Estados Unidos aumenta la presión a Nicolás Maduro al sancionar a su hijo



Florantonia Singer
Nicolás Maduro Guerra se suma a una lista que ya alcanza a más de más de un centenar de venezolanos sancionados entre los que se cuentan el propio Maduro, su esposa Cilia Flores, militares, funcionarios y familiares; colaboradores y testaferros de integrantes de la cúpula del régimen chavista por presunta corrupción, violaciones de derechos humanos y vínculos con el narcotráfico y grupos guerrilleros.
Esta semana también fue acusado de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero en bancos de Florida al que hasta hace dos meses fue Ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien fue removido del cargo en medio de la crisis eléctrica del marzo, cuando el país se quedó sin luz por más de cuatro de días. En este caso también está señalado el ex viceministro de Finanzas e Inversiones del mismo ministerio, Eustoquio José Lugo Gómez.
El canciller venezolano Jorge Arreaza reaccionó este viernes a las sanciones contra Mota Domínguez calificándolas de cínicas, pero hasta ahora ningún funcionario del gobierno de Maduro ha reaccionado sobre las de su hijo. “Es tal el descaro del Gobierno supremacista, que planificó y encabezó ataques contra el Sistema Eléctrico Nacional, al anunciar medidas ilegales contra respetables ex funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica”, dice en un comunicado en el que además exige que la administración de Trump rinda cuentas a la comunidad internacional sobre estas “medidas coercitivas unilaterales”.
Las administraciones de George W. Bush y Barack Obama aplicaron las primeras sanciones individuales por vínculos de funcionarios chavistas con grupos guerrilleros y narcotráfico, pero el cerco de presión de Estados Unidos se ha incrementado desde 2015, cuando comenzaron a señalarse a decenas de funcionarios, que se ha estrechado con Donald Trump a partir de 2017, cuando se aplicaron las primeras sanciones económicas, y este año con las restricciones petroleras. La presión se ha extendido desde otros flancos. Para el cierre de 2018, Transparencia Venezuela registraba 108 ciudadanos sancionados por 41 países.


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