El 45% de la basura que se genera en América Latina tiene un destino inadecuado y acaba mayoritariamente en vertederos a cielo abierto, más conocidos en la región como basurales o botaderos. La cifra la ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se refiere solo a los flujos de residuos que recolectan los camiones de los ayuntamientos. No a la otra mucha basura sin cuantificar que se quema o se arroja a los ríos, al mar o a otros cursos de agua. Lo aconsejable sería que toda terminara en un relleno sanitario, la instalación óptima para enterrar los residuos.
El propio BID mostró el camino para el cierre de basurales y la construcción de rellenos sanitarios aportando financiación, apoyo técnico y estrategias de intervención integral. Alguna de sus actuaciones, como el cierre del botadero de Belice y su adecuación como relleno sanitario, considera que es un ejemplo a mostrar. “La oportunidad radica en aprovechar estos procesos de cierre no solo para disponer mejor la basura, sino para estructurar mejores políticas públicas que nos lleven a una gestión integral de residuos. En cualquier caso, nunca puedes cerrar un sitio de disposición final, incluso siendo muy malo, si no tienes el que lo reemplace”, explica Alfredo Rihm, especialista sénior en gestión de residuos sólidos de la división de aguas y saneamiento del banco.
No hay cifras exactas de cuantos vertederos existen todavía en Latinoamérica. El único registro es el que publica la Asociación Waste Atlas, que enumeró y perfilo hace dos años una lista con los 50 más grandes del mundo. Hay 13 en Latinoamérica y cinco son peruanos. En esa lista ya no aparecen ni el vertedero de Brasilia, clausurado hace unos meses, ni tampoco los míticos de La Chureca en Managua ni el de Río de Janeiro, cerrados hace unos años.
De lista con los 50 basurales más grandes del mundo, 13 están en Latinoamérica y de ellos cinco son peruanos
El que sí continua en ese listado es el de Zona 3 de Ciudad de Guatemala y ejemplifica como pocos el drama humanitario que representa un vertedero a cielo abierto. Su situación la conoce bien Christian Aponte, un médico guatemalteco que lleva años denunciándola y no desaprovecha oportunidad para mostrar el vídeo del alud de basura que sepultó en 2012 a más de 100 personas en este vertedero que recibe cada día 3.000 toneladas de desechos. A pesar de aquella tragedia, nada ha cambiado y unos 10.000 recicladores, conocidos como guajeros, siguen trabajando allí en condiciones de esclavitud moderna rebuscando material reciclable entre montañas de basura de 400 metros de altitud por apenas siete dólares al día. “Cada año mueren más de 20 personas y los accidentes son tan frecuentes que se ocultan. Es un lugar de casi imposible acceso bajo el control de mafias y pandillas. Necesitamos acompañamiento internacional, denunciar los muertos, la corrupción de la alcaldía y animar a organizar a los recicladores de Guatemala a cambiar esta situación”, dice Aponte.
Guatemala entera se ahoga en basura. Sus 16 millones de personas generan a diario un promedio de medio kilo de desperdicios por habitante y apenas hay leyes que regulen su tratamiento. De sus 340 municipios, ninguno tiene un manejo, ni siquiera aceptable, de los desechos. Así lo reveló recientemente un diagnóstico del ministerio de medioambiente que cifra en 2.240 los basurales existentes.
En el lado opuesto, Colombia lleva tiempo trabajando en la gestión integral de residuos, cuenta con una normativa muy avanzada y su prestación de servicios públicos asociados a la recogida y disposición final de la basura ha mejorado ostensiblemente. El 96% de los residuos que son recolectados en este país por camiones y sistemas oficiales van a rellenos sanitarios con buenas condiciones técnicas. Colombia ya prácticamente erradicó y saneó sus basurales a cielo abierto.
La clausura en 2008 del basural de Navarro en Cali marcó un antes y un después. El botadero había sido durante cuarenta años el lugar de disposición final de las basuras de la tercera ciudad colombiana. Su cierre provocó las protestas y movilizaciones de las 600 familias de recicladores que allí trabajaban. Las demandas fueron oídas por la Corte Constitucional que dictó varias sentencias que cambiarían el panorama de la gestión de residuos en el país. El auto ponía el acento en la protección de los derechos de los recicladores para que se les tuviera en cuenta y se les vinculase a los sistemas de gestión de residuos municipales.
Los últimos de Colombia
Actualmente apenas quedan un par de basurales a cielo abierto activos en Colombia y ambos tienen planes de cierre. Están en Quibdó y en Buenaventura, dos ciudades del Pacífico con altos niveles de pobreza extrema. En el basural de Marmolejo de Quibdó cohabitan varias zonas tecnificadas y una planta de tratamiento de residuos orgánicos con lombricultura con otra área donde unas 64 familias recicladoras continúan esperando la descarga de los camiones de basura pare hurgar entre los desechos. El vertedero debe reconvertirse totalmente en un relleno sanitario pero, por su cercanía al aeropuerto, se cuestiona que pueda continuar en el mismo lugar. La alternativa que se baraja es construir otro relleno sanitario que prestaría servicio a otros 10 municipios.
El 45% de la basura que se genera en América Latina tienen un destino final inadecuado y acaba mayoritariamente en vertederos a cielo abierto
Al contrario de lo que ocurrió en el vertedero de Cali, sí ha habido en Quibdó y en Buenaventura un acercamiento a los recicladores con la idea de iniciar un proceso de inclusión teniendo en cuenta además que muchas de esas personas son también desplazadas por el conflicto armado. El gobierno nacional en cooperación con el BID preparó un proyecto cuyo objetivo es promover la formalización de los recicladores del vertedero en el sistema de gestión de residuos de la ciudad. “Será difícil sacar a los recicladores porque en Marmolejo está su sustento y lo de reciclar en la calle no lo ven. Lo ideal es que pudieran hacer la recolección puerta a puerta en las viviendas, que estuvieran organizados, uniformados y con todas las condiciones de seguridad y derecho a salud y educación”, considera Yenecith Torres, profesional ambiental vinculada a Empresas Publicas de Quibdó, la entidad que gestiona el vertedero.
Igualmente, Ecuador está en el buen camino y cuenta con una óptima normativa a nivel de gestión de residuos. Según su Ministerio de Ambiente, solo la mitad de las cuatro millones de toneladas diarias de residuos que genera el país tienen una buena disposición final, pero el cierre de basurales está en su agenda. El Gobierno se propuso 2017 como objetivo para que ninguno de sus 221 municipios siguiese llevando las basuras a los vertederos. “La meta no se ha cumplido, pero tenemos ya 44 rellenos sanitarios y al menos un 80% de los 177 municipios restantes cuenta con los estudios para cerrar su vertedero”, explica Felipe Toledo, gerente del programa Reciclaje Inclusivo de la Fundación Avina y representante en Ecuador de esta organización que viene trabajando en la realización de una guía como herramienta para que esos 221 municipios implementen planes de inclusión de sus recicladores.
En Mendoza también se está acometiendo un ambicioso plan financiado por el BID que pretende cerrar tres vertederos en los que trabajan 1.000 recicladores informales y abrir un relleno sanitario para siete municipios del área metropolitana de esta ciudad argentina que generan 1.300 toneladas de residuos diarios. El proyecto impulsa un programa de inclusión integral diseñado por la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo (IRR) que pretende reintegrar en el sistema municipal de gestión de residuos a todos los recicladores mendocinos, sean de basurales o de calle.
Estrategias de inclusión
Cerrar un basural y atender a la gente que allí está para ofrecerle una alternativa es todo un reto que fácilmente puede fracasar. Y es que la problemática social que se puede encontrar en un vertedero puede tener unas dimensiones inimaginables que van desde la marginalidad más absoluta a las enfermedades más graves. Muchas veces son lugares donde rara vez entra el Estado a garantizar derechos y cuando lo hace es en su peor versión, la del paraestado y el control social. “La gente que está en ese nivel de descomposición social encontró en los vertederos un sustento, un entorno y un acceso a material ilimitado porque es mucho el que tienen a mano, no solo para reciclar y vender, sino también para encontrarse cosas o para comer de la basura. Proponerles un proceso de formalización donde se les convierta en sujetos de derechos pero también de obligaciones es muy difícil. La intervención debe ser muy integral y tiene que ver con salud púbica, con vivienda o con condiciones de higiene. Lo ideal es encontrar incentivos rápidos como mejorar sus ingresos a través de la productividad y complementarla con un salario social como prestadores de un servicio público”, asegura Gonzalo Roqué, director del programa reciclaje inclusivo de la Fundación Avina.
El proceso de cierre de basurales representa, en todo caso, una oportunidad para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los recicladores informales. No hay recetas mágicas, pero sí algunas aproximaciones trabajadas desde la IRR con el objetivo de integrar a los recicladores informales a los mercados formales de reciclaje. La Fundación Avina, integrada en la IRR, colabora con gobiernos e instituciones en el diseño y la implementación de procesos de inclusión para gente afectada por el cierre de vertederos. “Lo que se solía hacer era construir una planta de reciclaje a la entrada del relleno sanitario donde se recibe la basura y allí ellos separaban el material. Es un esquema que no ha funcionado porque la basura que llega está ya muy putrefacta y entonces apenas tiene beneficio económico, señala Roqué. “Lo que le pedimos al BID — continua el miembro de Avina— es que aprovechemos algunas oportunidades de procesos de cierre de basurales para hacer planes de inclusión que sean de verdad integrales, donde se generen circuitos de recuperación de residuos y de recogida selectiva, y se creen cooperativas que incorporen a la gente en diferentes funciones. Tenemos mucha expectativa con lo que pueda pasar en el proceso de Mendoza”.
La estrategia de la IRR apunta también al reconocimiento y restitución de derechos de este sector de población, a que sean incluidos en la seguridad social y trabajen con uniforme “La dignidad de una persona cambia completamente cuando pasa de ser un marginal a ser alguien que tiene un uniforme, una credencial, que es reconocido, que está institucionalizado en la prestación de un servicio”, asegura el representante de Avina.
Los vertederos desaparecieron de la mayoría de las grandes ciudades latinoamericanas, pero el problema persiste en muchas intermedias y pequeñas. “La gestión de residuos bien hecha tiene poco recorrido en nuestro continente y queda mucho por hacer. Todos los países, incluso los más avanzados en esta materia como Chile, Colombia, Argentina o Brasil tienen sus zonas malas, pero definitivamente la hoja de ruta y de mejora existe”, afirma el chileno Alfredo Rihm, del BID.
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