Un grupo de turistas en una visita guiada al Pazo de Meirás.Óscar CorralTodos están contentos menos los Franco. El fallo que determinó, el pasado miércoles, que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado, y no de la familia del dictador, fue celebrado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien vio reflejado un triunfo de la defensa de los intereses comunes, “producto del consenso”. Algo muy similar recogió la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien además aseguró que la recuperación de todo el patrimonio es una prioridad para el Ejecutivo. Sin embargo, la decisión de la magistrada Marta Canales no es firme. Javier Suárez, jefe de la abogacía del Estado en Galicia, ha admitido este jueves que la recuperación definitiva tardará y la familia Franco podrá veranear en el palacete hasta que se agoten los recursos, que ya anunció que presentaría. Aun así, Suárez confía en la contundencia de la sentencia y cree que puede abrir la puerta para reclamar más inmuebles.Las instituciones que respaldaron la demanda de la Abogacía del Estado —la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Sada (donde se encuentra el inmueble), el de A Coruña y la Diputación Provincial— consideran que el dictamen es sólido. El presidente de la Diputación Provincial, el socialista Valentín González Formoso, agradeció la implicación de estas instituciones. El alcalde de Sada, el nacionalista Benito Portela, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (PSOE), calificaron el fallo de “histórico” ya que pone fin a la posesión fraudulenta del inmueble por parte del dictador.El conselleiro de Cultura y Turismo en funciones, Román Rodríguez, explicó el pasado miércoles que la decisión judicial, que también descarta indemnizar a los Franco por el mantenimiento de la propiedad, es “clara” y certifica que el Pazo de Meirás se incorpora al dominio público. Lo hizo tras rechazar la alegación de los Franco sobre un retraso en la presentación de la demanda. Rodríguez recordó que conllevó la creación de una comisión de expertos, en el seno del Parlamento de Galicia, para conducir un estudio sobre la simulación en el proceso de registro de la propiedad que sustentó el dictamen de la Abogacía del Estado.La sentencia también llevó a los denominados 19 de Meirás a reclamar el archivo de la denuncia que la familia Franco interpuso en su contra por la ocupación pacífica del palacete en agosto de 2017. El portavoz del colectivo, Anxo Louzao, aseguró que fueron sus acciones las que atrajeron la atención al problema del pazo. Louzao recalcó que aún se enfrentan a penas de hasta 13 años de prisión y multas de medio millón de euros. El portavoz se muestra más precavido: pide que la lucha siga hasta que el fallo sea definitivo.
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