El Tribunal Supremo ha eliminado el último obstáculo que se interponía en los planes de la Administración Trump de denegar el permiso de residencia (green card) a aquellos inmigrantes que se considere que puedan llegar a ser, en algún momento, una “carga” económica para el Estado, al requerir asistencia médica pública o ayudas para la vivienda o la alimentación. Con la sentencia, la norma que hará más difícil obtener la residencia a solicitantes con menos recursos entra en vigor en todo el país. Igual que en otro caso similar el mes pasado, los magistrados conservadores se han impuesto por cinco votos a cuatro.
El viernes por la noche, horas después de conocerse el fallo, la juez progresista Sonia Sotomayor publicó un duro voto particular, en el que denuncia que la Administración Trump recurre con demasiada frecuencia al Supremo, alegando situaciones de emergencia, para desbloquear políticas controvertidas. Y acusa a sus compañeros los jueces conservadores de la más alta instancia judicial de alinearse con demasiada facilidad con un Gobierno que muestra impaciencia.
“Es difícil decir qué es más preocupante: que el Gobierno recurra a este recurso extraordinario como habitual o que el tribunal lo conceda”, escribe Sotomayor. “El comportamiento del tribunal”, denuncia la juez, ha beneficiado a “un litigante sobre todos los otros”.
Las críticas de Sotomayor cobran especial relevancia en un curso en el que el Tribunal Supremo, con una mayoría más conservadora desde el nombramiento del juez Brett Kavanaugh en verano de 2018, tiene sobre la mesa asuntos de enorme calado social y político. Desde la inmigración, con el caso de los derechos de los dreamers (inmigrantes que llegaron ilegalmente al país siendo menores de edad), hasta el aborto, pasando por los derechos de los homosexuales, las armas, e incluso los esfuerzos del propio Donald Trump de ocultar sus finanzas personales.
La resolución del Supremo es una victoria para la Administración Trump. La Casa Blanca expresó el sábado su “gratitud” por la sentencia. “Este fallo firme protegerá a los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro, salvaguardará los programas de seguridad social para los estadounidenses que de verdad los necesiten, reducirá el déficit federal y restablecerá el principio legal fundamental de que los recién llegados a nuestra sociedad deben ser financieramente autosuficientes y no depender de la necesidad de los contribuyentes de Estados Unidos”, dice el comunicado difundido por la secretaría de prensa.
La normativa se publicó el pasado verano, y una serie de activistas, así como varios Estados, se opusieron de inmediato a una iniciativa que transforma la inmigración legal, y acudieron a los tribunales. El fallo del viernes corrige la decisión de un juez de una instancia inferior de bloquear la nueva normativa sobre permisos de residencia en el Estado de Illinois. El mes pasado, el Supremo había decidido también levantar el bloqueo, ordenado por un juez de Nueva York, de la normativa para el resto del país. La litigación continúa con otros casos, pero los servicios de inmigración y ciudadanía han asegurado que la implementan ya desde este lunes.
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