No hay vía de escape. El Gobierno no contempla más opción que seguir presionando al PP para que acepte renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato expiró hace 1.001 días, y otros órganos constitucionales. Félix Bolaños, ahora ministro de la Presidencia y el hombre designado por Pedro Sánchez para negociar con Teodoro García Egea, mano derecha de Pablo Casado, ha sido muy duro con el PP durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “El único camino para renovar el Poder Judicial es que nos pongamos de acuerdo con el PP”, ha dicho. “Ya hay problemas de nombramientos. Tenemos que prestigiar el poder judicial. Cuando el PP cumpla la ley daremos un paso adelante para el prestigio de la institución. En este momento el PP está demostrando que no tiene ningún sentido de Estado”.
Bolaños expresó la situación con gran dramatismo desde la mesa con más peso institucional, la de las comparecencias en La Moncloa. “Querría ser capaz de explicar la gravedad de la situación. Son 1.000 días de bloqueos, con 1.000 excusas diferentes. Esto no pasa en ningún país europeo. Se está desprestigiando el poder judicial. Las excusas son cambiantes. Eso demuestra muy poca madurez política e institucional. Este es un Estado de Derecho y tiene que cumplirse la ley. El PP no quiere cumplirla porque no le gusta, pero esta ley lleva 35 años en vigor, y se ha renovado el consejo con distintas mayorías. Si el PP quiere cambiarla, es legítimo, pero debe tener mayoría para hacerlo. Lo que no puede hacer es no cumplirla. El principal partido de la oposición incumple la ley y la Constitución cada día. Es gravísimo. Lo que hacemos nosotros es nuevamente tenderles la mano”.
Bolaños no quiso entrar a la posibilidad de que haya otra salida; esto es, que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dimita y fuerce así la renovación. “Eso es una decisión personal”, ha dicho el ministro. El Gobierno no confía mucho en esta salida porque tanto Lesmes como casi todos los demás miembros del CGPJ, a excepción de dos nombrados a propuesta del PSOE, han descartado completamente dimitir. La estrategia sigue siendo la misma: mantener la presión y confiar en que el PP se avenga a negociar en algún momento, aunque en los cálculos del Gobierno no creen que vaya a ser de manera inminente.
El sector socialista del Gobierno ha enterrado definitivamente la reforma que está en el Congreso y que permitiría renovar a los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial con mayoría absoluta en lugar de con los tres quintos del Congreso y el Senado que la ley exige ahora y que hacen imprescindible al PP en la Cámara baja. Las críticas de la Comisión Europea hicieron descartar esa opción, aunque el sector de Unidas Podemos insiste en que debería contemplarse. “El PP solo pone condiciones imposibles porque no quiere negociar”, afirma el portavoz parlamentario de la formación, Pablo Echenique. “Y si no hacemos nada, el bloqueo seguirá por mil días más y así hasta que Casado sea presidente y Abascal vicepresidente”, informa Xosé Hermida.
Echenique reitera que su opción es cambiar la ley para rebajar la mayoría de tres quintos del Congreso que requiere la elección del CGPJ. “Eso tenía sentido en los tiempos del bipartidismo, para evitar que un partido pudiera nombrarlo en solitario. Ahora la mayoría absoluta necesitaría poner de acuerdo a cinco grupos. Decir que eso nos lleva a Hungría o a Polonia es una tergiversación”.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, mantendrá este miércoles una reunión con los portavoces sectoriales de todos los grupos parlamentarios en una primera toma de contacto en la que se abordarán varios temas, la situación del CGPJ entre ellos. Entre los aliados del Gobierno, el PNV también rechaza cambios legislativos e insta a persistir en la búsqueda de un acuerdo. En la oposición, Ciudadanos defiende desde hace tiempo la propuesta que ahora también esgrime el PP de regresar a la fórmula de los primeros años de la Constitución, cuando eran los propios jueces quienes elegían el CGPJ. “El PP se ha sumado por oportunismo”, critica el portavoz del grupo liberal, Edmundo Bal, “porque lleva 35 años usando la ley actual para colocar a los suyos”.
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Mesa de diálogo
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros también ha habido pronunciamientos del Gobierno sobre las dificultades para el diálogo con el independentismo. La portavoz, Isabel Rodríguez, ha mostrado la buena voluntad del Ejecutivo para iniciar la mesa de diálogo con la Generalitat, que se reunirá en Barcelona en la semana siguiente a la Diada del 11 de septiembre. Pero también ha lanzado un claro aviso a los independentistas y en concreto al president, Pere Aragonès, el primero que hace la también nueva ministra de Política Territorial. Isabel Rodríguez sustituyó en ese puesto a Miquel Iceta, líder del PSC, con una sensibilidad muy diferente a la de esta dirigente manchega. “Se están completando los trabajos previos para reunir la mesa con normalidad. El Gobierno está tomando decisiones que muestran la voluntad de reencuentro, como la liberalización de 400 kilómetros de la AP-7. Pero hemos escuchado hablar de independencia con el horizonte de 2030. Y quiero decir que este no es el camino, no es la forma en que queremos transitar”, ha comentado Rodríguez. “Ninguna Constitución europea reconoce la desintegración de los territorios. Tampoco la nuestra. Queremos avanzar. Si le va bien a Cataluña le irá bien a toda España. Tenemos toda la disposición al diálogo, pero el camino no es indicar horizontes para la independencia”.
El Gobierno ha hecho hoy otro gesto que muestra que no quiere centrar la agenda política en la crisis catalana en los próximos meses sino concentrarse en la agenda social y en la recuperación económica, donde se mueve mucho más cómodo. Bolaños ha confirmado que la reforma del Código Penal que incluía una reducción de la pena del delito de sedición para adaptarlo a otros países europeos y sobre todo para beneficiar a los presos independentistas, queda aparcada sin fecha.
El Gobierno, que se llegó a plantear aprobarla antes de hacer los indultos, como forma de reforzar la argumentación jurídica, se ha olvidado de ella una vez tramitados los perdones y ya con todos los presos del procés fuera de la cárcel. Bolaños ha explicado que de momento no está en la agenda legislativa de aquí a finales de año. Y después, “ya veremos”. Todo indica que está reforma, que tenían prácticamente ultimada Carmen Calvo y Juan Carlos Campo, ambos ya fuera del Gobierno, dormirá en un cajón a no ser que ERC vuelva a presionar exigiéndola. La vía del indulto hace mucho menos necesaria políticamente esta reforma, y el Gobierno no parece dispuesto a sufrir el desgaste que supone sacar adelante esa norma si su utilidad práctica es muy relativa. “La prioridad ahora es recuperar el crecimiento económico y que se traduzca en bienestar para todos los españoles. Tenemos que cumplir 50 compromisos con la UE en estos cuatro meses. Queremos cumplir todos los objetivos que hemos pactado con la Comisión Europea. No era prioritario ahora [la reforma del Código Penal], a futuro para 2022 iremos viendo”, sentenció el ministro.
Bolaños sí desgranó los hitos fundamentales de la agenda legislativa de aquí a finales de año, que muestran claramente ese foco en la parte social. De hecho, el presidente Pedro Sánchez ha organizado este miércoles un acto de arranque del curso político que según fuentes del Ejecutivo se centrará en la idea de “recuperación económica justa”, reformas para que el crecimiento que viene llegue a todos los sectores. Entre ellas, Bolaños citó dos que son objeto de intensas negociaciones dentro del Ejecutivo y que son absolutamente estratégicas para Unidas Podemos. Por un lado, la reforma laboral, que dirige Yolanda Díaz y está negociando con patronal y sindicatos. El compromiso con Bruselas es tenerla lista antes de final de año, y así lo ha puesto Bolaños en la agenda de prioridades legislativas. Y la otra gran reforma de este otoño, con la de las pensiones, es la ley de vivienda, que lleva varios meses de retraso por la fortísima discusión entre el PSOE y Unidas Podemos sobre los límites a los precios del alquiler. Bolaños, que es el principal negociador con Unidas Podemos de casi todo como responsable de la coordinación del Gobierno, se mostró convencido de que habrá un acuerdo en las próximas semanas. El Ejecutivo pretende aprobar 144 normas, entre leyes y reales decretos, antes de que acabe el año. “Queremos una recuperación justa. Somos un gobierno progresista, y queremos un país con más derechos, con más libertades, que el crecimiento económico se traduzca en cohesión social”, insitió Bolaños.
El Gobierno mostró en esta rueda de prensa que tiene mucha inquietud con el precio de la luz, pero no sabe bien cómo atajar la subida. La portavoz, Rodríguez, que tuvo que contestar a varias preguntas sobre este asunto y se mostró en las últimas molesta por la insistencia de la prensa, aseguró que el Ejecutivo está muy encima del precio de la luz. “Con este asunto existe absoluta sensibilidad. El Gobierno no parará de valorar cualquier actuación posible. Hemos tomado ya decisiones como la suspensión del impuesto producción energética, la ampliación del escudo social, y la reducción del IVA. Esto ya está bajando un 12% la factura. Además, se ha abierto un canal para asumir propuestas en una comisión. Estamos dispuestos a estudiar todos los escenarios”, insistió, aunque sin concretar de momento ninguna nueva medida.
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