Al emitir la recomendación 19/2019, la CDHCDMX advirtió irregularidades en actuación de la Procuraduría capitalina y falta de protocolos, así como filtraciones de datos personales en las investigaciones de agresiones contra la prensa.
Juan Omar Fierro
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) concluyó que la Procuraduría capitalina violó los derechos a la libertad de expresión, al debido proceso, de acceso a la justicia y el derecho a la verdad de los periodistas que trabajan en Aristegui Noticias por las deficiencias en la investigación del allanamiento y robo de equipo de este medio de comunicación hace más de tres años.
Al emitir la recomendación 19/2019, que también incluye los casos de robo y agresión que sufrieron los periodistas Germán Canseco y Humberto Padgett en 2016 y 2018, respectivamente, la titular de la CDHCDMX, Nashieli Ramírez, advirtió que existe un patrón de actuaciones irregulares, falta de protocolos, omisión sobre el contexto en las indagatorias y filtración de datos personales por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) en casos de agresiones y crímenes contra periodistas.
De igual forma, en su recomendación, el organismo da vista al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que revise la actuación de los jueces Gerardo Campos Malagón, Mauricio Lozoya Alonso y Jorge Almogávar Santos en el caso del juicio oral que se le siguió a un imputado por el allanamiento de Aristegui Noticias el 13 de noviembre del 2016.
En el allanamiento, al menos cinco individuos forzaron cerraduras, desmontaron puertas, hurgaron en cajones y espacios del lugar. Tras irrumpir en las instalaciones de este medio, los individuos se dirigieron e ingresaron a la oficina de la dirección general, así como a la de la Unidad de Investigaciones Especiales, de la cual sustrajeron una computadora portátil que contiene información sobre proyectos periodísticos en curso.
Los rostros, características y movimientos fueron captados plenamente por 9 cámaras de seguridad.
En la recomendación emitida este miércoles, el organismo de derechos humanos añadió que los jueces se excedieron en sus funciones y utilizaron expresiones verbales y corporales para impedir que el abogado de las víctimas abordara el tema de la libertad de expresión durante las audiencias del juicio oral.
La Ombudsperson explicó que se trata de la primera recomendación que emite la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para evidenciar los patrones de impunidad y las deficiencias que caracterizan las investigaciones relacionadas con crímenes contra periodistas, afectando tanto el derecho a la libertad de expresión como el ejercicio periodístico de los comunicadores y medios agredidos.
“Si bien la Comisión ha emitido otras recomendaciones en materia de libertad de expresión, esta es la primera en la que se documenta una violación al derecho de libertad de expresión y al ejercicio periodístico, en específico”, afirmó Ramírez.
Ramírez agregó que la recomendación representa un mensaje para que la PGJCDMX corrija los graves errores en los que incurre su personal operativo al investigar delitos contra la prensa y en materia de libre expresión, derivado de que se han filtrado datos de las investigaciones y de que se ha puesto en riesgo la integridad de los propios periodistas.
El Cuarto Visitador de la CDHCDMX, Juan Carlos Arjona, explicó que, en el caso de Aristegui Noticias, la Procuraduría capitalina no hizo un análisis de contexto y, en un primer momento, se negó a establecer una relación directa entre el robo y allanamiento con cualquier línea de investigación que vinculara el hecho con un ataque a la libertad de expresión.
De esta manera, fue hasta el 7 de diciembre de 2016 y luego de que la carpeta de investigación se filtrara a una revista de espectáculos, que el expediente del caso fue enviado por la Fiscalía Desconcentrada en Álvaro Obregón a la “Agencia Especializada para la Atención de Delitos cometidos en agravio de las y los periodistas” de la propia Procuraduría.
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El visitador agregó que durante la indagatoria se cometieron además varias irregularidades y omisiones, incluyendo la omisión de localizar y solicitar las grabaciones de cámaras de videovigilancia en edificios aledaños a las oficinas de Aristegui Noticias, además de que tampoco se analizaron las situaciones de censura que habían enfrentado Carmen Aristegui y su unidad de investigación desde la publicación del reportaje sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.
Cabe señalar que actualmente existe una persona sentenciada por el robo y allanamiento a Aristegui Noticias. No obstante, falta la identificación y ubicación de cuatro personas más que también participaron en los hechos y la identificación de posibles autores intelectuales.
Aquí el video del allanamiento a este medio:
Por lo que se refiere a los casos de Humberto Padgett y Germán Canseco de la revista Proceso, en ambos expedientes se evidenciaron violaciones al debido proceso, la no aplicación de los protocolos especializados en el caso de agresiones y crímenes contra periodistas, la falta de análisis de contexto en ambos casos y la filtración de datos personales en el caso de Padgett, lo que incluso lo puso en situación de riesgo y mayor vulnerabilidad.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México alertó que la actuación por parte de la Procuraduría en estos casos ha provocado que haya un clima de impunidad.
Lamentó que la Procuraduría capitalina no priorice las líneas de investigación asociadas con la actividad periodística de quienes son víctimas de agresiones y robos en medios de comunicación.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos emitió la recomendación, que incluye nueve puntos dirigidos a la Procuraduría.
Entre estos puntos están una petición a la Procuraduría capitalina para retomar la investigación de los tres casos presentados y así se revise la línea relacionada con libertad de expresión, aplicar los protocolos especializados para investigar crímenes contra periodistas, otorgar medidas de protección inmediata a las víctimas en casos de libertad de expresión y contar con un registro de todos los casos en los que se ha denunciado una posible afectación al ejercicio periodístico, entre otras medidas.