WASHINGTON – El Gobierno del presidente Donald Trump demandó el lunes a California, Nueva Jersey y a una localidad del estado de Washington, en un nuevo capítulo de su pulso con las autoridades locales por medidas que protegen a los migrantes indocumentados, llamadas políticas de “santuario”.
El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) demandó al estado de California, su gobernador, Gavin Newson, y su fiscal general Xavier Becerra por una ley que busca eliminar gradualmente el uso de cárceles privadas con fines de lucro, entre ellas centros de detención de migrantes.
Según un comunicado del DOJ, debido a esa legislación los prisioneros que permanecen en centros privados en California tendrán que ser trasladados “a un gran costo”, lo que podría aislarlos de sus familias y causar hacinamiento en los estados vecinos.
Para la Administración Trump, esa ley -que Newson suscribió en octubre pasado- es “ilegal”.
La normativa, conocida como AB 32, impide que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) celebre o renueve un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020 y evita que el estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028.
La ley también prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) contratar, modificar o extender un contrato actual con una prisión privada.
La Administración de Trump también demandó al estado de Nueva Jersey, su gobernador, Philip Murphy, y su fiscal general, Gurbir Grewal, en busca de bloquear una norma que prohíbe a los funcionarios estatales compartir con el ICE información relacionada con el estatus migratorio y las fechas de liberación de personas bajo su custodia.
La mencionada legislación prevé igualmente que se notifique “prontamente a una persona detenida, por escrito y en un idioma que pueda entender”, si el ICE ha solicitado su detención.
Según la queja presentada este día, en múltiples ocasiones los funcionarios de Nueva Jersey no proporcionaron durante el año pasado información sobre la fecha de liberación de extranjeros que habían sido acusados o detenidos por crímenes, explicó en la nota el DOJ, que califica igualmente de “ilegal” esa normativa de Nueva Jersey.
El Gobierno inició de igual forma una demanda contra el condado de King, en el estado de Washington, y el jefe del Ejecutivo local, Dow Constantine, por una orden que ha prohibido que contratistas del ICE usen el aeropuerto de esa población como terminal de salida de los vuelos con deportados o para transportar migrantes detenidos dentro del país.
La decisión, que no incluye los aviones del Gobierno federal, “ha creado dificultades operativas y costes adicionales para el ICE”, argumentó el Departamento de Justicia.
Este lunes se conocieron versiones de prensa según las cuales un juez federal del estado de Maryland prohibió que los migrantes indocumentados de esa zona casados con ciudadanos estadounidense sean arrestados o deportados mientras tramitan su estatus legal en virtud de esa unión.