La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra Isabel Miranda de Wallace por los delitos de falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas.
Así lo dio a conocer este jueves Proceso, en un reporte del periodista Juan Omar Fierro, que señala que la investigación a Miranda obedece a presuntas irregularidades cometidas durante la investigación sobre el secuestro y desaparición de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda en julio de 2005.
De acuerdo con el reporte, la carpeta fue iniciada por la FGR por una denuncia promovida el pasado 6 de mayo por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, en representación de seis presuntas víctimas de tortura y fabricación de pruebas.
Estas seis presuntas víctimas, que actualmente están en la cárcel y bajo proceso por el secuestro y homicidio de Wallace, son Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobin, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz y César Freyre Morales.
Entre las irregularidades investigadas están los cateos realizados al departamento de la calle Perugino 6, interior 4. En el primero, realizado en julio de 2005, no se encontraron evidencias del presunto secuestro.
Sin embargo, en el cateo de febrero 2006 se encontraron restos de sangre, fragmentos óseos (que resultaron ser de origen animal) y una licencia de manejo debajo de la alfombra a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda. En esa época, el domicilio era ocupado por Rodrigo Oswaldo de Alba Martínez, quien no fue citado a declarar y resultó ser trabajador de Isabel Miranda en las empresas Showcase Publicidad y el Colegio Aztlán.
No obstante, una perito de la entonces Procuraduría General de la República (FGR) determinó que la alfombra era nueva, las paredes estaban recién pintadas y el departamento había sido habitado durante ese tiempo.
Sobre una de las manchas de sangre encontrada en el baño, los análisis determinaron su parentesco por maternidad con Isabel Miranda de Wallace y por paternidad con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Sin embargo, Carlos León Miranda aclaró en abril de 2010 que él era el padre biológico de Hugo Alberto Wallace. Entonces, se extrajo su perfil genético y éste también coincidió con la gota de sangre encontrada en el departamento de Perugino, 6.
La acción penal contra los procesados se sustentó en las evidencias del segundo cateo y en confesiones que hicieron presuntamente bajo tortura cinco de los seis imputados.
Tras difundirse el reportaje, Isabel Miranda de Wallace negó en su cuenta de Twitter que sea investigada por la FGR y dijo que por instrucciones del titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, se presentó una denuncia con el fin de amedrentarla.
Les aclaro que NO estoy siendo investigada por la @FGRMexico lo que realmente pasó es que por instrucciones del titular del IFDP presentó denuncia para amedrentarme
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) July 16, 2021
En una entrevista con el diario El Universal, Miranda dijo que la denuncia obedece a que ha denunciado malas prácticas por parte de Sandoval.
“El instituto de la Defensoría presentó una denuncia en mi contra y lo están haciendo como un acto distractor y como una forma de amedrentarme porque yo salí a denunciar que Netzaí Sandoval, hermano de Irma Erendira Sandoval, está llevando a cabo malas prácticas como presionar al juez constantemente para que liberen a Brenda Quevedo (una de las sospechosas del secuestro y homicidio del hijo de Miranda de Wallace) e incluso presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura para presionarlo”, dijo.
“Lo que pretende es callarme y no me voy a callar, voy a seguir denunciando que está haciendo malas prácticas”, enfatizó, al tiempo que explicó que este viernes estaba prevista una audiencia para revisar las medidas cautelares de Brenda Quevedo pero ella presentó un oficio para avisar que su defensora saldrá de vacaciones, por lo que la diligencia ya no se llevará a cabo.
En octubre de 2020, Aristegui Noticias dio a conocer un documento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que recomendó al Estado mexicano la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz.
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El documento forma parte de una carta enviada por este grupo de las Naciones Unidas a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, titular de la unidad contra la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
El Grupo de Trabajo detalló las conclusiones a las que llegó, tras el examen del caso de Brenda Quevedo. Determinó que su detención fue arbitraria y contraria a los derechos humanos, por lo que considera que “el remedio adecuado sería la liberación inmediata de la Sra. Quevedo Cruz y otorgarle el derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional”.
Instó al gobierno mexicano a garantizar una investigación completa e independiente de las circunstancias que rodearon la detención arbitraria de Quevedo, incluidas las denuncias de tortura, así como “a tomar las medidas adecuadas contra los responsables de la violación de sus derechos”.
Brenda, quien actualmente tiene 40 años, fue detenida en 2007 en Estados Unidos y extraditada a México dos años después para ser procesada, sin que hasta el momento haya sido sentenciada.
En estos años ha sufrido torturas y numerosos abusos en varias cárceles por las que ha pasado, desde Santiaguito en Almoloya de Juárez, a las Islas Marías y el penal de Tepic, Nayarit. Desde 2005 se encuentra en un penal de Morelos, en espera de que se resuelva su situación jurídica.
El periodista Ricardo Raphael, dijo en Aristegui en Vivo que el caso Wallace representa una de las mayores fabricaciones de la justicia mexicana, donde más de 60 personas han sido involucradas injustamente, con la complicidad de las autoridades.
Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo, narró a la periodista Carmen Aristegui varias irregularidades en el procesamiento del caso y pidió que el Estado mexicano atienda las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
Cruz confió en que el actual gobierno tome nota de las peticiones del grupo: “Estamos muy contentos de verdad, esperamos que también tomen una buena decisión, puesto que en este documento finalmente se está indicando que se libere a Brenda de inmediato, así como su resarcimiento por todo lo que ha padecido”.
Pidió que se tomen en cuenta las pruebas que contradicen la versión oficial, como la declaración de Carlos León, quien admitió ser el padre de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU y dijo que la Secretaría de Gobernación (Segob) a cargo de Olga Sánchez Cordero se haría cargo de gestionar el tema.
Durante su conferencia matutina aseguró que el gobierno cumple todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de los organismos internacionales, por lo que la Segob, “que ahora es una secretaría para la protección de los derechos humanos” se va encargar del asunto.
“El Estado mexicano tiene que reparar los daños y tiene que cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales. Estamos inscritos en todos los organismos que tienen que ver con la defensa de derechos humanos. Se abrió el país para que estos organismos puedan observar el comportamiento del gobierno de México en esta materia y en todo”, puntualizó.