Glovo ya ha pagado a la Seguridad Social el dinero que le debía por los falsos autónomos detectados por la Inspección de Trabajo. El 28 de diciembre, a pocos días para acabar 2020, la plataforma digital de reparto ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social 20,8 millones de euros, según apuntan fuentes conocedoras del proceso.
La empresa catalana había tratado de demorar más el pago, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que, partiendo de un caso, dejaba claro que “Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores”. Añaden los jueces en el fallo que la empresa “no se limita a prestar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner en contacto a consumidores (los clientes) y auténticos trabajadores autónomos, sino que realiza una labor de coordinación y organización del servicio productivo”.
La Seguridad Social rechazó la última petición de aplazamiento, formulada en octubre y había comenzado el procedimiento de apremio, es decir, el trámite para cobrar una deuda no pagada en el periodo voluntario para hacerlo.
En la empresa señalan que siguen “defendiendo su modelo en España”, pero, en paralelo también quieren mantener “un diálogo fluido para abordar y aclarar cualquier asunto administrativo”. Añaden, además, que esta cantidad puede variar en función de cómo acaben los procesos judiciales abiertos.
Actas de tres años
Esos casi 21 millones se corresponden a actas levantadas por la Inspección de Trabajo entre 2018, 2019 y 2020. Desde finales de 2017, se han conocido un rosario de expedientes que han concluido con la declaración de que los repartidores de las plataformas digitales de reparto deberían ser trabajadores asalariados y no trabajadores por cuenta propia. Esto se traduce en que las empresas deberían tenerlos dados de alta en el régimen general de cotización y no ser ellos mismos quienes cotizaran como autónomos.
En el caso de Glovo, las actuaciones de la Inspección habrían llevado a dar de alta a más de 11.000 trabajadores solo en 2019 y 2020, según una información del pasado noviembre. La mayoría de estas acciones habrían llegado por denuncias sindicales (UGT, CC OO, SAT, Corriente Sindical d’Izquierda de Uvieu…) en diferentes ciudades de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Granada, Asturias, Baleares, Murcia o Córdoba.
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