A un día de terminar su mandato y a la espera de una posible prórroga, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sigue presentando resistencia para entregar toda la información que tiene del caso Ayotzinapa, pese a que existe una orden expresa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que cooperen con la investigación.
Los integrantes del GIEI afirmaron que existe una intromisión del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en el trabajo de la unidad especial, violando la autonomía de quien fue su titular, Omar Gómez Trejo, y pasando por encima de los derechos de al menos tres mujeres que estaban llevando el caso con profesionalismo en su calidad de ministerios públicos.
Angela Buitrago explicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y la Visitaduría Interna de la propia FGR, despojaron a la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de varias carpetas de investigación relacionadas con la desaparición de los normalistas y las irregularidades que se habían cometido para construir la “mal llamada verdad histórica”.
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En este marco, consideró que dichas intromisiones de Gertz Manero tenían como propósito impedir la consignación de elementos del Ejército Mexicano vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas o que tenían vínculos con presuntos integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”.
Buitrago agregó que los movimientos al interior de la Fiscalía comenzaron los días 17 y 18 de agosto, con la designación como ministerio público de la UEILCA de una fiscal proveniente de la Visitaduría Interna para poder judicializar con rapidez la carpeta contra el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por su papel en la construcción de la verdad histórica con base a torturas de personas imputadas.
Destacó que al poner al frente de los casos judiciales a gente sin conocimiento del tema, el fiscal Gertz Manero pone en riesgo la posibilidad de que se obtengan sentencias condenatorias en contra de los funcionarios públicos y militares que están implicados en la desaparición de los jóvenes normalistas, debido a que se excluyeron pruebas que podrían ser cruciales para acreditar su participación en estos hechos.
En este sentido, los integrantes del GIEI dijeron que no existe ninguna justificación para que Ministerios Públicos totalmente ajenos a la Fiscalía del Caso Ayotzinapa, se hayan presentado ante un juez federal para desistirse de las órdenes de aprehensión en contra de 20 militares y otros servidores públicos que habían sido imputados por delincuencia organizada derivado de su relación con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, situación que extrañó hasta el propio juez de la causa, quien solamente recordó que la FGR es la que tiene el monopolio de la acción penal en contra de personas señaladas por la comisión de un delito.
Por lo anterior, el GIEI estimó que la renuncia de Omar Gómez Trejo a la Fiscalía del Caso Ayotzinapa y de otras ministerios públicos adscritas a la UEILCA es consecuencia de esta intromisión indebida del fiscal Gertz Manero en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”.
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Los expertos documentaron que el Ejército no ha entregado datos del Centro Regional de Inteligencia Militar ubicado en Iguala, desde el cual monitorearon el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes.
Los militares dicen que esa instalación no existía en 2014, pero ya se encontraron registros que esto es falso y que sí hay información que se ha ocultado.
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