Los científicos han logrado crear algo muy parecido a un embrión humano de una semana a partir de simples células de la piel de un donante, en un buen ejemplo de las cosas que se están escapando del foco de la atención pública por culpa de la pandemia. El avance es imperfecto, como reconocen sus propios autores —los embriones son seguramente inviables para producir un embarazo, no hablemos ya de generar un bebé—, pero convierte la creación de un embrión humano perfecto en una mera cuestión técnica. La bioética debe estar a la altura.
Los juristas y los legisladores se enfrentan aquí, y más en general en el conjunto de la medicina regenerativa, a una prueba de velocidad en la que hasta el momento ha dominado el ritmo del avance científico. La regulación no solo responde tarde a los descubrimientos, sino también mal, porque sus usos parsimoniosos y garantistas producen unas normas rígidas y miopes que al poco tiempo se revelan innecesarias, o incluso como un estorbo. Es justo lo que ocurre ahora con una frontera sagrada que impide a medio mundo investigar con embriones de más de 14 días. Es como admitir que un embrión más viejo que eso tiene estatus y protección de individuo, lo que no tiene ningún soporte empírico. Los investigadores del sector y algunos juristas creen que esa frontera arbitraria debe eliminarse, porque está estorbando el avance del conocimiento a cambio de nada. La sociedad debe implicarse en el debate.
El objetivo a corto plazo de estas investigaciones es acceder a las incógnitas que aún plantea la formación de un embrión humano, explorar las causas de la infertilidad y los mecanismos de las enfermedades congénitas. Nadie pretende clonar a Fu-Manchú ni demostrar la inexistencia de Dios —dos proyectos poco financiables—, sino mejorar la medicina y aliviar el sufrimiento humano. La actividad legislativa debe responder con rapidez, cintura y unas normas lo bastante adaptables para durar unos cuantos años.
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