías es frágil.
Por toda Francia se han convocado este jueves nuevas manifestaciones “por las víctimas de las violencias policiales”. Dos hombres de 32 y 34 años, que el sábado participaron en una acción contra una megapiscina en una zona rural, se encuentran en coma. La Justicia examina sendas denuncias por “tentativa de asesinato”.
Los padres de uno de los dos heridos, identificado como Serge, han denunciado también las “trabas a la llegada de los socorros”. Acusan a las fuerzas del orden de impedir el desplazamiento de los servicios de urgencia al terreno donde los hombres se encontraban malheridos.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, sostiene que el terreno era en aquel momento un campo de batalla en el que un grupo de violentos atacaba a los gendarmes, y que fue precisamente un médico de la gendarmería el que acudió a tratar a Serge.
La manifestación no estaba autorizada. La prefectura de la provincia de Deux-Sèvres, donde se ubica la megapiscina, anunció en la víspera que, al registrar coches de manifestantes, se había incautado de pequeñas hachas, cuchillas y bolas de petanca de acero. Darmanin ha anunciado que pedirá la ilegalización de Le Soulèvement de la Terre (La sublevación de la Tierra), uno de los grupos convocantes.
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Todo esto da una idea de que la situación puede desbordarse en cualquier momento, empezando por las concentraciones de este jueves. Pero el frente sindical y político ha entrado en un breve paréntesis. La próxima jornada de movilización nacional ―la undécima desde que en enero el Gobierno presentó la reforma de las pensiones y comenzaron las protestas sindicales― está convocada para el jueves 6 de abril. Una semana y un día después, el Constitucional anunciará su decisión sobre dos cuestiones que pueden clarificar el confuso panorama y determinar el destino de la reforma que aumenta la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.
El Constitucional, integrado por nueve miembros conocidos como sabios y presidido por el exprimer ministro socialista Laurent Fabius, deberá decidir, de un lado, si acepta la propuesta para recoger casi cinco millones de firmas y organizar un referéndum que fije la edad de jubilación legal en Francia en los 62 años. La otra decisión atañe a la constitucionalidad de la ley, adoptada la semana pasada en el Parlamento tras un accidentado proceso legislativo. Los demandantes cuestionan que el Gobierno etiquetase la reforma de las pensiones como una ley financiera, etiqueta que permitió acelerar los debates y facilitó el recurso al decreto.
La primera ministra, Élisabeth Borne, ha invitado a los sindicatos a reunirse con ella a principios de la semana próxima al palacete Matignon, sede de la jefatura del Gobierno. Laurent Berger, secretario general del sindicato moderado CFDT, el primero de Francia, ha anunciado que asistirá. Su objetivo es convencer a Borne y a Macron de que dejen unos meses en suspenso la reforma para abrir una negociación y calmar los ánimos en el país. Es una opción que algunos aliados de Macron defienden también. Pero la posición del Gobierno es que hay que dejar seguir a la reforma su “camino democrático” y esperar a la decisión del Constitucional. Si este diese el visto bueno a la ley, o a sus partes esenciales, Macron ha anunciado que la promulgará para que entre en vigor antes de final de año.
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