“México se ha convertido en el cuarto país en el mundo con mayores niveles de violencia contra los defensores de los territorios y recursos naturales, a menudo miembros de comunidades y ejidos, en muchos casos indígenas”, escribe Leticia Merino.
Por Leticia Merino
En días recientes ocurrieron dos hechos contrastantes en lo que a la criminalización de los defensores ambientales en el país se refiere. Por un lado, la liberación el 18 de febrero, de Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez, miembros de la comunidad nahua de Tlanixco en el Estado de México, acusados de ser responsables de la muerte del empresario español Isaak Baaso, hecho con el que se avanza en el cumplimiento de una de las más importantes promesas del presidente López Obrador durante la campaña electoral: la liberación de los presos políticos en México. Este acto de justicia contrasta con el asesinato, tan sólo dos días después de Samir Flores también indígena nahua de la comunidad de Amilcingo Morelos, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos-Puebla-Tlaxcala y opositor al Plan Integral de Morelos, que incluye la termoeléctrica de Huexca. Este asesinato fue cometido dos días antes de la consulta que sobre este proyecto organiza la Secretaría de Gobernación.
Tlanixco y Huexca tienen mucho en común, los comuneros nahuas del Estado de México resistieron por décadas la concesión de su río y manantiales por parte de la CONAGUA en favor de empresas floricultoras de Villa Victoria y que deja sin agua a su pueblo. La movilización contra la termoeléctrica de Huexca rechaza el desvío de 7.7 mil millones de litros de agua al año que afectará drásticamente la agricultura y la vida de 10 municipios, que implica grave contaminación del agua y fuerte riesgo de desastres asociados a la construcción de un gaseoducto en la cercanía del volcán Popocatépetl. En uno y otro caso la violencia del Estado contra los defensores ambientales se ha dejado sentir con fuerza.
Entre 2006 y 2017 el gobierno del Estado de México, a cargo de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila, condenó a 50 años de prisión a seis comuneros de Tlanixco, acusados sin pruebas de homicidio en contra de Isaak Baaso. Diversos relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas se expresaron contundentemente sobre la injusticia de este veredicto y subrayaron la violación a los derechos de los consignados. Durante el gobierno de Graco Ramírez en Morelos, los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua sufrieron repetidas amenazas y agresiones.
México se ha convertido en el cuarto país en el mundo con mayores niveles de violencia contra los defensores de los territorios y recursos naturales, a menudo miembros de comunidades y ejidos, en muchos casos indígenas. Entre 2016 y 2017 Global Witness reportó 15 asesinatos de defensores ambientales en el país, y en ese último año el Centro Mexicano de Derecho ambiental recogió 67 denuncias de agresiones contra defensores ambientales. La represión a los defensores ambientales se deja sentir a lo largo del país: contra quienes resisten el fracking en Tamaulipas, contra la oposición a la minería en Zacatecas, Sonora, Baja California Sur y la Sierra Norte de Puebla, contra quienes rechazan la agricultura tóxica en Quintana Roo y Yucatán. El 20 de febrero el asesinato de Samir Flores en Amicilngo, Morelos, incrementa estas cifras macabras.
En muchos casos los patrones de violencia muestran patrones similares: las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia del Estado pueden no estar directamente implicados, la represión directa es ejercida por grupos criminales que desaparecen en las sombras. La impunidad de estos crímenes es prácticamente total, la actuación gubernamental por omisión representa así una forma de agresión contra las comunidades y sus derechos y contribuye al clima de abuso y violencia.
Sin embargo, México está cambiando, el proceso de liberación de los presos políticos, entre ellos tres indígenas defensores del agua en el Estado de México es motivo de esperanza. Ahora toca convertir la esperanza en confianza y certeza en el compromiso del Estado con la justicia y con la justicia ambiental. Para que llegue esa confianza se requiere que esta nueva administración incorpore claramente en su agenda el respeto y defensa de los activistas ambientales, de los derechos de los pueblos indígenas y de los núcleos agrarios a sus territorios y a la decisión sobre su futuro. El día de hoy esto implica el esclarecimiento del crimen de Samir Flores, el castigo de los responsables y el respeto pleno de los derechos de las comunidades potencialmente afectadas por el Plan Integral de Morelos.