El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acabó ayer dividido tras reunirse para analizar la reforma legal propuesta por PSOE y Unidas Podemos para desbloquear la renovación del órgano. El texto que presentaron los siete vocales que pidieron la convocatoria del pleno, en el que rechazaban la iniciativa de los dos socios de Gobierno, no recibió el voto de ningún otro vocal porque la mayoría alegó que no tenía sentido suscribirlo una vez que el Gobierno ha aparcado su propuesta. En su lugar se votó otro texto que obtuvo 13 votos a favor, cuatro en contra y cuatro en blanco.
El pleno celebrado ayer estaba convocado desde el 19 de octubre, antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que aparcaba la reforma legal para intentar una última negociación con el PP para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. Varios miembros del Consejo intentaron en los últimos días que los siete vocales que pidieron la convocatoria retiraran su solicitud, pero estos lo rechazaron, antes y durante el pleno, y ayer acabó ocurriendo lo que muchos no querían que ocurriera: se sometió a votación un texto que censuraba una reforma legal que, hoy por hoy, no está en marcha, y el resultado de la votación deja un pleno dividido.
El escrito firmado por esos siete vocales (José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona) solo recibió el apoyo de sus promotores. Los otros 14 vocales votaron en contra. El pleno decidió entonces someter a votación una declaración en la que se da cuenta de la propuesta de reforma legal y de su posterior paralización, por lo que se considera que, “en este momento, no es necesario llevar a cabo una manifestación expresa” de la opinión del Consejo sobre la proposición de ley.
Pero el Consejo “expresa su preocupación a fin de que cualquier reforma de la LOPJ que se lleve a cabo sea exquisitamente conforme con la Constitución y con el Derecho de la Unión Europea” y anuncia que se “mantendrá atento” a lo que ocurra y “expresará su opinión fundada” en caso de “que se retome o que se plantee” una reforma contraria a la Constitución. Con este texto, el órgano deja entrever cuál era su posición ante la propuesta de PSOE y Unidas Podemos. Fuentes del órgano aseguran que durante el pleno se evidenció que 18 de los 21 miembros estaban en contra de la reforma legal. En el texto aprobado los vocales piden expresan también que la renovación del órgano “debe llevarse a cabo a la mayor brevedad posible, contribuyéndose de esta manera a la plena normalidad constitucional”.
La declaración finalmente aprobada recibió el apoyo de 13 vocales (los conservadores Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, José María Macías y Wenceslao Olea, además del presidente, Carlos Lesmes, y dos de los que habían promovido la declaración contraria a la reforma, Ballesteros y Carmona; y los progresistas, Mar Cabrejas, Roser Bach, Victoria Cinto, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Rafael Mozo). Cuatro de los siete conservadores que habían forzado el pleno votaron en blanco (Díaz, Fernández, Martínez Moya y Martínez Tristán y presentaron un voto particular), mientras que tres progresistas (Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda) y Nuria Díaz se posicionaron en contra.
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