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El autobombo de Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras conferencias de prensa y consultas populares es secuela de las propias ínfulas y de la presidencia imperial mexicana, palmaria en la propensión a la concentración de poder y la discrecionalidad, enemigas de la institucionalización y los consensos. Considerándose timonel del pueblo oprimido, lo sometió este domingo a un demagógico careo con la Constitución y las leyes, que validó con reparos su confeso admirador, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
La pretendida conversión del tribunal en un instrumento político consigna el sostenido rumbo del mandatario hacia el populismo penal. La consulta, en la que apenas participó el 7% del censo, interpeló sobre la conveniencia de procesar a los cinco últimos presidentes. El enunciado de la pregunta fundamental tuvo que ser modificado porque generaba problemas de constitucionalidad al enganchar las responsabilidades políticas y éticas con las penales.
El apresamiento de la indignación social como coartada, la simpleza de confrontarla con reos de corrupción fue una constante desde Lázaro Cárdenas, en los años treinta, y durante la transición de la dictadura priista a la democracia, formalmente concluida con la alternancia del 2000.
Si se procediera penalmente contra las administraciones anteriores, el juzgamiento de exgobernantes y operadores implicados en episodios de criminalidad, masivas violaciones de los derechos humanos y privatizaciones mafiosas, deparará al tabasqueño la munición para continuar atribuyendo las desgracias nacionales a la rapiña neoliberal de los justiciables.
La investidura del pueblo como fiscalía general responde a la estrategia de agitación y propaganda de un caudillismo encandilado por la liturgia nacionalista y el reduccionismo histórico. La decencia personal de López Obrador en una nación carcomida por la indecencia le hizo presidente, con una mayoría parlamentaria suficiente para generar resultados frente ante una oposición incapaz de articular alternativas y diezmada por el transfuguismo y los antecedentes penales.
Pero los alardes plebiscitarios y los autoritarismos disfrazados de democracia participativa no solucionarán la peor recesión de México desde la década de 1930, ni sanarán la peste de la corrupción y la inseguridad; menos aún rescatarán a los pobres y desprotegidos.
El país necesita un estadista comprometido con los intereses generales, más que un justiciero que acierta en la mayoría de las denuncias, pero desbarra al abordarlas con fórmulas decimonónicas e iniciativas que generan enredos, artificiosidad y nuevas frustraciones. La consulta tampoco puede considerarse una embrionaria Comisión de la Verdad. Si lo fuera, ardería Troya por los cuatro costados, incluida la ralea guarecida en la coalición gubernamental.
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