Tras la tormenta de la jornada histórica, llegó la calma llena de incertidumbre del procedimiento judicial que se abre ante Donald Trump por el caso de los papeles de Mar-a-Lago.
El expresidente estadounidense compareció este martes en Miami ante un juez federal para escuchar y declararse “no culpable” a través de su abogado Todd Blanche de los 37 cargos de los que se le acusa por la presunta comisión de siete delitos federales por retener papeles clasificados y negarse a devolverlos a las autoridades. Fue un visto y no visto; apenas cinco minutos que abrieron un proceso que se promete largo, algo que favorece a los intereses de la defensa.
De momento, solo hay una fecha clara marcada en el calendario: el 27 de junio. Entonces debe presentarse de nuevo ante el juez su leal asistente Walt Nauta, que se enfrenta a una posible pena de decenas de años de cárcel si es hallado culpable de seis cargos, entre ellos, el de conspirar con Trump para retener documentos oficiales. ¿El motivo? Como el jefe, Nauta fue arrestado y le tomaron las huellas, pero un tecnicismo procesal le impidió declararse culpable o inocente el martes.
El juez Jonathan Goodman no impuso medidas cautelares a Trump, quien, por ejemplo, tiene permiso para viajar al extranjero. No está autorizado, eso no, a hablar con Nauta o con los testigos de la causa si no es por medio de sus abogados. Y todo lo que diga, lo recordará de las películas, podrá ser usado en su contra, así que tendrá que vigilar sus salidas de tono en público, que empezaron el mismo martes por la noche. Después de abandonar el juzgado y de una parada en el histórico restaurante Versailles, epicentro del primer exilio cubano en Miami, Trump voló a su residencia de Bedminster en Nueva Jersey, donde dio un discurso lleno de mentiras, medias verdades y amenazas.
La supervisión del caso ha pasado ya a la jueza federal Aileen Cannon, nombrada en tiempos de Trump. Ella será la encargada de fijar la condena si el gran jurado de Miami decide que el expresidente es culpable. Bajo su tutela comienza un aún incierto programa de encuentros entre las partes en el tribunal, más o menos cada dos meses. Esa fase se conoce como de “descubrimiento”, e incluye interrogatorios, reunión de documentos y solicitud de admisiones y declaraciones.
Si se mantiene fiel a los precedentes de su prolongada relación con los tribunales, la estrategia de la defensa de Trump apostará por dilatar lo máximo posible el proceso. Sus opciones pasan por impugnar hasta el último aspecto técnico del caso y por convertirlo en un espectáculo político con él en el papel estelar de víctima del sistema.
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SuscríbeteDonald Trump, el pasado 4 de abril en Nueva York tras ser imputado por el ‘caso Stormy Daniels’.ED JONES (AFP)
Lo más urgente para el magnate es completar su equipo legal, tras la renuncia de James Trusty y John Rowley. Llevaron el peso del caso de los papeles de Mar-a-Lago, pero dimitieron al día siguiente de conocerse la imputación con el siguiente mensaje: “Ha sido un honor haber pasado el último año defendiéndolo y sabemos que será redimido”. El expresidente anunció entonces que contrataba a Blanche, que fue quien pronunció las palabras “no culpable” ante el juez federal. The New York Times informó que el lunes comenzaron las entrevistas de trabajo con algunos abogados en el resort con campo de golf que Trump posee en Doral, localidad vecina de Miami, en la que pasó la noche anterior a su cita con la justicia.
La táctica de la Fiscalía
El fiscal especial Jack Smith, un letrado independiente escogido por el Departamento de Justicia para investigar el caso, prometió un juicio rápido el viernes pasado después de hacer público el pliego de cargos que servirá de base de trabajo para el gran jurado, formado por ciudadanos de Florida.
Los expertos en materia jurídica Norman Eisen, Andrew Weissmann y Joyce Vance firmaron conjuntamente el fin de semana pasado un artículo de opinión en The New York Times titulado Cómo condenar a Trump, en el que recomendaban a Smith y los suyos hacer lo posible por “persuadir a la opinión pública” y por mantener el caso en “niveles de sencillez”. Cuando está por medio un gran jurado, explicaban, las pruebas deben presentarse de un modo “fácilmente comprensible y convincente”. “Afortunadamente para Smith, todo lo que sabemos hasta ahora permite pensar en un golpe de narrativa de uno-dos”, escribían echando mano de una analogía pugilística, “que presente la historia de Trump como la de alguien que se apoderó de unos documentos que no le pertenecían y luego mintió al respecto para encubrir sus fechorías”.
Solo así lograrán, aunque se antoje poco probable, que el caso no entre de lleno en la campaña presidencial, que arrancará a principios del año que viene. Se podría dar una circunstancia inédita, otra, en la historia de Estados Unidos, con un candidato (las encuestas lo dan con holgura como favorito en la designación republicana) en un viaje de ida y vuelta entre los mítines y los juzgados.
Juzgados, en plural. El caso de los papeles de Mar-a-Lago no es el único que tiene pendiente el magnate. En abril pasado lo imputaron por 34 cargos por el presunto pago de un dinero a la actriz porno Stormy Daniels para enterrar una relación extramatrimonial entre ambos que él niega. También está pendiente un proceso, de nuevo con gran jurado, en el condado de Fulton, donde se encuentra la ciudad de Atlanta (Georgia). Allí lo están investigando por las supuestas presiones que ejerció sobre los funcionarios electorales de un Estado que perdió en las elecciones de 2020, una derrota que le valió a Joe Biden algo así como la mitad de su presidencia. La imputación podría llegar en agosto.
Este miércoles, los medios estadounidenses informaron de que la policía de Atlanta mandó el día anterior a la comparecencia de Trump a algunos agentes, como habían hecho también en Nueva York, para estudiar el modo en el que Miami se enfrentó a la gestión de los simpatizantes del expresidente, medio millar de seguidores que se concentraron en las inmediaciones del palacio de justicia para una protesta carnavalesca que no fue tan abultada como se temían las autoridades locales.
Ese es otro de los desafíos legales a los que el sistema se enfrenta: cómo colaborarán los tres jueces de Miami, Atlanta y Nueva York para no pisarse entre sí en los diferentes pasos que vayan dando. También, si serán capaces de aparcar sus prisas o las ganas de acaparar protagonismo para priorizar los casos en función de su gravedad.
La única fecha que está clara de momento afecta al menos importante de los tres procesos, el del pago a Stormy Daniels. Está previsto que arranque el 25 de marzo de 2024.
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