Una cooperante de Cruz Roja conforta a un migrante que cruzó uno de los espigones fronterizos de Ceuta, el 18 de mayo.Reduan (EFE)
España destinará el 0,7% de su renta nacional bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) “en el horizonte del año 2030″. Este compromiso ya figuraba en el programa electoral del PSOE, pero ahora se plasmará en una ley: la de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, cuyo anteproyecto aprobará este martes el Consejo de Ministros. España tiene previsto destinar este año 3.506 millones a la ayuda al desarrollo, lo que equivale al 0,28% del PIB, contando los recursos aportados por la Administración central, comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades. El año pasado fue del 0,26%; y en 2014, cuando sufrió los mayores recortes, cayó hasta el 0,17%.
La nueva ley, que sustituye a la de 1998, incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU y se centra en la lucha por la reducción de la pobreza y la desigualdad, contra el cambio climático y por la igualdad de género. Como novedad, incorpora el Sahel, la región del África Subsahariana donde se gestan los grupos yihadistas y las redes de tráfico de personas que amenazan la seguridad de España, como una de las zonas prioritarias para la cooperación.
Se crea una Oficina de Evaluación de la Cooperación Española (OECE), adscrita a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, que se encargará de evaluar la ayuda española y contará con una metodología y régimen administrativo que garanticen su independencia. Se remitirá además un informe anual de evaluación a la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
La política de cooperación se considera parte de la acción exterior del Estado y se basa, como esta, en los principios de “unidad de acción en el exterior, lealtad institucional, cooperación y coordinación entre administraciones”. Pero también es “una competencia compartida con la UE”, con la que debe coordinarse y complementarse. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) gestiona este año proyectos de cooperación delegada europea por 13 millones.
El foro de concertación con las comunidades autónomas y entidades locales, que realizan la llamada “cooperación descentralizada”, es la Conferencia Sectorial para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Entre sus funciones incluye la de ser informada de los proyectos de ley y reglamentos, asegurar su participación en la elaboración del plan director de cooperación (el próximo abarcará el periodo 2022-2025) y de los restantes instrumentos de planificación, propiciar el intercambio de información y promover la armonización de procedimientos. La conferencia es uno de los tres órganos de coordinación. Los dos restantes son el Consejo Superior de la Cooperación, presidido por el ministro de Exteriores y del que formará parte el presidente de la Coordinadora Española de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), y la comisión Interministerial.
La ley prevé que la AECID, principal instrumento de la cooperación española, disponga de un nuevo estatuto y que su personal tenga “derecho a una carrera profesional con oportunidades de movilidad entre territorio español y exterior”.
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También se regulará el Estatuto de los Cooperantes, que trabajen tanto para el sector privado (ONGD, fundaciones, asociaciones, empresas) como público, que regulará sus derechos y obligaciones, formación, oportunidades de carrera profesional, homologación, previsión social e incompatibilidades. La ley prevé dos modalidades de voluntariado: una de corta duración, hasta un máximo de seis meses; y otra de larga duración, por periodos semestrales prorrogables, hasta un máximo de tres años.
El texto enumera algunos derechos de los cooperantes en el extranjero: ser informados de los objetivos de su actuación y de sus derechos y obligaciones legales en el país; contar con un seguro que cubra los riesgos de enfermedad y accidente y los gastos de repatriación, y disponer de los recursos necesarios para afrontar las necesidades básicas y un periodo de formación, si fuera necesario. La AECID establecerá un procedimiento de acreditación de las entidades de voluntariado y cooperación.
El Fondo de Promoción del Desarrollo (Fonprode) se sustituye por un nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible, que podrá financiar operaciones con créditos no reembolsables y reembolsables. Los primeros no estarán ligados a la compra de bienes y servicios españoles. Anualmente, se remitirá al Congreso un informe de las operaciones financiadas a su cargo.
El anteproyecto apuesta por las alianzas público-privadas, y prevé la apertura de concursos y licitaciones a las empresas, aunque se velará para que estas cumplan las exigencias en materia de derechos humanos, medio ambiente y transparencia.
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