El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer, de manera periódica, la versión pública de la investigación del caso Odebrecht.
El pleno del Instituto votó a favor de transparentar la información, al considerar que es de interés público, pues se investigan posibles actos de corrupción de varios exfuncionarios públicos.
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Aunque reconocieron que existe la secrecía de la investigación y el respeto al debido proceso judicial, los consejeros del INAI consideraron que el bien que genera a la sociedad el conocer su contenido se debe anteponer a la reserva de la carpeta.
“El caso de Odebrecht resulta relevante para el país y para nuestra región, pues ha visibilizado qué tan dañina y costosa puede ser la corrupción, qué tan elaborada puede llegar a ser y cuáles son los beneficios de garantizar el acceso a la información, a efecto de descubrir sus mecanismos, actores y los hechos delictivos presuntamente cometidos”, expresó la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, quien calificó la resolución como histórica.
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Ibarra explicó que una persona pidió a la FGR, a través de una solicitud de información pública, el listado de los nombres de funcionarios y exfuncionarios que han sido llamados a declarar y los que enfrentan acusaciones, desglosado por nombre, fecha y lugar, como parte de las diligencias realizadas en la carpeta de investigación del caso Odebrecht.
Sin embargo, la Fiscalía le negó el acceso, argumentando que se trataba de un expediente reservado.
El pleno determinó revocar la respuesta de la FGR, a efecto de que entreguen la versión pública de los documentos que den cuenta de la información requerida, así como para que las publiquen en la Plataforma Nacional de Transparencia.
También se ordenó que la información sea actualizada de manera trimestral, tal y como marcan las obligaciones de transparencia, de una manera similar a como se publica información relacionada con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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“El tema de fondo de esta resolución resulta de interés, no sólo para México, sino para toda la región, dado que este caso de corrupción ha sido de escala internacional y acceder a la información solicitada puede ser un paso más para propiciar una eventual aplicación de la ley y el acceso a la justicia”, recalcó Ibarra.
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