Ni el PP ni el Gobierno ceden. Ambos han llegado muy lejos como para desdecirse sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno se planta con sus candidatos y el PP vuelve a la posición de salida, para negar a Unidas Podemos capacidad de propuesta. José Ricardo de Prada. siempre ha estado en la lista del Gobierno, aseguran del lado socialista.
Quien ha roto debe ser quien dé el primer paso para reanudar la relación. Esta es la directriz de la reunión permanente de la comisión ejecutiva federal del PSOE de este lunes, que presidió el secretario general del partido, Pedro Sánchez. Los socialistas rechazan, de momento, cambiar los nombres de magistrados y juristas que van en su cupo para la renovación del órgano de Gobierno de los jueces, ya que ellos no rebaten a ninguno de los propuestos por el PP. La reciprocidad era lo esperado, pero no es así. Los dos partidos se han despedido sin fecha para volver a verse y el PSOE ha decidido, con la aquiescencia de la ejecutiva, mantener la propuesta del magistrado De Prada.
Así ha empezado la semana después de que el pasado jueves el Gobierno y el PP anunciaran la ruptura del diálogo. El nombre del juez De Prada, firmante junto a otro magistrado de la sentencia del caso Gürtel que desencadenó la moción de censura que sacó al PP del poder, se mantuvo como el escollo insuperable. Los socialistas defienden que la trayectoria del juez José Ricardo de Prada no merece este vapuleo reputacional y pasar a una lista de excluidos. “No es de Podemos y el PP lo sabe”, se insiste en el PSOE.
Al PP en este momento no le compensa un pacto con el Gobierno al haber comprometido su palabra, en voz del secretario general, Teodoro García Egea, de que Podemos no intervendría en este proceso de designación. “La negociación la ha roto el PP aunque ya conocía desde hace tiempo los nombres”, apuntó este lunes la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, tras la reunión de la comisión permanente de su partido.
Narbona se remontó a la negociación de noviembre de 2018 cuando todo saltó por los aires tras conocerse un mensaje intercambiado entre los dirigentes del PP donde presumían de controlar por la puerta de atrás el CGPJ a través de quién iba a ser su futuro presidente, el magistrado Manuel Marchena. Fue el propio Marchena quien, al desvelarse aquellos mensajes, renunció al puesto y se frustró la negociación por la que el PP aceptaba los nombres que ahora veta.
El bloqueo en la renovación del órgano de Gobierno de los jueces, que lleva más de dos años con el mandato caducado, es real y, aunque ningún partido se atreve a negar que pueda haber cambios, no se vislumbran en absoluto.
“Los complejos del PP” son la causa de esta actitud, en interpretación del PSOE, como señaló el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Complejos que le provocan Vox y la corrupción. Esta consideración del secretario de Política Institucional del PSOE es compartida de forma general en su partido, grupo parlamentario y el Gobierno.
Cualquier pacto con el Ejecutivo lleva aparejada una fuerte ofensiva crítica de Vox contra el PP. No niegan en las filas populares que el martilleo de Vox con estos acercamientos del PP al Gobierno para renovar cargos institucionales dificultan su acción.
La página ya se ha pasado, al menos eso aparentó este lunes el PP que obvió este fracaso negociador y se centró en arremeter contra el Gobierno central por los incidentes violentos de Cataluña. Narbona contestó también este lunes a esas críticas: “El ministro Marlaska no está desaparecido, sino en permanente contacto con las autoridades catalanas para seguir los acontecimientos”. La dirigente socialista anunció que el ministro del Interior daría explicaciones sobre los acontecimientos de Barcelona.
El Gobierno no quiere sepultar esta ruptura del diálogo del PP para renovar al Consejo General del Poder Judicial. Por tercera vez, que se sepa, ha estado a punto de lograrse. Pero para conseguir sacar adelante una renovación enquistada, el ala socialista del Gobierno no contempla en ningún caso excluir a los candidatos que sean del agrado de Unidas Podemos. De fondo, reconocen esos dirigentes del PSOE, está la voluntad de no abrir más frentes con sus socios, de Gobierno de los que ya tienen abiertos.
El Consejo abordará los nombramientos pendientes
El Consejo del Poder Judicial abordará en el pleno del próximo jueves los nombramientos de cargos pendientes si, como confirman todos los protagonistas de la negociación, no hay acuerdo entre el PSOE y el PP. Ello no significa, sin embargo, que entre los propios vocales se hayan sorteado todos los escollos para fraguar pactos internos sobre los candidatos propuestos. Cabe la posibilidad de que el diálogo entre los partidos no se haya reanudado, o no haya dado frutos, y a pesar de ello tampoco se produzcan en el Consejo del Poder Judicial los nombramientos pendientes. La mayor dificultad deriva de que no se ha obtenido un consenso global sobre la lista de ocho cargos que deben proveerse. Y sin ese pacto conjunto es más difícil que los candidatos propuestos alcancen el mínimo de 13 votos que precisan para ser nombrados. Las plazas que se deben adjudicar son ocho, entre ellas dos de magistrados en la Sala Civil, y otra en la Sala de lo Social del Supremo. También están pendientes los nombramientos de las presidencias del Tribunal Superior del País Vasco y de Canarias. Podría ocurrir que tanto para estos puestos como para las dos presidencias de Audiencias Provinciales pendientes, por ejemplo, hubiera posibilidades de acuerdo, pero de momento no se ha conseguido asegurar para todos ellos los trece votos necesarios. Y en estos casos operan los riesgos de un castillo de naipes. / JOSÉ MARÍA BRUNET
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