Han pasado cinco semanas desde la imputación de Donald Trump en el caso de los papeles de Mar-a-Lago, y la jueza Aileen Cannon está lista, tras un aplazamiento, para comenzar este martes con las cuestiones previas del proceso. Los letrados de ambas partes están citados para discutir algunos pormenores técnicos en un tribunal de Fort Pierce (Florida), a 200 kilómetros al norte del palacio de justicia federal de Miami en el que el magnate se presentó el 14 de junio para declararse inocente de los 37 cargos de los que está acusado por su gestión de documentos clasificados, por llevárselos sin permiso de la Casa Blanca, por ocultárselos a las autoridades cuando se los reclamaron y por mentir.
El foco se dirige ahora a la idoneidad para desempeñar el trabajo de la magistrada, nombrada por el propio Trump y ratificada por ambos partidos en el Congreso. Está encargada de guiar la labor del gran jurado y de dictar sentencia si el expresidente es hallado culpable. Su imparcialidad quedó puesta en duda el año pasado por su supuesta simpatía hacia las aspiraciones de la defensa.
El magnate no está ayudando precisamente a despejar la sombra de esa sospecha. En una entrevista del pasado fin de semana, dijo de ella: “Es muy inteligente y muy fuerte”. La frase, que reviste ecos de una de sus más famosas perlas, de 2018, cuando dijo de sí mismo “soy realmente inteligente, un genio muy estable”, fue la respuesta del candidato republicano a la pregunta de la presentadora de Fox News Maria Bartiromo de si creía que Cannon atenderá a la petición de sus abogados de retrasar el juicio hasta después de las elecciones. Trump añadió: “Necesitamos jueces que amen nuestro país y que hagan lo correcto”.
El asunto va más lejos que el lógico escrutinio al que se vería sometido cualquier juez puesto en el brete de enjuiciar a un expresidente, que aspira a volver a la Casa Blanca. A Cannon le precede una polémica decisión de septiembre del año pasado. Entonces, aprobó la solicitud del equipo de Trump de nombrar un perito especial que revisara los documentos incautados en la residencia del expresidente en Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida) en agosto de 2022. Eso suponía impedir que lo hicieran los agentes del FBI. La orden fue anulada después por un tribunal de apelaciones, cuya decisión incluía un severo toque de atención a la magistrada.
Boceto del tribunal del día en el que Trump compareció en Miami.Elizabeth Williams (AP)
Cannon nació en Cali (Colombia) hace 42 años, y tiene ascendencia cubana. Cuenta con la experiencia de haber trabajado en un tribunal de circuito y fue fiscal federal adjunta de Florida. Asociada a Federalist Society, poderosa organización legal conservadora y libertaria que propugna una lectura literal de la Constitución estadounidense, fue designada por Trump en 2020.
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Su labor en el caso de los papeles de Mar-a-Lago pasa por emitir dictámenes que definirán el curso del proceso, decidir qué pruebas se admiten y cuáles no y, lo más importante en este momento, fijar la velocidad con la que se moverán las cosas. De momento, estableció para el 14 de agosto la fecha tentativa para el inicio del juicio, que se celebrará también en Fort Pierce, donde Cannon tiene la plaza. A menos de un mes, parece evidente que nada empezará ese día. El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia, ha pedido trasladar el arranque a diciembre; de lo contrario, ha dicho, no le daría tiempo a preparar bien el caso. ¿Y Trump? Desearía que se aplazara hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.
Interferencia electoral
El expresidente es el candidato mejor situado, con mucho, para la designación republicana. Si finalmente sale elegido se podría dar la situación sin casi precedentes de una campaña en la que tenga que repartirse entre el mitin y los juzgados. No solo por este caso: Trump está también imputado por la acusación de que pagó un dinero en negro a la actriz porno Stormy Daniels para que esta callara sobre una presunta relación extramatrimonial entre ambos. Y en las próximas semanas, se esperan avances en la causa que tiene abierta en Atlanta por las supuestas presiones que ejerció sobre funcionarios de Georgia para alterar el resultado electoral de noviembre de 2020, tras su derrota ante Joe Biden en las urnas, así como en la investigación que se lleva a cabo en Washington sobre los hechos que condujeron al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Según el escrito presentado por la defensa a la jueza Cannon, la coincidencia de sus embrollos legales con la campaña “hace que el calendario actual sea insostenible, lo que aconsejaría un aplazamiento”.
La cita de este martes en el juzgado de Florida se irá en discutir sobre la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, una norma de 1980 que rige cómo se maneja la información secreta en un proceso penal, como es el caso. El texto legal pone en una balanza el derecho del acusado a acceder a las pruebas que los fiscales aspiran a usar en el juicio y la obligación del Gobierno de salvaguardar esos documentos confidenciales.
En los papeles de Mar-a-Lago hay información sobre capacidades defensivas de Estados Unidos y de otros países, detalles sobre programas nucleares y sobre potenciales vulnerabilidades en caso de un ataque extranjero, así como planes de respuesta ante esa eventualidad. Por todo ello, Trump se enfrenta a 37 cargos: 31 de ellos, por retención intencionada de información de defensa nacional contenida en otros tantos documentos; tres, por guardarse y ocultar papeles a las investigaciones federales; dos por falsedad; y el último, por conspiración para obstruir a la justicia con uno de sus empleados, Walt Nauta. Este, además, está imputado por ayudar al jefe a gestionar el material sensible, así como por mentir a las autoridades.
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