El régimen bielorruso recrudece la persecución de sus rivales políticos, estén o no en el país. Un tribunal de Minsk ha condenado en ausencia a varios miembros destacados de la oposición a penas de entre 12 y 18 años de prisión. Entre ellos, la candidata que aunó el voto de la disidencia ante Aleksandr Lukashenko en las elecciones presidenciales de 2020, Svetlana Tijanóvskaya. “Quince años de prisión. Así es como el régimen ha premiado mi trabajo por los cambios democráticos en Bielorrusia. Pero hoy no pienso en mi propia sentencia; pienso en los miles de inocentes que han sido detenidos y sentenciados a prisión en términos reales. No pararé hasta su puesta a libertad”, ha escrito Tijanóvskaya en sus redes sociales tras conocer el fallo contra ella.
La condena se temía de antemano, ya que el régimen impuso sus propios abogados a Tijanóvskaya y al resto de disidentes para su presunta defensa. El exministro de Cultura y exembajador Pavel Latushka, otro de los procesados, fue condenado a 18 años de cárcel. El fallo impone también 12 años a la jefa de campaña de la candidata presidencial, María Moroz; a otra estrecha colaboradora, la politóloga Olga Kovalkova, y al sindicalista Serguéi Dylevsky.
Estas sentencias llegan apenas unos días después de que el Tribunal Supremo dictase 10 años de prisión para el defensor de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz del pasado año, Ales Bialiatski. Latushka, exiliado en Varsovia, se acordó hoy del también director la ONG Viasná: “Tenemos que demostrar que somos más fuertes que el dictador [Lukashenko]: 10 años para Ales Bialiatski. Miles de prisioneros políticos en Bielorrusia. ¿Qué debería hacer Occidente? Ampliar las sanciones contra el régimen, cerrar las fronteras al transporte de mercancías”, afirmaba en Twitter el político y uno de los líderes de la plataforma opositora.
Tijanóvskaya, exiliada en Lituania, y el resto de disidentes han sido declarados culpables de cometer alta traición, conspirar para tomar el poder, abogar por un golpe de Estado, incitar al odio y dirigir un grupo extremista. La dirigente política se postuló en las elecciones presidenciales de 2020 después de que su marido, el activista y candidato Serguéi Tijanovski, fuera detenido, y unificó en su candidatura el voto de toda la oposición.
Pese a la unidad de la disidencia, el Gobierno de Lukashenko anunció unos resultados oficiales rodeados de sospechas: el presidente bielorruso afirmó haber obtenido un 80,1% de los votos frente al 10,1% de la oposición. Las acusaciones de fraude de observadores independientes y ciudadanos desataron unas protestas masivas que pronto fueron sofocadas violentamente por el régimen bielorruso con apoyo del Kremlin. Ningún país occidental reconoció los resultados oficiales de los comicios, y los opositores proclamaron a Tijanóvskaya presidenta en 2022.
La dirigente exiliada había solicitado en enero que le enviasen las pruebas utilizadas en el juicio en su contra, y la respuesta de los magistrados ha sido que regrese a Minsk para familiarizarse con los documentos, lo que supondría su encarcelación inmediata, como ya ha sucedido con otros activistas que no dejaron el país. Su marido, Serguéi Tijanovski, fue condenado en diciembre de 2021 a 18 años de prisión por las acusaciones de provocar disturbios masivos, incitar al odio e impulsar acciones que alteran gravemente el orden público, a los que se sumó otro año y medio por supuestamente desobedecer órdenes ya como reo. Y María Kolesnikova, activista que lideró las manifestaciones opositoras junto a Tijanóvskaya, fue condenada a 11 años de cárcel en el 2021. La disidente rechazó abandonar el país y rompió su pasaporte para no ser expulsada.
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Tanto Tijanóvskaya como Latushka han denunciado que los procesos abiertos en su contra en ausencia violan los derechos humanos básicos y sus libertades. El exministro rechazó el abogado nombrado por Minsk porque consideró que daría una apariencia de legitimidad a un juicio que ha tachado de farsa. Latushka también solicitó una copia de todos los documentos presentados ante el tribunal, pero no ha recibido ninguno relevante.
Según Viasná, la ONG de derechos humanos dirigida por Ales Bialiatski, en Bielorrusia permanecen encarcelados 1.456 presos políticos. Uno de ellos es el propio premio Nobel. Las condenas que se le han impuesto han sido criticadas por Naciones Unidas por consistir en “un uso selectivo de la persecución criminal y una instrumentalización del sistema de justicia por parte de las autoridades bielorrusas para anular todo escrutinio y disidencia frente a sus políticas represivas”.
Tijanóvskaya también lanzó este lunes sus dardos contra los magistrados que sostienen al régimen bielorruso. “(…) Y tampoco quiero pensar en los funcionarios del régimen, en sus jueces y fiscales, en quienes cometen estos delitos. Que piensen mejor en sí mismos porque Lukashenko no les defenderá ante un tribunal real e independiente”, ha subrayado Tijanóvskaya en su canal de Telegram. En esa red social ha advertido a los colaboradores del mandatario de que “los abogados bielorrusos han recopilado una cantidad suficiente de testimonios y [Lukashenko] solo se salvará a sí mismo y a su círculo cercano”. Para ellos tuvo una última pregunta retórica: “¿Debemos proteger a alguien que está condenado al fracaso?”.
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