Nueva batalla política entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace más de tres años. Esta vez el centro de la polémica es la ley de vivienda, una norma estrella de la coalición, que fue básica para pactar los Presupuestos, y que el Gobierno tenía previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros.
La ley sufrirá un nuevo retraso de varias semanas porque el CGPJ, dominado por una amplia mayoría conservadora, rechazó este viernes por 15 votos a 6 el informe presentado sobre este anteproyecto, que avalaba la iniciativa del Gobierno al considerarla ajustada a la Constitución, aunque con numerosas críticas por las imprecisiones e imprevisiones del texto.
Frente a esta tesis, que defendía el ponente, el progresista Álvaro Cuesta, se impuso una enmienda global a la propuesta del Ejecutivo, al estimar la mayoría del órgano de gobierno de los jueces que el anteproyecto supone “un mensaje que no es admisible en términos constitucionales”, porque invade las competencias de las comunidades autónomas en la materia.
El Gobierno se indignó ante la decisión del CGPJ, con el que ha tenido varias tensiones en los últimos meses. El Ejecutivo, en fuentes del ministerio de Transportes, máximo responsable de la norma, dijo que “respeta” la decisión pero “lamenta el retraso de la tramitación de una norma que garantizar derechos y aporta soluciones a los problemas habitacionales de muchos españoles”. El Gobierno recuerda que “el informe se solicitó el 1 de diciembre, por trámite de urgencia, para que fuera emitido en el plazo de 15 días”. Esto es, el informe ya iba con mucho retraso y ahora tendrá aún más. Pero el Ejecutivo, en estas fuentes, ya deja claras sus intenciones políticas con una frase: “el informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante”.
El Gobierno esperará ahora al nuevo texto que se aprobará en un pleno previsto el día 27, sin duda mucho más duro con la norma, pero su intención política es la de mantener la ley tal como estaba lista para el Consejo de Ministros de este martes. El pacto entre el PSOE y Unidas Podemos para esta norma costó mucho y ahora todos estaban satisfechos internamente con la redacción.
La norma, que ahora se retrasa a febrero, irá luego al Congreso y ahí se discutirá. “Las leyes aún las hace el poder legislativo, aunque pese a algunos”, señalaba molesto un miembro del Ejecutivo en referencia a que es el Congreso el que debe enmendar una norma como esta y no el CGPJ.
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El Gobierno aseguró que “esta ley será una realidad que llegará pronto al Parlamento para su aprobación definitiva y que contará con todas las garantías y plena seguridad jurídica”.
El progresista Cuesta quedó desplazado como ponente y el nuevo informe será realizado por Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, designados a propuesta del PNV y del PP, respectivamente. El principal motivo de la supuesta vulneración de la Constitución que entrañan los planes del Gobierno reside –según la tesis mayoritaria del Consejo— en que más que asegurar el derecho a la vivienda lo que pretende el anteproyecto analizado es “uniformizar (…) de forma exhaustiva, la regulación autonómica” en esta materia.
El informe de Cuesta recibió el apoyo del núcleo duro sector progresista. Según Cuesta —que contó para su dictamen con la colaboración del gabinete técnico del Consejo—, la votación registrada indica que “lo que se ha cuestionado no es el informe sobre la ley, sino la ley en sí misma”.
Lucas consiguió el apoyo mayoritario a un informe alternativo —al que EL PAÍS ha tenido acceso— en el que se sostiene que el Consejo del Poder Judicial “no ha terminado de asumir la realidad del Estado autonómico”. Así se explica —añade— que el informe propuesto avale la iniciativa del Gobierno, para lo que “se contenta” con aludir “a los títulos competenciales de los que dispone el Estado para incidir sobre la vivienda”, cuando se trata de una materia que la Constitución “atribuye a las comunidades autónomas”.
Además, “mezcla constantemente la vertiente jurídico-pública con la que es propia de las relaciones inter privatos distorsionando las categorías jurídicas que establece nuestro ordenamiento civil”. El texto alternativo aprobado por el Consejo también subraya que “el anteproyecto introduce una disciplina agotadora de las facultades y las obligaciones de los propietarios de viviendas en la que, llamativamente, son mayoría los de carácter público administrativo, ámbito en el que se mueven las atribuciones de las comunidades autónomas”. También afirma que el anteproyecto persigue “imponer un modelo de intensa intervención pública en la vivienda que hace irreconocible la configuración del derecho de propiedad que contiene la vigente legislación civil”. El anteproyecto, en suma, deja a juicio de la mayoría del Consejo “un panorama poco alentador”.
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