Polonia redobla su pulso a la Unión Europea. En plena tensión con el club comunitario después de que el Constitucional declarara que varios artículos de los tratados de la Unión son incompatibles con la Ley Fundamental del país, el Parlamento ha aprobado una enmienda sobre inmigración que choca con el derecho europeo e internacional. La nueva norma permite a los agentes fronterizos rechazar las solicitudes de asilo sin ningún examen previo, decisión que contraviene las Convenciones de Ginebra, de los que todos los Estados miembros son parte, y las expulsiones en caliente en la frontera a los inmigrantes que cruzan irregularmente.
La Cámara baja de Polonia ha dado, además, luz verde este jueves a un plan del Gobierno que prevé gastar 1.600 millones de zlotys (el equivalente a algo más de 350 millones de euros) en la construcción de un muro en la frontera con Bielorrusia en un intento por detener el flujo de migrantes que intentan cruzar. Los diputados del Sejm (Parlamento), donde el partido gobernante Ley y Justicia (PiS, en sus siglas en polaco) tiene una escasa mayoría, votaron a favor del proyecto, que pasa ahora a manos del Senado, dominado por la oposición.
Decenas de miles de migrantes, en su mayoría provenientes de Oriente Medio, han intentado entrar en la Unión Europea a través de las fronteras de Polonia, Letonia y Lituania en los últimos meses. En un reciente informe, la Comisión Europea alertaba de que el régimen de Aleksandr Lukashenko promovía “el tráfico ilícito de migrantes hacia la UE”.
Según la enmienda aprobada el jueves, un extranjero detenido en la frontera polaca tras haber accedido de manera irregular estará obligado a abandonar el país y se le prohibirá la entrada durante un periodo de tiempo que oscila entre los seis meses y los tres años. Las autoridades polacas también tendrán derecho a “dejar sin examinar” una solicitud de asilo presentada inmediatamente después de la llegada irregular.
Las ONG han criticado a Polonia por haber impuesto el estado de emergencia en la frontera, lo que impide que estas asociaciones puedan ayudar a los recién llegados y prohíbe el acceso a los no residentes. Al menos siete personas han muerto en las fronteras de la UE con Bielorrusia desde el comienzo de los cruces en la región ese verano, según las autoridades polacas, lituanas y bielorrusas.
“La legislación y las prácticas adoptadas por Polonia, supuestamente en respuesta a la situación actual en la frontera de la UE con Bielorrusia, son contrarias al derecho internacional y de la UE, y no harán más que agravar las dificultades de las personas obligadas a huir”, ha reaccionado la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) a través de un comunicado en el que censura la nueva legislación que “permite rechazar arbitrariamente las solicitudes de asilo sin examinar las circunstancias individuales y sin garantizar la disponibilidad de una protección efectiva en otro lugar”.
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La Comisión Europea, que mantiene un tenso pulso con Polonia a cuenta del respeto al Estado de derecho, no ha reaccionado de momento de forma oficial, puesto que no acostumbra a hacerlo frente a legislación que aún no ha sido formalmente adoptada. En este caso todavía falta la firma del presidente, explican fuentes del Ejecutivo comunitario.
Pero Bruselas sigue desde hace meses la evolución de una situación que considera “preocupante”, porque supone la “instrumentalización” de seres humanos por parte de Bielorrusia “con fines políticos”, según un reciente informe sobre migración y asilo. Y trata de mantener en sus comunicaciones un complicado equilibrio entre el mensaje de apoyo a los socios fronterizos afectados y la compleja situación humanitaria que se está generando. “Centramos nuestra atención en dar apoyo a los Estados miembro para que encuentren soluciones”, ha dicho este viernes Adlabert Jahnz, el portavoz de la Comisión para asuntos de Interior, durante una comparecencia. “Nos enfrentamos a una situación complicada en la frontera exterior de la UE, provocada por acciones del régimen de Lukashenko. Pero también hay una grave situación humanitaria en la frontera, y haremos esfuerzos para discutir esto con los Estados miembro a todos los niveles”. Bruselas considera que son los países afectados los responsables de tomar “las medidas necesarias para evitar crear una situación en la que las personas son abandonadas sin ayuda”.
El mismo jueves en que la nueva legislación vio luz verde en Polonia, la comisaria Europea de Interior, Ylva Johansson, se mostró “preocupada por los informes sobre personas, incluidas niños, atrapados en bosques en una situación crítica en las fronteras exteriores de la UE con Bielorrusia”, según contó en redes sociales. Johansson anunciaba también que convocaría ese mismo día una reunión con los embajadores de Polonia, Letonia y Lituania y el Servicio Europeo de Acción Exterior para discutir posibles caminos a seguir. Esta reunión aún no ha tenido lugar.
La comisaria sueca tampoco se ha pronunciado directamente sobre la nueva legislación polaca, pero expresó su opinión hace un par de semanas, tras reunirse con el ministro del Interior de Polonia, Mariusz Kamiński: “He planteado la importancia de que las autoridades polacas garanticen de forma transparente que cualquier legislación, política o práctica en la frontera entre Polonia y Bielorrusia se ajuste plenamente al acervo de la UE”.
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