Familiares de personas desaparecidas exigieron a la Fiscalía de Morelos atender la crisis forense durante la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y a la par afirmaron:
“Tenemos derecho a conocer la verdad sobre la desaparición de nuestros seres queridos y exigimos justicia sin demora.”
Este sábado, en Cuernavaca, se alza la voz por quienes faltan. La caminata partió de la Iglesia de El Calvario y concluyó en la Plaza de Armas, donde las familias realizaron una ofrenda y una oración por las víctimas.
Con lonas, flores y mantas que mostraban decenas de rostros, los colectivos Regresando a Casa Morelos, Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos y Familias Resilientes de Morelos avanzaron por las calles del centro.
Durante la marcha, se recordó que la desaparición forzada se considera un crimen de lesa humanidad según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y que no prescribe.
Además, se destacó que este delito vulnera derechos fundamentales como la identidad, el acceso a la verdad, la prohibición de tortura y, en caso de muerte, el derecho a la vida.
Las familias exigieron acciones concretas a la Fiscalía General del Estado de Morelos, encabezada por Edgar Antonio Maldonado Ceballos, y a la Dirección de Servicios Periciales, dirigida por Verónica Gomar Paredes. Informaron que más de 270 cuerpos han sido exhumados de fosas comunes, de los cuales más del 10% no ha sido identificado, y que más de 360 cuerpos permanecen inhumados en el Panteón Ministerial Jardines del Recuerdo, acumulados en distintos servicios forenses.
“Exigimos la liberación digna de los cuerpos que siguen en espera de exhumación en la fosa común de Jojutla, y acceso a los archivos básicos de cada uno de ellos”, indicaron. Además, pidieron que la identificación se realice mediante un enfoque multidisciplinario que incluya genética, odontología, antropología forense y dactiloscopía, con resultados en un plazo máximo de dos años.
Las familias recordaron también que en 2022 la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos obtuvo un subsidio de la Comisión Nacional de Búsqueda para la construcción de un laboratorio de genética, primera etapa del Centro de Identificación Humana, con presupuesto ejecutado de 27 millones 570 mil 947.9 pesos en 2022 y 37 millones 90 mil 926 pesos en 2023. Demandaron que este laboratorio se ponga en funcionamiento y contribuya a garantizar el derecho a la verdad.
Asimismo, solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, encabezada por Naitely Carranco Lechuga, elaborar un diagnóstico sobre violaciones a derechos humanos durante los procesos forenses en los que han participado como observadores, y a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, dirigida por Eva Penélope Picasso Hernández, la intervención de expertos forenses independientes en próximas exhumaciones, conforme a la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
La marcha concluyó con un pronunciamiento firme de los colectivos: “¡No, no, no son hechos aislados! ¡Las desapariciones son crímenes de Estado!”