Los presidentes autonómicos consultados por EL PAÍS la víspera de la declaración de un nuevo estado de alarma después del decretado hace siete meses coinciden en que es necesaria una mayor implicación del Gobierno central. Los líderes territoriales del PSOE comparten que el estado de alarma es una herramienta adecuada y piden aplicarla en todo el país, mientras los populares se muestran reacios a la medida y piden reformar la ley sanitaria para dar instrumentos jurídicos a las autonomías. Todos reclaman más coordinación al Ejecutivo de Sánchez. Los presidentes del País Vasco y Murcia declinaron participar.
Juan Manuel Moreno (Andalucía)
“La coordinación corresponde al Gobierno de España”
“Andalucía lleva meses pidiendo al Gobierno un instrumento jurídico que permita adoptar medidas eficaces contra la pandemia sin tener que recurrir al estado de alarma. En las conferencias de presidentes desde marzo he propuesto de manera reiterada, al igual que otros presidentes autonómicos, esta necesidad, pero ocho meses después no tenemos un marco jurídico que permita dar respuesta homogénea a la pandemia en las distintas autonomías con plena seguridad jurídica”, lamenta Moreno Bonilla.
“Mi Gobierno ha decretado cierres perimetrales de ciudades y pueblos, con la fortuna de que hasta el momento la Justicia ha refrendado esas decisiones. Pero soy consciente de que, al igual que ha ocurrido en otras zonas de España, la justicia podría no ratificar esas decisiones que restringen la movilidad. Andalucía acaba de publicar una norma que limita la movilidad de 23.00 a 6.00 y ya hemos pedido autorización judicial para aplicarla en Granada capital y su área metropolitana”, refiere el barón del PP.
Para Moreno Bonilla, en una pandemia, “la coordinación, planificación e impulso de la política sanitaria corresponde al Gobierno de España y no debe renunciar a ella”.
Javier Lambán (Aragón)
“Cuanto más homogéneas las medidas, mejor”
El presidente aragonés asegura que su Gobierno “aceptará incondicionalmente” cualquier decisión sobre la declaración del estado de alarma o toque de queda. “Cuanto más homogéneas sean las medidas que se apliquen en todo el territorio nacional, mejor”, señala. “La colaboración y coordinación de medidas es fundamental”, insiste el barón del PSOE.
El estado de las autonomías “favorece la gestión, sin duda”, asiente Lambán. Respecto a las medidas del último consejo interterritorial de salud, el presidente aragón apunta que el ministerio que dirige Salvador Illa, junto con las comunidades, “ha establecido ya unos indicadores y criterios comunes y, aún sin ser jurídicamente vinculantes, nosotros los hemos aplicado siempre”. En el plano personal, Lambán apunta cómo la covid “nos ha afectado de cerca” a toda la sociedad. En su caso, su padre, de 97 años, sufrió la enfermedad y la superó. “La perspectiva es la misma”, dice sobre si cambió su forma de encarar la crisis y si llegó a alterar su forma de gestionar la lucha contra la epidemia.
Adrián Barbón (Asturias)
“El estado de alarma es un instrumento muy útil para todos”
El presidente del Principado cree que el estado de alarma puede ser “un instrumento muy útil para todas las comunidades”. De hecho, el 20 de junio fue de las excepciones que defendían que se retrasara unas semanas la entrada en la nueva normalidad. Entre las medidas que adoptaría para su comunidad con un estado de alarma en vigor estaría, por lo pronto, el toque de queda. “Y encajaría otras muchas que venimos adoptando desde el 21 de junio con el objetivo de controlar la pandemia, para que tengan ese respaldo jurídico”. El socialista piensa que es bueno que los indicadores sean comunes y exista “una verdadera cogobernanza”. “Eso facilitaría mucho el conocimiento y compromiso por la ciudadanía”.
Sobre el Estado autonómico, opina que es útil “porque acerca la gestión sanitaria a la ciudadanía”. “Pero es cierto”, advierte, “que en una crisis como la que vivimos se ha visto la necesidad de ir a una federalización del Estado. Por ejemplo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe tener capacidad para acordar por mayoría medidas de obligado cumplimiento en materia de salud pública. También creo necesario la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública”, finaliza.
Francina Armengol (Baleares)
“Hay que actuar según la particularidad de cada territorio”
La dirigente socialista opina que, dada la excepcionalidad del momento, el estado de alarma general puede dar la cobertura legal necesaria a las autonomías. Armengol defiende “que se tiene que actuar según la particularidad de cada territorio, no ya de cada comunidad autónoma, sino por ejemplo, en el caso de Baleares, según las particularidades de cada isla”. En su opinión se necesitan más controles en puertos y aeropuertos. “Las comunidades insulares necesitamos replantear las condiciones de movilidad. Tanto Canarias como Baleares insistimos en la necesidad de intensificar y mejorar los controles sanitarios en puertos y aeropuertos”.
A Armengol le parecería “muy equivocado” salir de la crisis cuestionando el Estado autonómico y defendiendo procesos de recentralización. “Esto sí que sería un error. Quizás el problema se da cuando la gestión de la crisis queda en manos de las autonomías, pero el Estado se reserva determinados instrumentos. Si se hubiera generado el marco adecuado, por ejemplo con la modificación de la Ley de Salud Pública, quizá nos habríamos ahorrado ciertas situaciones”, reflexiona.
Ángel Víctor Torres (Canarias)
“Debe existir el máximo acuerdo posible”
Al frente de la comunidad con los índices más favorables, descarta medidas como el toque de queda en el archipiélago si la situación se mantiene estable. El presidente canario incide en que “debe existir el máximo acuerdo posible pensando en el interés general y teniendo en cuenta las especificidades de cada territorio”, en línea con la presidenta balear.
Torres confía en que la cuádruple crisis que afronta España —sanitaria, política, económica y social— sirva para fortalecer el Estado de las autonomías: “La capacidad de cada territorio de tomar medidas, pensando en el bien común y no en estrategias políticas”. Sobre los baremos comunes y de carácter vinculante, apostilla: “Lo que se ha hecho, tener un marco común, es necesario, pero también he de decir que basta con que todos cumplamos con los criterios actuales”.
Miguel Ángel Revilla (Cantabria)
“Hace falta coordinación entre autonomías”
El líder del Partido Regionalista de Cantabria celebra la declaración del estado de alarma a nivel nacional. “Necesitamos esa homologación, ese soporte y esa seguridad jurídica porque ahora hay tribunales que están tumbando restricciones en una comunidad y en otra no”, afirma. “Hace falta mucha coordinación, sobre todo entre autonomías vecinas”.
Revilla cree que una vez declarado el estado de alarma son los expertos de cada comunidad los que deben llevar la voz cantante en la toma de decisiones sobre las medidas a adoptar: “Nadie conoce mejor la situación en un territorio que ellos”, señala. Si la situación empeora, se plantean el toque de queda, además del cierre de restaurantes a las 23.00 y la limitación de las reuniones a seis personas. “Y no estaría mal”, añade, “que el Gobierno central fijara más indicadores” para valorar la gravedad de la epidemia en cada territorio.
Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha)
“El Estado debe darnos un amparo jurídico a todos”
Defensor de un estado de alarma general desde hace tiempo como la solución “más eficaz”, también por el “único mensaje a todos los ciudadanos” que transmitiría, es partidario de que se facilite “un amparo jurídico a todos” con medidas generales. Las comunidades las aplicarían en función de sus características y particularidades. “Cuanta más coordinación mejor”, remacha el presidente de Castilla-La Mancha. Para el dirigente del PSOE el Estado de las autonomías favorece la gestión de la pandemia y sus múltiples derivadas: “De fondo, lo mejora. Somos 17 Administraciones contratando profesionales y preocupándonos por lo que nos pasa en cada uno de nuestros territorios”.
Como a tantos miles de ciudadanos, la covid le ha tocado de cerca. “Sí, por desgracia, como tantos españoles, tengo personas cercanas que han sufrido la enfermedad y algunos han perdido a seres queridos. La perspectiva no ha cambiado. La emergencia sanitaria es de tal dimensión que desde el primer momento hemos puesto todas nuestras energías para superarla”, expone García-Page.
Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León)
“Llevamos meses reclamando instrumentos jurídicos”
“Llevamos meses reclamando instrumentos jurídicos que nos permitan aplicar medidas eficaces contra la pandemia sin tener que recurrir al estado de alarma, como también han defendido otras comunidades y Pablo Casado, quien propuso al Gobierno de España pactar la reforma de la Ley Sanitaria”, afirma Mañueco. “El 17 de mayo ya pedí que se fueran dando pasos en el ámbito de la desescalada jurídica para garantizar aspectos como el control en la movilidad entre provincias”, recuerda el presidente popular de Castilla y León. Mañueco pide al Gobierno más “criterios comunes” y que dote a las comunidades autónomas, además de “instrumentos jurídicos eficaces” y “financiación suficiente para replanificar las políticas de recursos humanos y hacer frente al problema de falta de profesionales sanitarios”. “Todo esto se lo transmití el viernes al ministro Illa”, señala. Mañueco defiende, de momento, el toque de queda decretado en la región. “Es urgente para frenar el número de contagios en Castilla y León”.
Pere Aragonès (Cataluña)
“Con el estado de alarma podremos ejecutar medidas con rapidez y agilidad”
El president catalán se declara partidario “de un estado de alarma en Cataluña gestionado por la Generalitat para poder ejecutar medidas con rapidez y agilidad”. “Nosotros pedimos que se decrete para Cataluña para poder gestionarlo mejor y desde el conocimiento del sistema sanitario y de la realidad social y económica del país”, recalca sobre si cree que debería decretarse por comunidades o toda España. El dirigente de ERC es tajante en su defensa de que las medidas a aplicar las deberían decidir en exclusiva las comunidades. Al menos en su caso: “En Cataluña, la Generalitat de Cataluña”. “Nosotros quisiéramos tener todas las responsabilidades que son propias de un Estado independiente. Queremos todas las herramientas para poderlo gestionar”, recuerda su ideario independentista.
El toque de queda está dentro de las medidas que piensa adoptar. “Estudiaremos más medidas para restringir la movilidad si así es necesario tendiendo a los datos epidemiológicos”, expone Aragonès. Respecto a si es favorable a que el Gobierno establezca más indicadores y criterios vinculantes para todas las comunidades, Aragonès defiende que los criterios del Govern ya están establecidos: “Hemos tomado medidas más estrictas y nos hemos anticipado siempre a las medidas del Gobierno central”.
Ximo Puig (Comunidad Valenciana)
“La solución debe ser común pero modulable”
Como sus colegas del PSOE, defiende que el estado de alarma “es el instrumento jurídico más útil” para afrontar la coyuntura actual “desde la unidad de acción y con espíritu de cogobernanza”. La Generalitat valenciana es partidaria de una solución “común para toda España y al mismo tiempo modulable” según la situación de cada territorio. Puig insta a la “responsabilidad compartida” de la cogobernanza: “No centrifuguemos la responsabilidad, ni Gobiernos, ni oposiciones. No estamos para confrontar, sino para ayudar y para proteger a los ciudadanos”. El marco común que se ha abordado los últimos días le parece “necesario”. “Pero también he de decir que basta con que todos cumplamos con los criterios actuales”, subraya.
Guillermo Fernández Vara (Extremadura)
“La covid no se ha aprendido los estatutos de autonomía”
Como otros presidentes autonómicos, Fernández Vara ha sufrido algún caso de cercano grave de coronavirus. Y tampoco ha modificado su manera de gestionar la crisis. “No me ha cambiado. Soy político, pero antes soy médico, y sé que solamente desde el rigor científico se puede hacer frente a esta situación”, afirma.
El presidente extremeño también es favorable a un estado de alarma para todo el país: “La covid aún no se ha aprendido los estatutos de autonomía de cada comunidad”. “Soy partidario, ahora que compruebo que no podemos adoptar las decisiones que necesitamos sin la cobertura constitucional, del estado de alarma. Los jueces han estado haciendo un trabajo extraordinario en Extremadura, pero todo tiene un límite”, abunda sobre la decisión que este domingo se tomará en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para estudiar los términos de un nuevo real decreto de estado de alarma.
Fernández Vara subraya la dificultad de combatir al coronavirus, lo que obliga a tomar las decisiones “que sean necesarias en cada momento”. “Hoy creo que la de restringir la movilidad nocturna”, apostilla, en línea con otros líderes territoriales como María Chivite (Navarra). “Yo defendí, defiendo y defenderé que ante situaciones de la envergadura de las que estamos viviendo solo cabe la concordia, el rigor científico, el consenso político y la defensa de la vida de las personas y de nuestro modelo de convivencia de la economía, de las empresas y de los trabajadores”, zanja el barón del PSOE. A la pregunta de si el Estado de las autonomías favorece la gestión de esta crisis o la está dificultando, responde que “no es una cuestión que se pueda responder con un sí o con un no”. “La favorece si asumimos que somos parte de la solución. Y que no hay vencedores o vencidos”, expresa.
Alberto Núñez Feijóo (Galicia)
“Hay que reformar la legislación sanitaria”
El presidente de la Xunta plantea como “un clamor en el ámbito jurídico” la necesidad de una reforma en la legislación sanitaria para poder adoptar restricciones con garantías. Feijóo llegó a enviar al Gobierno su propia propuesta para reformar la ley orgánica de salud. “Hemos perdido seis meses en los que podíamos estar listos para actuar ante esta segunda ola”.
El presidente gallego, único del PP con mayoría absoluta, apoya “la posibilidad de establecer restricciones, de movilidad o de distintas actividades, siempre con criterios homogéneos”. Y añade: “Se debería poder actuar con contundencia y con garantías sin tener que recurrir a un mecanismo extraordinario y excepcional como es el estado de alarma, que además tiene un coste reputacional enorme para España”.
Concha Andreu (La Rioja)
“El estado de alarma supone darnos certezas y garantías”
“El estado de alarma supone darnos certezas y garantías en el momento en el que más falta hacen”, resalta la presidenta riojana, que recuerda cómo las comunidades no han contado siempre con el aval de los tribunales, con la inseguridad jurídica que generaba: “España es un Estado de derecho democrático y debemos ser escrupulosos en el cumplimiento de las leyes”.
Andreu hace hincapié en la relación “excelente” con las comunidades vecinas, lo que “facilita muchísimo” la lucha contra el virus. “La realidad de cada región es distinta y requiere de actuaciones muy singularizadas, pero sí disponer de unos criterios comunes”, opina. A su juicio, el Estado autonómico permitir comparar entre diferentes gestiones. “El virus no entiende de colores políticos, de modelos de Estado o de fronteras”, observa la responsable socialista. En su opinión, la pandemia ha dotado al Estado autonómico de un mayor protagonismo. “Las competencias de la España actual están compartidas al igual que las responsabilidades. Durante esta crisis sanitaria hemos demostrado que los mecanismos de colaboración interterritorial pueden y deben funcionar. Hay que seguir trabajando en ese sentido”.
Isabel Díaz Ayuso (Madrid)
“La medida debe incluir las zonas básicas de salud”
La presidenta madrileña, que pasó el coronavirus y ha tenido a “familiares fallecidos y afectados por el coronavirus”, asegura que quiere “colaborar con la Administración central, pero que diga para qué nos necesita”. “Si hay o no estado de alarma es competencia del Gobierno. Madrid ha dictado sus normas según sus competencias”.
La dirigente del PP acusa a Sánchez de haber estado “desaparecido” y pide que, si se decreta el estado de alarma, el Ejecutivo “incluya las zonas básicas de salud y los horarios decretados por Madrid, así como que empiece a controlar con PCR el aeropuerto de Barajas”. Ayuso insiste también en la propuesta del PP del pasado mayo para modificar la ley de 1986 antes de recurrir al estado de alarma.
María Chivite (Navarra)
“La coordinación y la cogobernanza son claves”
La presidenta de la comunidad foral tiene claro que, a la vista de los problemas que han tenido la mayoría de comunidades autónomas para evitar suspensiones judiciales de las decisiones que tomaban para tratar de controlar la pandemia, la declaración del estado de alarma “es una herramienta jurídica que puede ayudar en la gestión de la pandemia”. “Con todo, no es más que eso, una herramienta”, asevera Chivite, para la que “la coordinación interinstitucional y la cogobernanza son claves”. En el caso concreto de Navarra, que presenta la incidencia más acusada, recuerda que sus medidas son de las más restrictivas y han pasado “todos los filtros jurídicos, no obstante”.
La cooperación interinstitucional y la coordinación entre el Gobierno central y los autonómicos “es fundamental”, mantiene la presidenta navarra, que como la responsable de La Rioja destaca la coordinación con las comunidades autónomas más cercanas. “Por el principio de subsidiariedad, considero más útil que seamos las propias comunidades las que gestionemos las medidas del estado de alarma, aunque por supuesto en colaboración con el Estado. En nuestro caso, como ha sido hasta ahora”, comparte.
El confinamiento nocturno, que valoran otras comunidades, es la medida que los expertos en Salud Pública de la comunidad foral consideran que probablemente resultará la más útil para reducir la incidencia del virus. “Y es una medida que solo puede tomarse con el amparo legal del estado de alarma”, advierte Chivite, para la que el Estado de las autonomías “es una arquitectura política que ha procurado las mayores cotas de libertad y desarrollo de España en toda su historia”. “Naturalmente, una pandemia tensiona todos los sistemas, también los políticos. Pero nunca he considerado que la necesidad de acuerdo, de pacto, de cogobernanza, sea una debilidad. Las tentaciones recentralizadoras, e incluso totalitarias, no son sino expresiones de incapacidad de gestión”, sentencia.
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