El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confía en tener listo un nuevo paquete de nombramientos discrecionales, tres de ellos de magistrados del Tribunal Supremo, para someterlos a aprobación en el próximo pleno, previsto el 25 de febrero. Los vocales, según varios miembros del órgano, trabajan con la posibilidad de que sean las últimas designaciones que efectúe el actual Consejo en el caso de que el PSOE y Unidas Podemos consigan aprobar antes de finales de marzo —cuando se celebrará el siguiente pleno— la reforma legal que le quita al Poder Judicial la competencia para hacer este tipo de nombramientos una vez que caduque su mandato, situación en la que se encuentra el actual órgano desde diciembre de 2018.
Las fuentes explican que hay más de una decena de plazas vacantes o pendientes de renovar y que la intención es cubrirlas. El órgano trabaja con la idea de llevar al pleno de febrero un listado que, según estas fuentes, puede abarcar ocho designaciones, entre ellas dos plazas de magistrados de la Sala I (de lo Civil) del Tribunal Supremo, cuyos aspirantes están compareciendo esta misma semana ante la comisión permanente del CGPJ para exponer su proyecto.
Puestos en el Supremo
Los plazos son ajustados para incorporar estos dos puestos al próximo pleno, pero no se descarta. Además, se prevé incluir otra plaza en el alto tribunal, en este caso en la Sala IV (de lo Social). Los nombramientos de magistrados del Supremo se consideran plazas claves porque el elegido conserva el puesto hasta su jubilación, lo que llevó al Gobierno el pasado otoño a sugerir que el Consejo debería abstenerse de seguir cubriendo vacantes en el alto tribunal, algo que fue desoído.
Junto a esos tres puestos en el Supremo, el Consejo trabaja también, según las fuentes, para aprobar en febrero las presidencias de los tribunales superiores de Canarias y País Vasco, la de la Sala Social del País Vasco y las de las Audiencias Provinciales de Almería y Salamanca.
Los vocales no descartan que sean los últimos nombramientos que les dé tiempo a hacer si sale adelante la reforma legal exprés impulsada por PSOE y UP. Miembros del pleno aseguran que, aunque son conscientes de que esta competencia puede tener los días contados, no se van a acelerar los procesos para hacer designaciones que, sin esa amenaza, no se harían ahora.
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