Pablo Casado quiere “resetear” la acción de Gobierno de Pedro Sánchez si llega a La Moncloa, como si la izquierda no hubiera pasado por el poder. Para ello, el líder del PP prepara una batería de reformas y contrarreformas que deroguen y dejen sin efecto algunas de las principales leyes sociales del Ejecutivo de coalición progresista, pero también la vigente ley del aborto, que fue aprobada hace 11 años por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El PP tiene recurrida la actual ley de plazos en el Tribunal Constitucional y —dicte lo que dicte el tribunal de garantías— derogará la norma para sustituirla por una ley alternativa “de maternidad”, según aseguran fuentes oficiales del partido.
Los populares todavía no han definido el contenido de esa futura ley, por lo que no aclaran si su reforma supondría volver al modelo de supuestos (el aborto es delito salvo en determinados casos) o mantendría de alguna manera el modelo actual de plazos (el aborto, durante las primeras semanas de embarazo, es un derecho de la mujer).
Casado, un político más ideológico que técnico y que ganó las primarias a la presidencia del partido representando al sector más conservador del PP, está decidido a que su Gobierno, si llega al poder, no defraude a la derecha, en contraposición con el enfoque más tecnócrata del último Gobierno del PP. Mariano Rajoy (2011-2018) dejó en el cajón la reforma de la ley del aborto y renunció a derogar la ley de memoria histórica de Zapatero, pero Casado asegura que si se convierte en presidente eso no volverá a suceder. El líder popular avisa de que aprobará de inmediato sus nuevas leyes para sustituir las de la izquierda “con urgencia y decisión, sin que a nadie le tiemblen las piernas para aprobar reformas, ni el pulso para ejecutarlas”, según proclamó en el discurso de cierre de la convención nacional del PP. Además del aborto, el PP quiere sustituir la ley de eutanasia por una ley de cuidados paliativos; derogar la ley de memoria histórica, que sustituiría por una nueva “ley de concordia” cuyo contenido tampoco ha concretado; y derogar la llamada ley Celáa de educación, así como algunos aspectos de la ley trans.
El aborto es el asunto más controvertido para el PP. El debate irresuelto sobre este tema en el principal partido conservador llegó a provocar la dimisión en 2014 del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, precisamente porque Rajoy renunció a llevar adelante, tras impulsarla, la reforma de la ley. El presidente popular retiró su propia iniciativa, que quería volver a un sistema más restrictivo que el de 1985, por la contestación social que encontró y por el debate interno en el PP.
Rajoy dejó sin modificar la actual ley de plazos, que permite a las mujeres interrumpir libremente su embarazo en las 14 primeras semanas de gestación, pero Casado sí quiere hacerlo si llega al poder, según aseguran en el PP. Y lo hará, afirman en el partido, aunque el Tribunal Constitucional declare que la norma vigente es constitucional. “Ya diga el tribunal una cosa o la otra, cuando lleguemos a Gobierno vamos a impulsar una ley alternativa”, dicen fuentes populares. Desde la dirección del PP subrayan que sustituirán “las leyes radicales de Sánchez por leyes en positivo”, y eso será así “diga lo que diga el Tribunal Constitucional”, como una acción “en paralelo”.
Lo que el PP no tiene claro aún es qué diría esa ley alternativa. Los populares aseguran que están trabajando en su propuesta, que sería una norma “en positivo” y que legislaría “a favor de la vida”, incluyendo medidas para fomentar la maternidad. Pero no aclaran si eso significa una vuelta al sistema de supuestos tasados para abortar o incluso a un modelo más restrictivo como el que pretendió Gallardón. Tampoco descartan una derogación parcial y no total de la vigente ley.
Lo único que ha dicho Casado al respecto es que pretende aprobar medidas de fomento de la natalidad y que no quiere “hablar otra vez del Código Penal”, según declaró en una entrevista en El Mundo, lo que sugiere que está a favor de despenalizar el aborto, al menos en algunos supuestos. En su discurso en el cierre de la convención de Valencia, el líder del PP subrayó que el PP defiende “la cultura de la vida, con ayudas y sin castigos, como política social y no penal”. En pleno debate sobre los obstáculos que las mujeres siguen encontrando en España para poder abortar incluso en los plazos permitidos por la ley, Casado habló en Valencia de la cultura de la vida, el término con el que se identifican los antiabortistas, manejándose en una calculada ambigüedad.
La eutanasia es otro tema delicado para el PP. Los populares han recurrido la ley al Constitucional, y avisan de que si llegan al Gobierno la sustituirán por una “ley de cuidados paliativos alternativa” que no contempla el derecho a decidir la propia muerte en casos similares al de Ramón Sampedro, que no tenía ninguna enfermedad pero al que su parálisis le causaba una situación que él consideraba intolerable. La eutanasia provoca debate interno en el PP y, como informó EL PAÍS, varios presidentes autonómicos populares creen que el partido no debería abrir ese melón y consideran que la norma vigente “es una ley que va a asumir con normalidad la sociedad”.
El recurso popular pide impedir el aborto por malformación fetal
El recurso que el PP presentó en 2010 ante el Tribunal Constitucional contra la vigente ley de plazos del aborto, que los magistrados se preparan para abordar en los próximos meses, se opone a que la malformación fetal sea un motivo para permitir a una mujer abortar. Este supuesto existe desde hace 36 años —desde la primera ley que despenalizó el aborto en 1985—, pero los populares discrepan de él en el texto del recurso con términos durísimos, equiparando el aborto de un feto con graves anomalías a las leyes de exterminio y esterilización nazis, o asimilándolo a la discriminación por motivos de raza.
“Esos casos de aborto eugenésico”, decía el recurso sobre el supuesto de anomalía fetal en la versión de 2010, “no pueden dejar de recordarnos teorías eugenésicas —de infausto recuerdo cuando fueron objeto de aplicación en la historia— que defendieron las tesis de ‘vidas que no merecen la vida’ (lebensunwertes Leben) o ‘vidas que son una carga’ (Ballastexistenzen)”. Esos términos —que el PP recogía en alemán— los utilizó la Alemania nazi para justificar el exterminio o esterilización de un sector de la población.
El texto se centraba en atacar el elemento troncal de la ley de Zapatero: la idea de que el aborto es un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de embarazo, y no un delito despenalizado en ciertos supuestos, que era lo que estableció la ley de 1985. Los populares pedían volver a ese sistema de supuestos de 1985; pero, al analizarlos, proponían ya eliminar uno de ellos: el que permite abortar —en distintos plazos— por malformación, anomalía, discapacidad o enfermedad gravísima del feto.
Cuando los populares recurrieron la ley, el supuesto de malformación fetal ya había sido avalado por el Tribunal Constitucional en 1985 y el PP de José María Aznar no lo eliminó en los ocho años de Gobierno (1996- 2004). No obstante, en 2010 el PP volvió a la carga con el argumento de que la sentencia del Constitucional, según interpretaban, respaldó el supuesto en los años ochenta porque entonces el Estado no podía asegurar que los niños nacidos con graves problemas de salud fueran “adecuadamente atendidos”. Pero en 2010, argumentaban los populares, había muchos más recursos, e incluso una Ley de Dependencia, y por tanto ya no había cabida para el supuesto de aborto por malformación.
Mariano Rajoy, que llegó al Gobierno un año después de que el PP registrara el recurso en el Constitucional, tampoco modificó a lo largo de sus dos mandatos la ley del aborto. Lo mismo ocurrió con el matrimonio gay, que los populares recurrieron al Constitucional y tampoco modificaron una vez los jueces dijeron que la norma vigente no presentaba ningún problema con la Constitución española.
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