El único órgano facultado para pronunciarse sobre “Ley Bonilla” es la Corte, recuerda Arturo Zaldívar

El ministro presidente publicó un tuit luego de las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la legalidad de la “Ley Bonilla”.

“Ante tantas expresiones, no sobra recordar que el único órgano facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla” es la #SCJN“, afirmó vía Twitter el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, luego de que se difundieron declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre el tema.

En un mensaje publicado a las 19:00 horas del viernes 1 de noviembre, Zaldívar afirmó: “ante tantas expresiones, no sobra recordar que el único órgano facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla” es la #SCJN. Determinación que se tomará en su momento, con total independencia y libertad de cada uno de sus integrantes”.

Por la madrugada de este viernes, luego de la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California, Sánchez Cordero se reunió con él y dijo que la llamada “Ley Bonilla” es legal; “para mí la norma va a pervivir”, añadió.

Sus declaraciones fueron captadas en una transmisión en vivo que hizo de la reunión el equipo del gobernador y luego de ser compartidas ampliamente en redes sociales, Sánchez Cordero precisó en un tuit que es “respetuosa de las jurisdicciones” y que opinó que la “Ley Bonilla” es legal “porque hay una norma vigente del Congreso del estado que así lo establece”.

El problema radica en quien está legitimado para promover la acción y en su caso será la @SCJN  (Suprema Corte de Justicia de la Nación) quien decida”, agregó la titular de la Segob.

La Corte actualmente da trámite a diversas acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la “Ley Bonilla”, cuyo fin fue establecer que el periodo de gobierno de Bonilla Valdez será de cinco años y no de dos, como se estableció originalmente.

El jueves 31 de octubre, horas antes de la toma de protesta de Bonilla Valdez, la Corte admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por el instituto político local Partido de Baja California, en contra de la llamada Ley Bonilla.

Ese mismo día, el Instituto Nacional Electoral, pese a que carece de facultades explícitas para ello, presentó una acción de inconstitucionalidad, argumentando que la norma contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.

El 24 de octubre, la Corte admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PRI, PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano.




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