La justicia ha cerrado la puerta a cualquier investigación penal sobre la llamada fosa de los maestros. Cinco profesores fueron asesinados a balazos en agosto de 1936 por falanges franquistas y enterrados clandestinamente por los vecinos de Cobertelada (Soria) en uno de los crímenes más documentados cometidos contra el magisterio español. Los restos fueron recuperados 81 años después en la linde de un campo de cultivo, a 21 metros de una carretera. Pero el caso quedará en el limbo. El Supremo ha tumbado el recurso de casación interpuesto por la asociación memorialística Recuerdo y Dignidad contra el archivo de la causa.
Se da así carpetazo a unas actuaciones abiertas en 2016. El Supremo sostiene que no procede la investigación penal por casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil, ya que los presuntos responsables habrían fallecido y los delitos estarían prescritos o amnistiados. “El método de investigación judicial no es el propio del historiador”, incide la sentencia, fechada el 16 de febrero.
Con esta decisión, el Supremo desestima de plano el recurso sin incorporar aportaciones novedosas respecto a la sentencia que dictó en 2012 con motivo del juicio seguido contra el juez Baltasar Garzón por haber promovido investigar las desapariciones en el marco de la Guerra Civil y el franquismo, según explica Iván Aparicio, presidente de Recuerdo y Dignidad. “Es un corta y pega. La sentencia ignora por completo los informes de Naciones Unidas y omite toda referencia al derecho internacional y los derechos humanos”, asegura Aparicio ante una resolución que, en la práctica, significa el archivo de una investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar “los miles de casos de desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil española y la dictadura”.
El Supremo considera “legítima” la demanda de conocer las circunstancias en las que perdieron la vida las víctimas, pero especifica que no se pueden acometer “juicios de la verdad”, es decir, “aquellos que pretenden una reconstrucción parcial de unos hechos, sin intervención del imputado”. Y recalca: “No es posible en nuestro sistema procesal una actividad jurisdiccional de mera indagación sin una finalidad de imposición de una pena”.
La búsqueda y exhumación de los restos de los maestros asesinados a balazos en Soria fue una tarea exhaustiva. Buceando en los archivos, rastreando en los expedientes judiciales y siguiendo pistas familiares de los descendientes, los cinco maestros enterrados en Cobertelada pudieron ser exhumados finalmente en 2017. Uno de ellos era Francisco Romero Carrasco, profesor de Matemáticas, amigo del poeta Antonio Machado y fundador de la Universidad Popular de Segovia. Una investigación minuciosa, con sorprendentes hallazgos, certificó que su hija embarcó hacia Chile en la posguerra y posteriormente se estableció en Vancouver (Canadá). Fue una búsqueda que traspasó fronteras y constató que Romero Carrasco entabló lazos con Odón de Buen, creador del Instituto Español de Oceanografía y catedrático de Historia Natural de la Universidad de Barcelona, que fue apresado e intercambiado por familiares de Primo de Rivera antes de que fuera asesinado uno de sus hijos, Sadí de Buen, médico al que se le debe la erradicación de la malaria en España.
Romero Carrasco y De Buen compartieron familia y, de igual manera, ambos fueron relegados al olvido: uno en el exilio chileno y otro en una cuneta castellana. En abril de 2018 los cuatro nietos del maestro se trasladaron a Soria para recuperar los restos de su abuelo, que fueron enterrados en Santa Marta (Badajoz), su lugar de origen. Recuerdo y Dignidad, en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entregaron sus restos y los de los otros maestros acribillados en Cobertelada (Elicio Gómez Borque, Eloy Serrano Forcén, Hipólito Olmo Fernández, Victoriano Tarancón Paredes) a sus familiares.
La causa ha tenido también un largo periplo por el juzgado de Almazán (Soria) y la Audiencia Provincial. Hasta desembocar en el Supremo. Los jueces de alto tribunal entienden que el recurso presentado por Recuerdo y Dignidad contra el archivo de las investigaciones no debía haber sido admitido a trámite, pero que si lo hizo fue porque tratándose de un tema de prescripción habría que entrar en la materia. Eso a fin de evaluar si, en efecto, es viable o admisible la declaración de lo reclamado en cuanto al contenido del motivo. Y considera que se compaginan mal la declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la Guerra Civil y la subsiguiente posguerra. “El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y solo tangencialmente puede ser satisfecho”, incide.
Recuerdo y Dignidad constata que esta es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre la memoria histórica desde 2012. Y asegura que la sentencia “apuntala la doctrina de los tribunales españoles en esta materia y seguirá consolidando la práctica judicial de archivo de cuantas denuncias se presenten por desapariciones del franquismo”. La sentencia sobre la fosa de los maestros se produce cuando aún está pendiente la nueva ley de memoria histórica.
El anteproyecto, presentado el año pasado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, contempla la creación de una Fiscalía de sala de memoria democrática en el Tribunal Supremo para coordinar el trabajo de justicia y reparación para las víctimas. Y especifica que “el Estado garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil, la dictadura y después de la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución de 1978”. Aparicio confía en que la futura ley elimine “todos los obstáculos legales” para investigar los crímenes del franquismo e incluya “este pilar fundamental” para afrontar las responsabilidades “frente a crímenes que repugnan a toda la humanidad, ocurridos durante el levantamiento militar, la Guerra Civil y el franquismo”. Y reclama que incluya las medidas oportunas para que las víctimas puedan acceder a la justicia.
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