El Consejo del Poder Judicial no permanecerá callado ante la reforma exprés de sus competencias, que implicará que no pueda realizar nombramientos mientras permanezca en funciones, con el mandato caducado, como ocurre ahora. Se ha iniciado la movilización entre los vocales críticos con las reformas impulsadas por las fuerzas representadas en el Gobierno de coalición, PSOE y Podemos. El criterio mayoritario es que hay que acudir ante instancias europeas para denunciar el recorte de atribuciones del Consejo ante la falta de acuerdos políticos para renovarlo. La idea que ha empezado a abrirse paso es la de acudir por carta ante la propia presidenta de la Comisión Europea o ante el comisario de Justicia.
En el Consejo conviven ahora tres tipos de sensibilidades ante las reformas propuestas en los últimos meses para conseguir la renovación del Poder Judicial. Un primer sector, duro, compuesto por un tercio de los vocales, es partidario de respuestas rotundas ante estas iniciativas. Otro grupo equivalente, inclinado a realizar críticas y protestas, pero evitando todo exceso. Y por fin otro bloque, ya minoritario, más comprensivo ante los esfuerzos del Gobierno para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, dada la negativa del PP a cerrar acuerdos en esta materia.
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Los dos primeros sectores están uniendo fuerzas en cada pleno para desbloquear los nombramientos y proveer las plazas vacantes. Ambos grupos han iniciado contactos para que en el próximo pleno, el día 28, pueda aprobarse una iniciativa en contra de la reforma exprés que persigue limitar las funciones del Consejo una vez caducado su mandato. En expresión de uno de los vocales, “hay consenso en que debe haber algún tipo de respuesta, pero nos falta acordar cómo y ante quién”.
El criterio más extendido entre la mayoría de los vocales es que hay que enfocar la denuncia hacia las instancias europeas, porque la protesta interna no tiene prácticamente efectos. De ahí que se haya puesto sobre la mesa la idea de acudir directamente ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o ante el comisario de Justicia de la UE, el belga Didier Reynders. Otras propuestas, como las de actuar en ámbitos del Consejo de Europa o específicamente de la Comisión de Venecia, también han sido mencionadas, pero están teniendo menos eco.
El camino que se escoja dependerá de la negociación entre los vocales, con la probable intervención final del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, habitualmente interesado en alcanzar fórmulas de compromiso, con consenso. El precedente inmediato es la declaración aprobada el pasado 17 de diciembre por 16 de los 21 miembros del pleno para reclamar que el órgano de gobierno de los jueces sea oído durante la tramitación de la ley impulsada por el PSOE y Podemos. Dicho texto argumentaba que “la trascendencia constitucional” de la proposición y “la exigencia” de que respete el derecho de la Unión Europea “demandan” que “deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados”, empezando por “el propio Consejo y por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia –Consejo de Europa–)”.
Otro grupo de cinco vocales respaldó un comunicado alternativo en el que se subrayaba en obvia alusión al PP que “obstaculizar” la renovación del Consejo “es un grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español, que contribuye al desprestigio de las instituciones” de un modo “artero e irresponsable”. Este sector está ahora a la expectativa, para fijar posición en función de la intensidad que alcancen las propuestas de la mayoría. En todo caso, su voluntad es reincidir en que la causa de las reformas propuestas sigue siendo la injustificable falta de renovación del Consejo, por carecer el PP de voluntad negociadora.
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