El PSOE ha aceptado finalmente, tras múltiples presiones al Gobierno tanto de algunos de sus socios principales en el Parlamento como de los partidos en la oposición, que el polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo acuda a comparecer a la comisión de investigación Kitchen, sobre el uso irregular de medios desde los ministerios del Interior de los Gobiernos de Mariano Rajoy para tapar casos de corrupción del PP. El PSOE ha esperado hasta la reunión de la comisión este jueves, tras el pleno, para corregir su posición de partida y asumir el argumento de que la presencia de Villarejo puede ser polémica y ruidosa, pero también clave para esclarecer cómo se montó esa operación que llegó a promover el espionaje desde Interior al extesorero nacional del PP Luis Bárcenas. La solución se encontró en que todos los partidos votaron el planteamiento del PNV para citar a Villarejo y al comisario García Castaño. El listado planteado por el PSOE con otros comparecientes también salió adelante con el apoyo de Podemos.
La propuesta de comparecencias del PNV que este jueves Vox impulsó también como propia era muy escueta y sencilla, para comenzar. Y concitó todos los votos a favor. Los nacionalistas vascos solo querían, de entrada, que acudieran a la comisión por un lado Villarejo, como la gran pieza central de los entramados de las cloacas policiales del Estado, y el comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, otro de los elementos habituales de esa trama. García Castaño planteó en su última declaración ante el juez Manuel García-Castellón por el caso Kitchen, el pasado 14 de diciembre, que la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy estuvo informada sobre “otros” operativos clandestinos más allá del espionaje a Luis Bárcenas.
Los partidos tenían de plazo hasta este miércoles para presentar sus propuestas de comparecientes a las sesiones de la comisión Kitchen. El PSOE registró la suya y en la misma no estaba Villarejo. El PSOE sí creía conveniente que vaya a la comisión el expresidente del Ejecutivo del PP en aquellos años, entre 2013 y 2016, Mariano Rajoy, pero no muchos más políticos por ahora que los que estaban a cargo del Ministerio de Interior, como el ministro, Jorge Fernández Díaz; los ex secretarios de Estado de Seguridad Francisco Martínez y José Antonio Nieto, y el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.
Los socialistas también proponían llamar a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP entonces, y a su marido, Ignacio López del Hierro, pero sobre todo a comisarios y mandos policiales que participaron supuestamente en la operación de espionaje ilegal a Bárcenas para saber de quiénes recibían las órdenes. El PSOE entendía que citar a Villarejo y concederle la plataforma mediática y política de una reunión en el Congreso ante los principales portavoces de todos los partidos podría resultar un regalo demasiado arriesgado. Y argumentaban que el comisario jubilado podría aprovechar para mentir, intoxicar y provocar ruido más aportar aclaraciones.
Tras la votación en la tarde noche de este jueves, fuentes socialistas precisaron que no es que estuvieran en contra de que acudiera Villarejo, pero en todo caso al final y si se consideraba conveniente ante la información acumulada por la comisión, pero que habían decidido sumarse al final a lo que requerían la mayoría de los grupos: “Si el resto de fuerzas coinciden en lo oportuno de que Villarejo esté en la primera tanda, el PSOE no se iba a oponer porque lo que queremos es que venga a la comisión todo aquel que pueda dar luz y esclarecer lo pasado”. El listado socialista salió adelante con el voto de Unidas Podemos.
Gabriel Rufián, de ERC, reconoció a la salida de la comisión su “satisfacción” por “haber torcido el brazo al PSOE” con una “carambola” política y con mucho esfuerzo y con contactos durante toda la jornada y un poco también a Podemos por permitir la comparecencia del que siempre tilda como “el Vito Corleone” de esta operación. Íñigo Errejón, el portavoz de Más País, abundó en esa idea: “No tenía ningún sentido sacar de la comisión Kitchen al capitán de la corrupción. La presión funciona; Villarejo vendrá”.
Algunos partidos aliados permanentes o habituales del PSOE, como Unidas Podemos, pero también ERC, concedían que ese riesgo de sobreexposición es más que posible con Villarejo, pero razonaban que también se puede provocar con las comparecencias del exministro Jorge Fernández o su ex número dos y ahora principal enemigo en este caso, Francisco Martínez. Y, además, sostenían para intentar convencer a los socialistas que el papel de Villarejo en este caso y en varios relacionados con las llamadas cloacas del Estado le hacía absolutamente imprescindible para conceder algún crédito al trabajo de la comisión.
Dirigentes como Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, y otros de Unidas Podemos, desde el anonimato, confesaron durante este jueves en el Congreso que estaban trabajando en privado y a varias bandas con el Gobierno y el PSOE para que asumieran sus razones. Y aunque las listas de comparecientes ya estaban registradas y cerradas debatían soluciones para consensuar algún tipo de enmienda durante la sesión de trabajo de la comisión en la que se aceptase llamar a Villarejo.
Vox, por su parte, también consideró que la presencia del comisario en sus trabajos en la comisión era “clave y nuclear” y anunció por la mañana, antes de la sesión, que si Villarejo era finalmente vetado, por el PSOE con lo que ellos concluyen como la complicidad de Unidas Podemos, llevarían adelante una iniciativa negociada con el abogado defensor del comisario para interrogarle en la cárcel de Estremera (Madrid) en la que lleva preso desde noviembre de 2017 y que grabarían esa charla y la aportarían íntegra a los diputados.
En una entrevista con EL PAÍS, ya en prisión, Villarejo respondió así cuando se le preguntó por quién le ordenó la Operación Kitchen: “Me lo dicen desde la señora Cospedal hasta el ministro, el secretario de Estado… El único con el que no hablo personalmente es con Rajoy, pero sí a través de intermediarios”.
Podemos, al igual que el PSOE, también quiere escuchar a Rajoy, al extesorero Bárcenas, a su esposa, Rosalía Iglesias, y los otros mandos de Interior, pero también a su exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría —como ha solicitado Vox—, y al general y exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. La formación que lidera Pablo Iglesias incluyó en su último punto de su lista la solicitud para llamar al director de OK Diario, Eduardo Inda, una propuesta que no ha respaldado el PSOE, que no ha querido incluir tampoco a otros representantes de medios de comunicación que han investigado sobre esa operación.
El PP, que es el partido que gobernaba y mandaba en Interior durante el montaje de la Operación Kitchen, se siente ahora liberado de las ataduras con ese pasado, porque sus protagonistas políticos ya no están en primera fila, y metió en su listado a Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017. Pero no introdujo a ninguno de los ex altos cargos populares de aquella época porque entiende que ya asumieron responsabilidades políticas al perder en las últimas elecciones o fueron apartados de sus listas electorales. Lo que sí hizo el PP fue confeccionar una lista con dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos para contrarrestar lo que entienden que es un intento del actual Ejecutivo de fiscalizar desde el Gobierno a su formación, que ahora está en la oposición.
El PP querría que pasasen por la comisión Kitchen, así, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; la dirigente de ese partido y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo; varios ministros actuales y pasados socialistas —como Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), Juan Alberto Belloch (Interior y Justicia) o Mariano Fernández Bermejo (Justicia)—, pero también la fiscal general del Estado, Dolores Delgado (exministra de Justicia), el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y hasta un exjefe policial nombrado por el PSOE que investigó los atentados del 11-M. Los populares solicitaron también la presencia de Marta Flor Núñez y José Luis Calvente, exabogados de Podemos relacionados con la investigación judicial del caso del robo del móvil de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham. Nada de eso se ha tenido en cuenta.
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