El Tribunal Especial para Kosovo ha iniciado este miércoles el juicio contra Salih Mustafá, de 49 años, excomandante del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK). De etnia albanesa, Mustafá está acusado de asesinato, detención ilegal, crueldad y tortura de prisioneros perpetrados en abril de 1999. “Soy inocente de los cargos presentados por esta oficina de la Gestapo”, ha dicho ante los jueces, en referencia a la policía secreta nazi. Después, ha declinado estar presente el resto de la vista.
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Este es el primer juicio desde que, en 2015, se creara el tribunal para juzgar los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos supuestamente entre 1998 y 2000 durante el conflicto que enfrentó a la guerrilla del ELK con las tropas serbias de la extinta República Federal de Yugoslavia para lograr la independencia, declarada unilateralmente en 2008. Kosovo era una región de Serbia y la contienda terminó en 1999 con la retirada de las tropas del expresidente Slobodan Milosevic tras los bombardeos de la OTAN.
En el conflicto armado desatado entre Serbia y Kosovo se produjeron violaciones en masa de los derechos humanos y la lucha causó unos 10.000 muertos y cerca de un millón de refugiados. El tribunal se rige por la justicia internacional incorporada a la legislación kosovar y está ubicado en La Haya (Países Bajos) a petición de la fiscalía, que busca proteger a los testigos. Varios de los acusados son considerados héroes por sus compatriotas.
Vestido con ropa deportiva y una camiseta rojiza, Mustafá ha escuchado las alegaciones de los fiscales balanceándose a ratos en su silla, con sonrisas y gestos de sorpresa, en función de las imágenes que se mostraban para ilustrar el caso. Cuando fue detenido el año pasado, era consejero del Ministerio de Defensa kosovar y había aparecido en varias imágenes con su antiguo uniforme de campaña.
El fiscal jefe, Jack Smith, ha explicado que los miembros del ELK eran de etnia albanesa y ha recordado que las víctimas “eran compatriotas albanokosovares que entorpecían los planes de los guerrilleros por sus distintas opiniones políticas, lo que les valió para ser acusados de colaborar con el enemigo”. Mustafá dirigía un grupo de entre 500 y 600 subordinados que operaban a unos 20 kilómetros de la capital, Pristina, y los hechos que se someten a juicio ocurrieron entre el 1 y el 19 de abril 1999. Durante esos días, el excomandante y sus hombres mantuvieron en régimen de detención ilegal al menos a seis personas en un establo. “Fueron privados de agua, alimentos, aseos, camas y atención médica. Recibieron golpes y descargas eléctricas, y se les hicieron quemaduras”, ha relatado Smith. También fueron sometidos a tortura psicológica, “con amenazas de muerte, humillaciones, intimidación, acoso y confesiones conseguidas a la fuerza”.
Acusado de ser miembro de una “empresa criminal conjunta”
La acusación ha señalado la responsabilidad criminal de Mustafá porque “cometió los crímenes, o bien instigó y fue cómplice de los mismos, como miembro de una empresa criminal conjunta”. En su turno de alegaciones, Anni Pues, representante de las víctimas, ha recordado que estas “han sido ignoradas o marginadas mientras que los guerrilleros del ELK son presentados como héroes”. Asimismo, ha puntualizado que “no se juzga la lucha por la independencia, aunque hay otra lectura de la gloriosa guerra de liberación de Kosovo”.
La expresión “empresa criminal conjunta” ha generado rechazo en los medios de comunicación kosovares, que lo consideran una forma de sugerir que el ELK era una organización criminal. Sin embargo, el fiscal Smith ha respondido a las críticas aduciendo que ignoran que se trató de “una guerra limpia en busca de la independencia, y por lo tanto el ELK no podía errar”. Al contrario, ha añadido, “esta es una oportunidad de demostrar a la comunidad internacional que se puede hacer justicia y contribuir a la comprensión de lo ocurrido y a la posible sanación de las heridas”.
Entre los miembros del ELK a la espera de juicio figura el expresidente kosovar, Hashim Thaçi, que dimitió en noviembre de 2020, después de que este mismo tribunal confirmara las acusaciones en su contra por crímenes de guerra cometidos entre 1998 y 1999, cuando fue comandante de la guerrilla. La fiscalía le considera responsable de cerca de un centenar de muertes de civiles, entre ellos albanokosovares, serbios, miembros de la comunidad romaní y rivales políticos. También de participar en torturas, persecuciones y desapariciones forzadas.
En 2010, el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU concluyó que la declaración de independencia de Kosovo “no viola el derecho internacional general”, para luego subrayar “la excepcionalidad de la situación que precedió la secesión kosovar en 2008”. En 2011, un informe del Consejo de Europa señaló a los guerrilleros del ELK por haber traficado con los órganos de sus prisioneros serbios. Está previsto que la fiscalía presente su caso contra Salih Mustafá —16 testigos incluidos— hasta octubre. A partir de entonces podrá abrirse el turno de la defensa.
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