La inhabilitación se dio a conocer por la publicación de tres circulares en el Diario Oficial de la Federación en las que se instruye a los tres niveles de gobierno a no celebrar contratos con estas empresas ni a permitir su participación en licitaciones.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) multó e inhabilitó a la compañía farmacéutica Psicofarma, una de las principales proveedoras del sector salud, así como a la compañía Andromedic, por casi cuatro años. También impuso una sanción de 2 años y medio de inhabilitación para el Consorcio de Suministros y Servicios Caleb.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó las circulares de la Unidad de Control de la dependencia en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en las que se instruye a los tres niveles de gobierno a que se abstengan de celebrar contratos con estas empresas ni admitir su participación en las licitaciones convocadas.
La sanción a Piscofarma consta en el expediente sancionador SAN-006/2020 fechado el 7 de septiembre y comprende la prohibición, durante 45 meses, para presentar propuestas y celebrar contratos con la Administración Pública Federal, los estados, los municipios y sus entres públicos cuando utilicen “total o parcialmente recursos federales, conforme a los convenios que celebraran con el Ejecutivo Federal; así como contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”.
La Secretaría de la Función Pública informó que la multa impuesta a la farmacéutica fue de 2 millones 310 mil pesos y obedeció al incumplimiento de un contrato con el ISSSTE para el suministro de 600 mil cajas de Albendazol, un medicamento utilizado para tratar infecciones causadas por parásitos. De la cantidad pactada Pisocofarma sólo entregó 319 mil 905 unidades.
La circular especifica que esta sanción no comprende a los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados. La empresa tiene actualmente contratos por más de 800 millones de pesos, entre los que se encuentra uno de 776 millones 774 mil pesos por más de 55 millones de unidades y uno de 33 millones 800 mil pesos para el suministro de 13 millones y medio de cajas de Albendazol durante este año.
En el caso de Andromedic, la SFP resolvió el pasado 10 de septiembre el expediente SAN-011/2020 con 45 meses de inhabilitación. Se trata de una comercializadora que provee medicamentos, material de curación y equipos médicos al sector salud.
Para el Consorcio de Suministros y Servicios Caleb la sanción fue de 30 meses y conta en el expediente SAN-005/2020, resuelto por la Función Pública el 4 de septiembre. Esta empresa tiene contratos superiores a los 45 millones de pesos, de acuerdo con la plataforma Compranet.
Las circulares especifican que esta inhabilitación podrá extenderse más allá de los plazos establecidos si las empresas no pagan las multas impuestas.
Contra estas sanciones cabe la interposición de un recurso contencioso en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.