Los pasillos de la Facultad de Medicina de Valencia están desiertos. Las puertas de las aulas, abiertas de par en par, dejan ver a los alumnos escribiendo en silencio, en una formación que deja una holgada distancia entre ellos. En el enorme vestíbulo se oye de vez en cuando la voz persuasiva de María José Moreno: “Disculpad, aquí no os podéis detener”. Vestida con el chaleco azul claro que identifica al personal contratado por la universidad para hacer cumplir las normas de prevención de la covid, Moreno conduce a los estudiantes hasta la salida y después mira resignada a la calle, donde termina su jurisdicción y los chavales forman corros de cuatro, cinco y hasta 10 personas: “Se les cita a una hora, pero muchos llegan un rato antes y se apelotonan fuera. Cuando entran, tienen que ir directamente a su clase y sentarse en el número que se les ha asignado. Pero cuando salen a la calle, les digas lo que les digas, se juntan en grupos… me gustaría tener una manguera”, comenta.
Centenares de miles de universitarios españoles están siendo convocados desde diciembre a los exámenes del primer semestre. Las principales organizaciones de alumnos pidieron a las universidades, sin éxito en la gran mayoría de los casos, que fueran online, como el curso pasado, por temor a los contagios en plena tercera ola. Las imágenes de la mala organización en algunos exámenes han sido difundidas por las redes sociales. Universidades y autonomías aseguran que son casos puntuales y que en las aulas y el resto de instalaciones académicas los protocolos de prevención están funcionando. Los estudiantes temen sobre todo las esperas antes de entrar a las clases y los trayectos en transporte público.
Gran movilidad
“Desde principio del curso hemos apostado por la máxima presencialidad, pero estamos viendo datos sanitarios cada vez peores, y hay que tomar medidas. En los exámenes generamos una gran movilidad y concentraciones de personas”, afirma Andrea Paricio, presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas.
Los estudiantes han pedido la intervención del ministro de Universidades, Manuel Castells, que este miércoles insistió en que está “profundamente preocupado por el posible peligro para la salud de estudiantes y docentes”, pero que las competencias son de las autoridades sanitarias. Estas, tras debatirlo a mediados de mes en el consejo interterritorial de salud (en el que participan el Gobierno y las comunidades autónomas), declinaron prohibir los exámenes presenciales. La mayoría de las facultades consideran que carecen de los recursos y experiencia necesarios para evaluar a los alumnos a distancia con garantías —sobre todo, de saber quién contesta a las preguntas—, y confían en sus protocolos. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas se ha reafirmado este miércoles en su tesis, lamentando que desde “otros ámbitos gubernamentales” se hagan “eco de situaciones puntuales” ―en referencia bastante evidente a Castells―. Y han añadido que las universidades no se rendirán “ante el populismo y el mensaje fácil”.
Riesgo mínimo
“En nuestra facultad, el aforo de las aulas es de menos de un tercio de su capacidad habitual. La distancia, de más de un metro y medio entre los estudiantes. Las aulas están ventiladas continuamente. No se realizan identificaciones en las entradas para evitar acumulaciones. Los exámenes se dejan en el banco en lugar de entregarlos… Es un entorno seguro”, resume Pablo Lara, decano de Medicina en Málaga y presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina. “El riesgo es mínimo. Es mucho mayor al ir a tomar un café al acabar”, coincide Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y docente de la Universidad de Alcalá. “Los profesores, en general, prefieren las pruebas presenciales porque es para lo que están preparadas nuestras universidades. El año pasado los hicimos online, porque no había más remedio, y no nos gustó”, añade Gonzalo Jover, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
“Lo más lógico hubiera sido hacerlos online, al igual que están restringiéndolo todo”, defiende, en cambio, Carlos Lago, estudiante de Odontología en la puerta de su facultad en Valencia. Su compañera Nuna Vázquez, añade: “En las clases la cosa está medio bien, pero hay gente que vive con personas de riesgo y tiene que desplazarse en transporte público”. Ambos admiten que es un poco contradictorio que estén denunciándolo mientras forman un corro con otros dos amigos (en una ciudad donde las reuniones entre no convivientes están limitadas a un máximo de dos personas). “No es que sea inevitable”, dice Raquel Muñoz, de 23 años, en la vecina facultad de Historia, “pero sí que es muy difícil no juntarte a hablar antes de entrar o salir de un examen. Solo una persona muy, muy responsable puede cumplirlo”.
Hábitos, adolescentes y autonomía universitaria
La discusión sobre si los exámenes de la universidad deben ser online o presenciales ha llegado en una comunidad a los tribunales. El 11 de enero, dentro de las nuevas restricciones para frenar la pandemia, el Gobierno de Asturias vetó la modalidad presencial. La Universidad de Oviedo presentó alegaciones. Y los jueces han fallado a favor de la institución académica.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias argumenta que la evaluación constituye un elemento central de la autonomía universitaria, y que para imponerse a ella, el Ejecutivo autonómico debería haber aportado información concreta sobre el riesgo que implican los exámenes o sobre las deficiencias que había detectado en el protocolo de prevención de la institución. El Gobierno de Asturias, añadieron los magistrados, tampoco había explicado por qué prohibía dichos exámenes y no los de secundaria, cuando los adolescentes constituyen “un colectivo mayor” y, según su criterio, tienen “hábitos más despreocupados” que los universitarios.
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