La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) revocó el no ejercicio de la acción penal que un Ministerio Público había propuesto en el caso de Pío López Obrador, por lo que determinó continuar con la investigación sobre el dinero que le entregó el excoordinador de Protección Civil del gobierno federal, David León Romero, en 2015.
Fuentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) explicaron que la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales de la Fisel notificará al juez de amparo de su determinación en las próximas horas, derivado de que se encontraron nuevos elementos para continuar con la indagatoria por la probable comisión de delitos electorales.
Por lo anterior, la Fisel prepara nuevas diligencias relacionadas con las afirmaciones que hizo el propio Pío López Obrador de que el dinero recibido se utilizó para preparar la estructura electoral de Morena en las elecciones de 2015.
De esta manera, quedaría sin efecto el proyecto de resolución que el agente del Ministerio Público de la Federación, Héctor Sánchez Zaldívar, presentó al titular de la Fisel, José Agustín Ortiz Pinchetti, en el sentido de no ejercer acción penal contra el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando falta de elementos de prueba.
La indagatoria iniciada por denuncias del PAN y el PRD contra Pío López Obrador tiene su origen en los videos difundidos por el medio Latinus en los que se observa al hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo de David León Romero.
Debido a que la FGR no había emitido una determinación sobre la citada carpeta de investigación, la defensa de Pío López Obrador presentó un juicio de amparo, argumentando una violación a su derecho a una justicia pronta.
Así, el pasado 26 de mayo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México le otorgó la protección de la justicia a Pío López Obrador para el efecto de que la Fisel determinará el sentido de la carpeta de investigación: es decir, judicializar las imputaciones, mandar el caso a reserva o emitir el no ejercicio de la acción penal.
Por lo anterior, dio 60 días naturales a la Fisel y al Ministerio Público encargado del caso para emitir un proyecto de resolución, plazo que se vence el próximo 26 de julio.
Con la notificación al juez de la causa de que hay nuevos elementos para continuar la indagatoria, el juez de amparo deberá resolver si da por cumplida la sentencia o si la respuesta de la Fiscalía electoral incumplió con los requisitos que le había impuesto con el fallo judicial emitido el pasado 26 de mayo.
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