Las encuestas llevan semanas anticipando un giro político en Irlanda del Norte que justificaría plenamente el uso del adjetivo histórico, del que abusan tan habitualmente los titulares de prensa. El Sinn Féin, durante décadas el brazo político de la organización terrorista IRA y firme defensor de la reunificación de la isla, tiene serias posibilidades de convertirse este jueves, por primera vez en más de 100 años de historia —el territorio británico se constituyó, como ente separado de la recién creada república de Irlanda, el 3 de mayo de 1921— en la formación más votada en las elecciones autónomas.
Aunque en la práctica el resultado derive en una parálisis de las instituciones norirlandesas a la que los ciudadanos están ya resignados, el mazazo emocional y sentimental que puede suponer ese giro para la población protestante tiene consecuencias incalculables. Irlanda del Norte fue una construcción geográfica diseñada en su momento para consolidar por siempre una mayoría probritánica.
Son varios los factores que, combinados, han transformado la realidad de la región. La llegada de la paz y el fin del terrorismo; el puro empuje demográfico de la población católica; la transformación del Sinn Féin en un partido con énfasis en el mensaje social mientras camuflaba sus objetivos republicanos; y un protocolo firmado por Londres y Bruselas, fruto de un Brexit rechazado en su día por una mayoría norirlandesa, que ha sido interpretado por los más radicales como una nueva y casi definitiva piedra sobre la tumba del unionismo.
El último sondeo elaborado por la empresa LucidTalk para el diario The Belfast Telegraph otorga al Sinn Féin, y a su principal candidata, Michelle O´Neill, una mayoría del 26% de los votos, seguida por el principal partido unionista, el Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés), que obtendría un respaldo del 19%. Otras fuerzas probritánicas, como el Partido Unionista del Úlster (UUP) o la Voz Tradicional Unionista (TUV) lograrían, respectivamente, un 13% y un 9%. Es decir, las formaciones protestantes superan aún a las claramente republicanas.
Pero el Acuerdo de Viernes Santo, llamado también Acuerdo de Belfast, es claro en sus instrucciones. Firmado en 1998 para sellar la paz y poner en marcha instituciones autonómicas en la región, obliga a unionistas y republicanos a compartir Gobierno. Las figuras de ministro principal y viceministro principal tienen, en la práctica, el mismo poder, pero un simbolismo netamente diferenciado. Y nunca, hasta ahora, había surgido la posibilidad de que el primer puesto lo ocupara un nacionalista irlandés.
Mientras la comunidad protestante, según la misma encuesta de la empresa LucidTalk, está dividida sobre cuál debería ser la respuesta ante la nueva realidad (un 45% cree que sus representantes deberían rechazar el puesto de viceministro principal; un 44% defiende que se respeten las reglas del juego), la población nacionalista se muestra escandalizada por el anuncio del futuro boicoteo de las normas por parte de sus rivales. Un 90% consideraría “injusto e injustificado” que no ocuparan el asiento.
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Los 25 años de autonomía en Irlanda del Norte han estado llenos de baches y obstáculos. La paz —con matices, porque sigue habiendo olas de vandalismo en las calles y violencia sectaria— no trajo la estabilidad política ni la normalidad. En 2017, fue el Sinn Féin el que abandonó el Gobierno y la Asamblea, después de acusar al Gobierno del DUP de poner en marcha un esquema de corrupción camuflado bajo sus planes de energías renovables. La parálisis duró tres años, y requirió la intervención del Gobierno británico, que amagó con recuperar las competencias en sanidad, educación, justicia o seguridad si no se recomponía la situación entre protestantes y católicos.
Bajo el mando de Arlene Foster, el DUP respaldó el abandono de la UE y boicoteó su coalición parlamentaria en Westminster con el Gobierno conservador de Theresa May. Acabaron traicionados —así han admitido sentirse ahora— por Boris Johnson. Ansioso por lograr el Brexit anhelado, el primer ministro firmó con Bruselas el protocolo de Irlanda del Norte, que retenía a esta región bajo las reglas del mercado interior europeo, a la vez que prometía a sus aliados protestantes que defendería con uñas y dientes la integridad territorial del Reino Unido. En la práctica, se estableció una nueva frontera en forma de controles aduaneros en el mar de Irlanda.
Si la comunidad empresarial norirlandesa ha pedido todo este tiempo reformas y flexibilidad para un protocolo que ha creado fricciones y costes comerciales inesperados, los partidos unionistas y las organizaciones paramilitares que perviven en la región se han conjurado para destruir el tratado firmado con Bruselas. Los primeros, con un nuevo abandono de las instituciones autonómicas el pasado febrero y su promesa de no volver a ellas hasta que el protocolo sea suprimido. Las segundas, con una constante instigación de los jóvenes más radicales para resucitar en los barrios protestantes el fantasma de la violencia callejera.
Los primeros resultados electorales se irán conociendo a lo largo del viernes. Los últimos colegios cerrarán a las 23.00 de este jueves, hora peninsular española. El complicado recuento de las papeletas, con un sistema de opción alternativa de candidatos para que los votos no se desaprovechen, alargará todo el proceso. Pero, sobre todo, es la perspectiva de un bloqueo en las negociaciones para formar gobierno la que ha hecho que cunda el desánimo entre muchos norirlandeses, convencidos de que todo va a seguir igual, por muy histórica que sea la votación. Terceras opciones, como el exitoso partido Alliance (16% de apoyo, según los sondeos), el histórico SDLP (11%) o los Verdes (2%), más preocupadas por la economía o el bienestar social que el sectarismo tribal, han cobrado mucha fuerza en los últimos años, hasta el punto de que muchos en Irlanda del Norte se replanteen la necesidad de modificar la rigidez del Acuerdo de Belfast, que reparte automáticamente el poder entre unionistas o republicanos.
Hay un secreto en voz baja, convenientemente disimulado por el Sinn Féin e histriónicamente aireado por el DUP, que ha estado latente en la campaña. El Acuerdo de Viernes Santo contempla la posibilidad de un referéndum, si Londres lo permite, para decidir la reunificación de Irlanda. Nadie contempla esta realidad en los próximos cinco o diez años. La última encuesta publicada al respecto por The Irish Times señala que un 54% de los norirlandeses que acudieran a votar lo harían en contra de una Irlanda unida, frente al 46% que respaldaría esa opción. El miedo a que ese tsunami se vaya acercando, sobre todo si las consecuencias del protocolo firmado con la UE convencieran a los norirlandeses de que Dublín representa mejor que Londres sus intereses en Bruselas, ha hecho que estos comicios recuperen una tensión que nunca se enterró del todo.
Johnson se enfrenta a un voto de rechazo en las elecciones municipales
Miles de puestos en los Gobiernos municipales de Inglaterra, Gales y Escocia se someterán también a votación este jueves. Las elecciones locales, utilizadas históricamente en parte como un voto de castigo al partido que ocupa Downing Street, han adquirido mucha más importancia este 5 de mayo. Para muchos diputados conservadores serán el modo de medir cuánto magnetismo electoral retiene aún Boris Johnson, después de la irritación que desató entre los ciudadanos el escándalo de las fiestas prohibidas durante el confinamiento.
Una debacle electoral podría precipitar las maniobras internas para derrocar a Johnson, hoy paralizadas para no interferir con la gestión del Gobierno de la guerra en Ucrania. El escándalo nunca se ha desvanecido del todo en los titulares, sobre todo a partir de que se conociera que la Policía Metropolitana había decidido imponer a Johnson una multa por su participación en uno de los eventos con alcohol y sin distancia social en dependencias gubernamentales. Era la primera vez en la historia en la que un primer ministro había infringido la ley en Downing Street. Pero, sobre todo, las encuestas siguen reflejando una profunda rabia de muchos votantes conservadores con el comportamiento de Johnson, en el momento en que muchos de ellos se vieron incluso obligados a no poder visitar —o incluso despedirse tras su muerte— a sus seres queridos.
Algunos sondeos han llegado a vaticinar una pérdida del Partido Conservador de hasta 800 representantes municipales, que pasarían a manos de los liberales demócratas o de los laboristas. En los últimos días, se han suavizado esos pronósticos catastrofistas, pero cualquier pérdida que supere los 350 concejales o cargos municipales volvería a insuflar tensión en la formación que lidera Johnson y sembraría de dudas la posibilidad de que el primer ministro repitiera como candidato en las próximas elecciones generales.
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