Treinta años después de la disolución de la Unión Soviética, el Kremlin ha liquidado la organización que se atrevió a denunciar el terror soviético. El Tribunal Supremo, con el apoyo del ministerio de Justicia y la fiscalía general, ha ordenado el cierre de Memorial Internacional, la fundación que sustenta a varias organizaciones que desde 1989 han investigado los crímenes de la represión soviética y de la Rusia moderna, desde las purgas de 1937 a las guerras de Chechenia y las violaciones de derechos humanos actuales.
Mijaíl Gorbachov anunció el final de la URSS el 25 de diciembre de 1991. Tres décadas después, tres juicios diferentes han golpeado a la ONG. El lunes 27 fue condenado a 15 años de prisión su historiador Yuri Dmitriev (65 años), descubridor de fosas comunes masivas de Stalin, por la acusación de pedofilia, el mismo cargo con el que murió de cáncer en la cárcel el historiador Serguéi Koltyrin; este martes 28 se ha dictaminado el fin de Memorial Internacional; y el miércoles 28 aguarda turno su filial moscovita que vela por la defensa de los derechos humanos en la actualidad.
Memorial Internacional, declarada agente extranjero por las autoridades en 2016, ha sido condenada por no remarcar esta etiqueta constantemente en cada página, en cada publicación de red social, en cada mera mención de su trabajo. “Tengo puesto lo de agente extranjero en mi tarjeta de visita. La gente a veces me reconoce por la calle, ¿también tengo que ponérmelo en la ropa?”, decía a EL PAÍS una directiva de la organización, Elena Zhemkova, en una de las heladas jornadas de este proceso judicial que han vivido en el último mes cientos de personas que han apoyado a la ONG frente al tribunal.
Los abogados han criticado durante el proceso los repentinos cambios de criterio de las autoridades para buscar el cierre de la organización. “Al principio solo necesitaba ser etiquetado el portal. De repente, aunque no hubo quejas antes, resultó que era necesario etiquetar las redes sociales. ¿Ahora nos dicen que etiquetemos cada publicación? ¿Cómo puede cambiar la interpretación de la ley cada año?”, lamentó en la última jornada del juicio Tatiana Glushkova, una de sus letradas. Otra de sus abogadas, María Eismont catalogó los cargos de absurdos: “Memorial lleva décadas luchando por abrir archivos y ha sido acusada de ocultar información”.
La fiscalía insistió en la “falta de voluntad” de la ONG para etiquetar sus publicaciones, pese a que cada notificación era subsanada. Además, apeló a los niños y al patriotismo: “¿Cuál es el beneficio para los niños? ¿Necesitamos esas lecciones de historia? ¿Por qué nosotros, los descendientes de los vencedores, debemos sentirnos avergonzados en lugar de estar orgullosos de un pasado glorioso? Probablemente, alguien pague a Memorial por esto”, dijo uno de los representantes de la acusación, a lo que los abogados de la fundación respondieron con contundencia: “En las web de Memorial hay enormes carteles con los patrocinadores de los proyectos, y nuestros recursos muestran numerosos materiales sobre la represión soviética contra los niños”.
La decisión acaba con el proyecto de toda una vida de muchos voluntarios. “La liquidación es un hecho simbólico, la fundación ha tenido un rol importante desde la perestroika, donde se inició una tendencia hacia democracia”, dijo a este periódico Oleg Orlov, responsable del Centro de Derechos Humanos Memorial, filial que no solo ha sido acusada de infringir la ley de agentes extranjeros, sino también de “promover el terrorismo y el extremismo” por apoyar a varios movimientos fundamentalistas islámicos y a los Testigos de Jehová. “Será muy difícil continuar porque la organización internacional une a todas las demás y tiene la sede donde guardamos los documentos. Cerrada Memorial internacional, será muy difícil trabajar”, agregó Orlov.
Otra de sus organizaciones vela por los derechos de los inmigrantes. Su directiva, la candidata al premio Nobel de la paz Svetlana Gánnushkina, dijo a este diario que no piensan rendirse. “Liquidar Memorial significa que mucha gente no tendrá a quién dirigirse si violan sus derechos. La sociedad de la que me ocupo recibe a unas 60 personas a la semana, e intentamos prestarles ayuda. Este sitio será cerrado, pero liquidar Memorial es imposible. Memorial no es solo un sitio, y seguiremos haciendo lo que hacemos”.
Las muestras de apoyo han sido amplias dentro y fuera del país. El periodista y opositor Vladímir Kara-Murza, víctima de dos envenenamientos, acudió al juicio para apoyar a la ONG. “Está Memorial, están las detenciones de Navalni, de Oleh Sentsov… La reacción internacional es muy importante porque hará recordar a las autoridades que lo que hacen no pasa desapercibido”, remarcó a este diario ante las puertas del tribunal.
“Decisión de arriba”
El líder del partido opositor Yabloko, Nicolái Rybakov, denunció también que el fiscal general “no pudo propulsar este juicio sin una decisión de arriba”, y advirtió del camino peligroso que enfila Rusia “al sentarse un precedente” con una ONG del tamaño de Memorial: “Sin duda no es un juicio a Memorial, es un juicio a nuestra historia, y un juicio a nuestro futuro porque un futuro de Rusia sin Memorial es un futuro negro”.
Fuera del país, los embajadores de los países miembros de la UE han recibido este último mes a varios representantes de Memorial, y anteriormente el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, y el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, instaron a las autoridades rusas a no cerrar la fundación y dejar de presionar a las organizaciones independientes.
La liquidación de Memorial coincide con una ofensiva legal del Gobierno para imponer una versión monolítica del pasado nacional. Vladímir Putin, que el pasado 12 de julio se lanzó como historiador con un largo artículo titulado “Sobre la unidad histórica de ucranios y rusos”, ordenó en agosto la creación de la “comisión intergubernamental sobre la educación histórica”, cuyo fin es unificar la educación en este campo para “prevenir los intentos de falsificar la historia” y analizar las actividades de organizaciones extranjeras que “dañen los intereses nacionales de Rusia en el campo histórico”. Asimismo, Putin firmó en verano una ley que declara delito hacer comparaciones entre la URSS y la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el Pacto Molotov-Ribbentrop. Este acuerdo, cuyas cláusulas secretas fueron reconocidas por las autoridades soviéticas en 1989, llegó a ser condenado por “inmoral” por Putin en una carta enviada al Gobierno polaco en 2009.
La gestación de Memorial comenzó en Moscú en el verano de 1987, al compás de la glásnost (Transparencia, en ruso) decretada por Mijaíl Gorbachov. Un pequeño homenaje a las víctimas de la represión soviética comenzó a aglutinar a cientos de personas, y en enero de 1989 se constituyó como organización con la destacada ausencia del cronista del gulag, Aleksandr Solzhenitsin, “que todavía estaba en el exilio y sintió que no podría participar plenamente en el trabajo de Memorial”, según relata la fundación.
Este pasado 18 de octubre, Putin festejó el 25 aniversario de la Casa de la Diáspora Rusa en el Extranjero, fundada por Solzhenitsin. El escritor, fallecido en 2008, nunca llegaría a imaginarse el giro dado por el mandatario en la última década, cuyo gobierno “contrastó positivamente con los años de Gorbachov y Yeltsin”, según dijo al embajador estadounidense William Burns en una conversación filtrada por WikiLeaks.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.