El Partido Popular (PP) se ha movilizado contra las macrogranjas en, al menos, 37 municipios. En 16 de ellos a través de la aprobación de normas municipales. Además, han apoyado mociones oponiéndose a este modelo de ganadería en 21 consistorios más, de los cuales 14 están dirigidos también por alcaldes del PP, según datos recopilados de las plataformas y asociaciones vecinales contra las macrogranjas. La mayoría se encuentran en Castilla y León, cuyo presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha arremetido contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por afirmar que estas explotaciones “contaminan” y producen carne de “peor calidad” que la resultante de la ganadería extensiva. Los populares también firmaron una declaración institucional hace poco más de un año en la Diputación Provincial de Palencia —en la que gobiernan— donde expresaron que “no apoyaban” la implantación de 14 grandes granjas ganaderas.
Milagros Marcos, portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, anunció el pasado 6 de enero que presentarían mociones “en toda España” —comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos— para exigir “el cese de Garzón” y la “defensa de los profesionales afectados”. Sin embargo, el propio partido ha aprobado normas municipales en contra de estas macroexplotaciones en, al menos, 16 consistorios. El presidente de la formación, Pablo Casado, ha defendido la postura de estos municipios argumentando que “dentro del partido” no ha habido “una directriz” para que los ayuntamientos aprobaran la construcción de nuevas macrogranjas.
Las medidas aprobadas por los distintos municipios regulan aspectos que afectan directamente a la construcción de nuevas instalaciones. Por ejemplo, a través de la regulación del vertido de residuos de origen ganadero, la suspensión de licencias para su edificación o la modificación del Plan de Ordenanza Municipal para impedir la contaminación del suelo y los acuíferos. En declaraciones a EL PAÍS, fuentes de estos ayuntamientos argumentan que sus medidas no responden a “cuestiones políticas”. “En nuestro caso consideramos que había suficientes cabezas de ganado en el municipio y debían repartirse por el resto de la provincia, porque cabemos todos”, asegura Carlos Arteche, alcalde popular de Carboneras de Guadazón (Cuenca), uno de los pueblos que aprobó una ordenanza para limitar el vertido de residuos de origen ganadero con los votos a favor del PP y el PSOE ante la “presencia de nitratos” en el agua potable.
13 ayuntamientos castellanoleoneses del PP firmaron una declaración conjunta el 7 de marzo de 2020 junto a otros gobiernos municipales de distinto color político, con el objetivo de expresar su “oposición a la red de macrogranjas que se quiere instalar” en distintas zonas de la autonomía. También solicitaron al Gobierno autonómico de Mañueco el “decreto de una moratoria” en la concesión de los permisos a la productora cárnica que pretendía edificar nuevas explotaciones.
La Diputación Provincial de Palencia —gobernada por los populares con amplia mayoría— firmó una declaración institucional el 20 de octubre de 2020, con el apoyo de todos los grupos: PP, Partido Socialista, Ciudadanos y el Grupo Mixto —tal y como exigen este tipo de declaraciones—. En ella afirman que la Diputación “no apoya el planteamiento de instalación de 14 explotaciones porcinas intensivas”. Asimismo, constatan su “apoyo incondicional a la posición (en contra de las macrogranjas) expresada por los ayuntamientos afectados”, que suman al menos una decena. Por último, “instan” a la Junta de Castilla y León a que “evalúe el impacto ambiental para todos los proyectos de granjas industriales porcinas” que se pretendían edificar en la provincia. Y pide al Gobierno regional de Mañueco que “tome en consideración las alegaciones” presentadas por la Diputación.
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Previamente, el propio Ayuntamiento de Palencia —donde Gobierna Ciudadanos en coalición con el PP— también firmó una declaración institucional junto al resto de fuerzas políticas para solicitar que la Diputación se manifestara contra la construcción de estas 14 explotaciones cárnicas. El escrito va más allá que el aprobado por la Diputación y urge a la Junta de Castilla y León a “no permitir la instalación de las macrogranjas”. Fuentes del Ayuntamiento han asegurado a este periódico que “no están en contra” de este modelo de ganadería, aunque su postura continúa siendo “la misma” que la firmada en la declaración. Defienden que se firmó para que “se cumpliera la ley” porque “había dudas” de que los proyectos de las explotaciones fueran a respetar la normativa medioambiental.
El PP de Palencia anunció a través de Twitter que iba a presentar mociones en todos sus ayuntamientos y diputaciones para “exigir el cese de Garzón” y la “rectificación de [Pedro] Sánchez”, presidente del Gobierno.
Los populares también han secundado iniciativas contra este tipo de ganadería en consistorios con alcaldes del PSOE. En la ciudad de Albacete y en su Diputación Provincial, PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos firmaron una declaración unánime para constatar su “apoyo a los municipios para evitar la instalación de modelos de explotaciones ganaderas no sostenibles”. En el texto señalan también las “posibles afecciones a la salud pública” de las poblaciones cercanas y los “efectos medioambientales” derivados de estas explotaciones. El PP también ha apoyado normas municipales que han limitado la proliferación de este tipo de granjas en Cieza (Murcia), Pozuelo y Alpera (Albacete) o Albendea y Arguisuelas (Cuenca).
El viernes, durante la visita a una explotación de ganadería extensiva, Pablo Casado aseguró que “no le parece” que la producción intensiva “contamine”, y ha insistido en que esta cumple “una estricta normativa”. Mañueco también ha visitado distintas granjas en los últimos días en “defensa” de los ganaderos de la región ante las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero en Castilla y León.
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