En 7 años, más de 200 desaparecidos en Chilapa; homicidios pasaron de 32 a 275: informe especial de CNDH

En ese periodo el Ejército realizó 217 operativos y sólo detuvo a 28 personas.

El número de homicidios en Chilapa de Álvarez, Guerrero, aumentó de 32 en 2011 a 275 en 2017 y en ese mismo periodo desaparecieron más de 200 personas, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en un informe especial sobre aquel municipio.

Este jueves la CNDH presentó un informe sobre la violencia que impera en Chilapa de Álvarez, considerado como la puerta de entrada a la región de la Montaña, donde se produce amapola, y donde desde diciembre de 2009 existe una confrontación centre distintas células de cárteles que buscan el poder económico y el control de la zona.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 9 de mayo de 2015, recordó la Comisión, cuando un grupo de 300 personas que se identificaron como autodefensas entraron al municipio y tomaron por la fuerza las instalaciones de la Policía Municipal, reteniendo a 11 servidores públicos.

“Los testimonios rendidos por habitantes de Chilapa ante visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, coinciden en señalar que el 9 de mayo de 2015, personas de diferentes comunidades del municipio de Quechultenango, Guerrero, que portaban armas de alto poder, se hicieron pasar por policías comunitarios y llegaron a la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez, manifestando que su presencia era con la finalidad de combatir a la delincuencia organizada en la región”, añadió en su informe especial.

Desde entonces, varias personas continúan desaparecidas como resultado de aquella violenta incursión.

En total, 247 personas han sido desaparecidas en Chilapa de Álvarez de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2018. En ese mismo periodo 78 de las personas desaparecidas fueron localizadas por la FGE: 67 sin vida y 11 con vida.

En cuanto a fosas clandestinas y cadáveres exhumados la FGE informó a la CNDH en dos respuestas distintas correspondientes al mismo periodo, 2011 a 2017, que encontró entre 9 y 12 fosas clandestinas con entre 37 y 41 cadáveres.

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La CNDH también alertó en el informe sobre la pobreza y las precarias condiciones del sistema educativo en Chilapa. El 69.7  por ciento de la población vive con dos o menos salarios mínimos diarios y durante el ciclo escolar 205-2016 la falta de personal docente en los planteles educativos ocasionó que 900 niños no pudieran cursar el nivel preescolar.

“Para esta Comisión Nacional resulta sumamente preocupante la magnitud que ha alcanzado, no solo el clima de violencia que actualmente impera en Chilapa de Álvarez, Guerrero, sino también las precarias condiciones en que viven sus habitantes respecto al ejercicio de sus derechos humanos a la educación, al trabajo, a la salud y a la seguridad social”, expresó la CNDH.

El acceso a la justicia también es un grave problema en Chilapa. A principios del año 2018, destacó la Comisión, dicha localidad conformada por 752.67 kilómetros cuadrados, solamente contaba con cinco agentes del Ministerio Público y cada uno de ellos debió investigar las conductas delictivas cometidas en contra de 25 mil 973 personas y abarcar un promedio de 150.53 kilómetros cuadrados.

En este escenario en mayo de 2019 se difundieron videos que mostraban a niños practicando el manejo de armas de fuego y a mujeres armadas, para defenderse de los criminales. “En ambos videos se advierte que las personas que transmitieron los mensajes leen sus consignas en escritos previamente redactados, lo que pudiera suponerse que algún grupo de personas u organización les solicitó realizar las grabaciones, lo agravante de estas acciones es que se empleen a menores de edad y mujeres para llamar la atención de las autoridades”, alertó la CNDH.

217 operativos del Ejército, solo 28 detenidos

En otro apartado del informe, la Comisión informó sobre los pobres resultados de los operativos realizados por el Ejército en ese municipio guerrerense.

Con el objetivo de “reducir la violencia en el país”, el Ejército realizó en 2011 cinco operativos con 134 elementos y aseguró 13 armas largas, 3 armas cortas, droga y varias docenas de cohetes y cohetones preparados; ninguna persona fue detenida.

En 2012 sólo se realizó un operativo en Chilapa, con 22 efectivos y no se detuvo a nadie ni se aseguró nada. En 2013 no se realizó ningún operativo por parte del Ejército, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional a la CNDH.

En 2014 el Ejército participó en tres operativos con 53 militares y sólo en uno de ellos, con apoyo de la Policía Estatal, detuvo a una persona por el delito de robo a casa habitación. En 2015 realizó 2 operativos en los que actuaron 95 soldados, sin que se reportaran detenciones ni aseguramientos de objeto alguno.

En 2016 el número de operativos se elevó hasta 90, pero solo se logró la detención de cuatro personas; la Sedena no informó a la CNDH el delito por el que fueron detenidas. Se aseguraron una granada, cinco armas de fuego, cinco cargadores, 30 cigarrillos de mariguana, más de mil cohetes de varilla y 100 kilogramos de juegos pirotécnicos. En total participaron 2 mil 532 soldados.

En 2017 fueron 84 operativos realizados, en los que únicamente participó personal castrense, desplegándose 2 mil 58 efectivos. La presencia militar en el municipio de Chilapa de Álvarez, prácticamente abarcó toda el año, a excepción de los meses de febrero, mayo, junio y noviembre. Las acciones realizadas por dicho personal, dieron como resultado la detención de 14 personas, así como el aseguramiento de diversas armas y 2 vehículos con reporte de robo.

Finalmente, la Sedena señaló en su respuesta a la CNDH que en el lapso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se efectuaron 32 operativos en donde participaron 671 elementos, quienes localizaron 5 personas lesionadas, 15 sin vida y bolsas negras con restos humanos, además se detuvieron a 9 personas en flagrancia por portación de arma de fuego.

Sobre estos operativos, la CNDH resumió: “los resultados no fueron los esperados, puesto que no se lograron reducir y mucho menos abatir, los índices de criminalidad y las condiciones de inseguridad que imperan en esa zona de la Montaña baja”.




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