WASHINGTON DC – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió relajar las sanciones contra Cuba y Venezuela en un momento en que parte de la región ha criticado a su Gobierno por no invitar a esos dos países a la próxima Cumbre de las Américas.
Cuando falta menos de un mes para la cita, que debe reunir a jefes de Estado y de Gobierno de la región en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, Biden trata de sortear un posible boicot orquestado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y al que se sumarían otros mandatarios.
La Administración Biden anunció el lunes el restablecimiento de los vuelos comerciales a Cuba más allá de La Habana, la supresión del límite en el envío de remesas y la recuperación de un programa de reunificación familiar, siendo los primeros pasos en la apertura hacia la isla que prometió en campaña electoral.
Solo un día después, el martes, informó que levantará algunas sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas, la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA, a cambio de que se reactive el diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que tenía lugar en Ciudad de México.
EEUU llevaba meses trabajando en estos anuncios y decidió hacerlos públicos en un momento en que la Cumbre de las Américas, en la que Biden quiere impulsar un pacto migratorio regional, entró en crisis por la decisión de la Casa Blanca de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El primero en levantar la voz, además de los propios excluidos, fue el mexicano López Obrador, quien anunció su ausencia en la cumbre si no se invita a todos los países de América, una postura a la que posteriormente se sumó el boliviano Luis Arce.
También la Comunidad del Caribe (Caricom), que cuenta con 15 miembros, ha puesto en duda su participación por el mismo motivo, y ha señalado presiones de Estados unidos para que cambie de opinión.
La decisión acaba con décadas de neutralidad sobre asuntos militares por parte de ambos países
Mientras que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Chile, Gabriel Boric; y de Honduras, Xiomara Castro, no han descartado su participación, pero han exigido que no se excluya a nadie en el cónclave.
Aunque por otros motivos, el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, dijo que no irá, después de que el Departamento de Estado criticara la reelección de la fiscal general del país; y el brasileño Jair Bolsonaro todavía está sopesando su asistencia.
Tras los anuncios sobre Cuba y Venezuela, Christopher Dodd, asesor de Biden para la cumbre, se reunió este miércoles por videoconferencia con López Obrador, en un intento de acercar posturas.
Al concluir, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, explicó que el presidente de México le reiteró su postura de que se debe “invitar a todos los países del continente, sin exclusión a nadie”.
Lo cierto es que la Casa Blanca todavía no ha enviado las invitaciones a la cumbre, tal y como confirmó este miércoles en una rueda de prensa la portavoz del Gobierno estadounidense, Karine Jean-Pierre.
Pero semanas atrás el subsecretario para América Latina, Brian Nichols, dijo que no esperaba que se invite a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua porque a su entender incumplen los mínimos requisitos democráticos.
Algunos senadores ya han levantado la voz contra el gesto de Biden hacia La Habana y Caracas, incluido el demócrata Bob Menéndez, presidente de la comisión de Exteriores de la Cámara Alta e influyente en la política sobre Latinoamérica.
En una rueda de prensa, Menéndez exigió el martes que la relajación de sanciones no sea el preludio para la invitación de Cuba y Venezuela a la cita de junio, puesto que entonces ya “no sería una cumbre de democracias”.
Paralelamente, Biden trata de asegurar la participación de sus aliados más cercanos a la cumbre, como el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, a quien llamó anoche para abordar el asunto.
Precisamente, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, inició este miércoles una gira por Ecuador, Costa Rica y Panamá para acabar de afinar los detalles de la cumbre.
La cifra, impulsada por la presencia de ciudadanos ucranianos, marca la cuarta vez en el actual gobierno con cruces fronterizos mayores a 200,000.
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