Playa de Los Galeones (Rota, Cádiz), desde donde puede verse, al fondo, la Base Naval de Rota.Román Ríos (EFE)
Clara Fonseca va con prisas porque el día pinta intenso. No es ni mediodía y el paradisiaco chiringuito Azúcar de Cuba que gestiona junto a dos socias más en Rota (29.326 habitantes, Cádiz) desde hace 20 años ya ha colgado el cartel de “completo” para el almuerzo. A las cuatro y media tienen un evento para 80 estadounidenses de la base. El verano es tiempo de despedidas y llegadas para muchos de los militares que están destinados en la zona. Fonseca detiene el trajín de coordinar a sus 28 trabajadores y valora los ecos que llegan desde Madrid sobre la posible nueva ampliación del escudo antimisiles: “Exceptuando el tema del alquiler que está disparado por los americanos, estamos todos felices, que vengan más destructores”.
Esta cubana no es la única en Rota a la que le cuadra —cada cual, con sus peros— la presencia de estadounidenses en una base que —aunque pueda no parecerlo— es española. Todos apelan a un maná económico que, solo en contratos directos entre la localidad gaditana y Morón de la Frontera (Sevilla), deja unos “254 millones de euros anuales en Andalucía”, según recuerda un portavoz de la Embajada de EEUU en España, basándose en un informe de 2019. Ahí ni siquiera está el gasto que realizan los 4.000 efectivos desplegados en ambas bases, del que un 90% está en Rota, y sus familias. Ni el contrato vigente hasta enero de 2028 por el que Navantia se encarga del mantenimiento de los destructores clase Arleigh Burke-Class (DDGs) que conforman el actual escudo antimisiles y otros buques de la Armada estadounidense por un importe máximo de 822,4 millones de euros.
El número de buques destructores pasará de cuatro a seis de materializarse la intención manifestada este martes por el presidente estadounidense Joe Biden y el español Pedro Sánchez (por ahora es solo un inicio de negociaciones que implicará un cambio en el convenio de cooperación para la defensa entre ambos países de 1988, como recuerda la Embajada de EEUU). Cada DDG tiene una dotación de unos 350 militares que vienen con sus familias por un periodo de aproximadamente dos años.
La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rota, Encarnación Niño (PSOE), aún no se atreve a dar cifras, pero tiene claro que, si se materializa el acuerdo, “será una noticia importante no solo para el municipio, sino para la provincia”. “Va a ser importante en mayores contratos, mayor número de personas que puedan vivir en nuestra localidad o la generación que se produzca en la hostelería. Cualquier persona que viene a vivir con su familia dos años genera actividad y ese dinero se queda aquí”, tercia la concejal.
Los vecinos roteños se volcaron en la recogida de ropa y alimentos para las familias afganas que llegaron a la base el pasado mes de agosto.alejandro ruesga
Niño asegura que, según estudios económicos realizados por el Ayuntamiento, la base de Rota “supone el 60% del PIB” del municipio y que, solo en alquileres, los estadounidenses que optan por vivir fuera de las instalaciones militares —dentro tienen desde supermercados a restaurantes o cine— gastan, al menos, “tres millones al año”. Eso hace que más de un roteño no dude en alquilar su propio domicilio a militares de la base y mudarse a casas más pequeñas. “La base naval de Rota es la mayor fábrica que tiene nuestra ciudad”, apunta Juan Alberto Izquierdo, gestor de la inmobiliaria Urbanrota.
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Este empresario tiene ya el olfato para localizar viviendas que cumplan el estándar que buscan los estadounidenses: ”Unifamiliares, que tengan espacio suficiente para patio, garaje, e incluso piscinas”. Llegan a pagar por ellas de 1.800 a 2.500 euros mensuales en contratos de uno a tres años. Aunque Fonseca cree que ese aliciente es el que infla la burbuja del alquiler estable en la localidad, Niño lo rebate: “Turísticamente, Rota es un destino muy atractivo, muchos quieren tener su segunda residencia en nuestra localidad. El mercado estadounidense no es siempre estable, no siempre se puede tener demanda. Al precio del alquiler creo que le afecta más lo turístico”.
Con tanto consenso en el argumento económico, cuesta encontrar la disidencia en forma de quejas a la base. Aunque también afloran. El Ayuntamiento —con el consenso de todos los grupos políticos— lleva años enfrascado en una particular cruzada que les reconozca una compensación económica por el 25% del término municipal que tienen ocupado por la base y que no se ve recompensado en términos de impuestos como el IBI o de población flotante. “En estos dos últimos años, el Gobierno ha permitido que Rota reciba un millón de euros por servidumbre, procedente de los Presupuestos Generales: era de justicia”, apunta Niño. Ahora nuestro objetivo es que sea estable en el tiempo, debería haber un convenio estabilizado”.
El pasado febrero hubo quien recordó un inconveniente más, solapado hasta ahora por un contexto de relativa paz en Europa. Al inicio de la invasión rusa de Ucrania y con las hostilidades crecientes hacia los países miembros de la OTAN, muchos en Rota se plantearon de golpe que, a pocos metros de sus casas, permanecía una de las patas militares esenciales de Estados Unidos en Europa. “Llevamos conviviendo con la base desde los años 50, pero percibimos que este es un territorio muy seguro. Eso, en parte, está relacionado con la base”, concluye la teniente de Alcalde. “Nunca hemos padecido una consecuencia muy negativa en seguridad por esta presencia”.
Por ahora, a Rota parece que le cuadran las cuentas. Y eso que aún no se ha materializado el posible incremento de militares. Que se lo digan a Fonseca, atareada como de costumbre con tanto estadounidense en su chiringuito. “Son unos clientes fantásticos, aunque a veces se desmadren un poco con el alcohol”, zanja entre risas antes de volver a la faena.
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