Rudolph Giuliani, exabogado personal de Donald Trump, llega este miércoles a la sede del juzgado en Atlanta (Georgia).JOHN DAVID MERCER/USA TODAY NETW (REUTERS)
Rudolph Giuliani, exabogado de Donald Trump, se ha convertido en la pieza clave de la investigación penal que se desarrolla en Georgia por el intento de pucherazo del republicano en las semanas que siguieron a las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Trump instó a destacados funcionarios de ese Estado a hallar todos los votos necesarios para revertir la victoria de Joe Biden, y en esa misión, según los fiscales, desempeñó un papel protagonista el exalcalde de Nueva York. Por eso Giuliani ha pasado de ser un importante testigo en la causa a convertirse en objeto de la investigación.
Giuliani, de 78 años, que estas últimas semanas se había resistido a comparecer ante el tribunal del condado de Fulton, que instruye el caso, alegando motivos de salud -se le colocaron dos stents a primeros de julio, y pretextó no poder volar-, ha llegado a las 8.30 de la mañana de este miércoles a la sede del juzgado, en Atlanta, para comparecer ante el gran jurado especial que empezó su tarea en mayo. En manos del gran jurado la que puede ser la causa más significativa contra Trump, su intento de corromper unas elecciones.
Según los fiscales, Giuliani viajó a la capital de Georgia en diciembre de 2020 para propagar infundadas acusaciones de fraude electoral en nombre del entonces presidente en funciones. El emisario fue recibido con luz y taquígrafos, como abogado personal del magnate, y utilizó el púlpito del Capitolio estatal para hacer una serie de afirmaciones falsas sobre la escasa fiabilidad de las máquinas de votación y supuestas maletas llenas de papeletas demócratas con las que dos funcionarios dieron el cambiazo para favorecer al demócrata Biden. Giuliani orquestó entonces la gran trama conspirativa secundado por conspicuos trumpistas locales. Este año, el magnate ha intentado vengarse en las primarias del Estado.
Más vergonzante, aunque también sonada por la nube de flases y micrófonos, ha sido su llegada esta mañana a la sede del juzgado. El hecho de que esté siendo investigado formalmente equivale a una posible imputación si las conclusiones del gran jurado así se lo parecen a los fiscales, los únicos con potestad para presentar cargos.
Giuliani llegó al juzgado en compañía de su abogado, Robert Costello, y Vernon Jones, un destacado partidario de Trump en Georgia y vociferante promotor del bulo de que Trump ganó en ese Estado decisivo en 2020. Cuando se le preguntó qué esperaba, Giuliani dijo al enjambre de reporteros concentrados a las puertas del juzgado: “Ellos preguntarán y luego ya veremos”. Sus letrados trataron de impedir su viaje a Atlanta, a cambio de comparecer por videoconferencia, argumentando la colocación de los dos stents. Pero un juez dictaminó la semana pasada que Giuliani podía viajar “en tren, autobús o Uber”. Se ignora cómo ha llegado hoy a Atlanta y cuánto se prolongará su declaración.
La investigación de Georgia está a cargo de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani T. Willis, que ha pedido al FBI un refuerzo de la seguridad en torno al juzgado después de que Trump descalificara a los fiscales llamándoles “gente horrible y viciosa”. La oleada de amenazas a la policía federal ha ido en aumento tras el registro de la residencia de Trump en Florida.
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Su abogado dejó entender este lunes que Giuliani podría acogerse a la cláusula de confidencialidad para no revelar información sobre sus conversaciones con Trump. Además de Giuliani, otros asesores y abogados de Trump han sido convocador por el gran jurado, incluido el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, otro defensor de la teoría del robo electoral por parte de Biden. El mal perder de Trump se sustanció enseguida en el movimiento Stop the Steal (Detén el robo), una manifestación más del colosal enfado trumpista con las instituciones que llevó en volandas a muchos de sus partidarios a asaltar el Congreso, el 6 de enero de 2021. El asalto está siendo investigado por separado por un comité específico del Congreso y por el Departamento de Justicia.
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