La salida de la crisis pandémica está tomando una alta velocidad en España. Las señales de recuperación son visibles desde hace un tiempo, pero están cobrando cada vez más cuerpo mientras, en paralelo, se van disolviendo incertidumbres, asimetrías, vaivenes y riesgos. Ahora, salvo inesperados fuertes reveses de salud pública, se puede dar por sólidamente encarrilada la vuelta a la normalidad. El anuncio de que el próximo jueves el Gobierno finiquitará la obligación de portar mascarilla al aire libre, que ayer formuló el presidente Pedro Sánchez ante el Circulo de Economía de Barcelona, simboliza la nueva fase. Los esfuerzos de los sanitarios, la contención de la mayoría de la población y una atención constante desde las administraciones han culminado en una campaña de vacunación efectiva y un descenso rotundo de contagios, hospitalizados y fallecidos.
Quince meses dramáticos dejan graves secuelas: sociales, generacionales y empresariales. Sin duda se han cometido errores, en distintos niveles de la Administración; sin duda se han tomado a veces caminos menos acertados que las alternativas. La continuación del estado de alarma hubiese ofrecido un mejor armazón jurídico para esta fase de desescalada, pero hay que constatar que de todas formas —pese a cierta inseguridad jurídica— la tendencia sanitaria ha seguido mejorando gracias al buen ritmo cogido por el plan de vacunación. Ello ha producido un cambio en las expectativas sociales hacia un mayor optimismo, requisito indispensable para asentar la recuperación económica.
Líderes empresariales muy significativos han subrayado estos días en el mismo encuentro anual del Cercle su convicción de que este país se está “saliendo del mapa” en cuanto a la superación de las previsiones económicas para este ejercicio. En ello concuerdan el Banco de España y organismos internacionales que, como la Comisión Europea, han revisado al alza sus proyecciones para 2021 y 2022. Pronósticos que multiplicó Sánchez —”España va a superar todas sus previsiones”, se ufanó—, fiando al final de este primer semestre unos mejores datos de crecimiento, empleo y afiliación a la Seguridad Social.
No cabe, sin embargo, ninguna clase de autocomplacencia. Quedan por delante retos formidables. La crisis deja una brutal brecha generacional, social y de género que agrava la heredada de la Gran Recesión; la deuda pública se encarama a niveles inquietantes, que aconsejan la reconducción de las finanzas públicas a medio plazo; nuevos riesgos apuntan en el horizonte, como la incipiente inflación, sobre todo en EE UU.
Frente a esas nubes, la economía española cuenta con una notable capacidad de adaptación y con una poderosa herramienta nueva, el plan de recuperación con fondos europeos recién aprobado por Bruselas. El respaldo de la UE es obviamente la clave esencial de la nueva perspectiva. También el nuevo clima de distensión político-social que se va abriendo paso en Cataluña, aliviado por los anuncios de medidas de gracia, favorece que dicha comunidad pueda recuperar su papel de co-locomotora económica, en beneficio de todos. Sin abandonar la cautela, cabe constatar que el escenario ahora es prometedor. Pero la mera reactivación no será sinónimo de corrección de injusticias y desigualdades o asentamiento de un mejor modelo: y es ahí donde se medirá al final de la legislatura el balance del Ejecutivo.
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