La decisión de un juez del Tribunal Supremo de Brasil de anular cuatro procesos en los que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado por corrupción abre un nuevo escenario político al permitir que el veterano líder del Partido de los Trabajadores (PT) pueda concurrir a las elecciones presidenciales previstas para 2022. El fallo no entra en el mérito. La decisión obedece a una duda sobre la competencia del tribunal de Curitiba presidido por el polémico magistrado Sergio Moro, que llevó el caso, y establece que los procesos deberán desarrollarse en un tribunal federal en Brasilia. La cuestión legal sigue viva, y el propio Supremo prepara un nuevo pronunciamiento en composición colegiada sobre la cuestión, quedando pendiente la evaluación de si Moro —que dio la gran sorpresa al convertirse en ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro— actuó de manera parcial, lo que podría generar una fuerte ola expansiva en múltiples juicios de la enorme trama Lava Jato.
En cualquier caso, el posible regreso de Lula a la política no deja a nadie indiferente. Su presidencia (2003-2011) fue uno de los periodos de mayor prosperidad de Brasil y cuando abandonó el cargo gozaba de un 80% de popularidad. Logró extraordinarios éxitos sacando de la pobreza a decenas de millones de ciudadanos e inspirando confianza en el futuro del país. Sin embargo, el afloramiento en años posteriores de casos o sospechas de corrupción que afectan al veterano líder y al PT —así como algunas de sus políticas— han generado un profundo rechazo de una parte relevante del electorado. Sería indeseable que su regreso a la política agravara la polarización de la sociedad, una circunstancia en la que especial responsabilidad tiene Bolsonaro —con su inaceptable retórica de dudoso compromiso democrático, además de nefasta gestión—. Brasil necesita un mejor clima político, y que este permita dejar atrás la lamentable etapa de Bolsonaro, que los ciudadanos pagan en estos meses con las dramáticas consecuencias de una desastrosa gestión sanitaria de la que el actual presidente es el culpable.
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